SAN SALVADOR.- En una sesión extraordinaria celebrada en la madrugada del miércoles, el Congreso de El Salvador aprobó por amplia mayoría una nueva prórroga del estado de emergencia, en un esfuerzo por continuar con la política de mano dura contra las maras o pandillas que ha implementado el gobierno. Esta medida suspende temporalmente ciertos derechos constitucionales y ha sido objeto de debate y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
El Salvador extiende estado de emergencia contra pandillas
La solicitud para extender el estado de emergencia fue presentada por el gabinete de Seguridad del gobierno, argumentando la necesidad de evitar posibles reacciones delictivas por parte de los grupos criminales. Según las autoridades, la desarticulación de estas organizaciones ha llevado a que muchos pandilleros busquen refugio en zonas rurales o incluso salgan del país.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, hizo hincapié en la importancia de no olvidar la situación de violencia que el país enfrentaba antes de la implementación de estas medidas y afirmó que la guerra contra las pandillas aún no ha terminado. "A pesar de que hay un grupo que se opone a todo, seguiremos adelante", declaró Castro.
La aprobación de esta nueva prórroga recibió críticas por parte de defensores de los derechos humanos, quienes han denunciado violaciones y abusos cometidos durante el estado de excepción. Entre las medidas cuestionadas se encuentra la suspensión de la libertad de asociación, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el acceso a un abogado y la ampliación del plazo de detención preventiva.
Según un informe de la organización no gubernamental Cristosal, al menos 153 personas detenidas bajo el estado de excepción han fallecido mientras estaban bajo custodia del Estado. El informe revela que estas muertes fueron resultado de torturas y lesiones graves. Por otro lado, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, aseguró que se han archivado 142 casos de muertes bajo custodia estatal y que se ha comprobado científicamente que las causas de muerte fueron naturales.
Las autoridades sostienen que la política de mano dura ha contribuido a una reducción significativa en los índices de homicidios en el país. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que en 2022 se registraron 495 homicidios, la cifra más baja de las últimas décadas. Sin embargo, este reporte no incluiría a al menos 120 presuntos pandilleros fallecidos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Desde el inicio del estado de excepción, las autoridades afirman haber detenido a más de 68.000 supuestos pandilleros o colaboradores, aunque más de 5.000 personas han quedado en libertad al no poder ser vinculadas con estructuras criminales.
Con la aprobación de esta nueva prórroga, el estado de emergencia estará en vigor desde el 16 de junio hasta el 15 de julio. Se espera que esta medida continúe generando debates y controversias, especialmente de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en febrero de 2024.
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FUENTE: Con información de AP
