Gobierno de Bolivia ordena despliegue militar para frenar nuevos bloqueos en carreteras

La tensión aumentó este miércoles con un bloqueo instalado en la provincia Marbán, en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, después de que el Gobierno lograra el martes suspender una medida similar en Yapacaní mediante una negociación con dirigentes campesinos.

Paz mantiene la línea contra los bloqueos

El Gobierno sostiene que no permitirá los cortes de rutas mientras esté vigente el estado de excepción decretado el 20 de junio por un período de 90 días, después de semanas de protestas y bloqueos protagonizados por sectores campesinos y afines al expresidente Evo Morales.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía busca garantizar el libre tránsito y evitar enfrentamientos.

"No vamos a permitir los bloqueos en ninguna parte del país", advirtió el funcionario, quien señaló además que las autoridades están identificando a quienes promueven estas medidas para que la Justicia determine eventuales responsabilidades.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue incluso más allá y planteó este miércoles la posibilidad de ampliar el estado de excepción si continúan acciones que, según el Ejecutivo, buscan desestabilizar la democracia.

El decreto del diésel genera presión

El Decreto Supremo 5676 establece un precio de referencia de 18 bolivianos por litro para industrias, empresas y otros considerados grandes consumidores. La medida busca retirar la subvención para estos sectores, mientras mantiene el precio de 9,80 bolivianos para el transporte público y consumidores privados con menores niveles de consumo.

El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención sectorial busca evitar que recursos públicos terminen financiando el contrabando y otras actividades ilícitas. Aramayo defendió la decisión y afirmó que mantener el esquema anterior significaba continuar financiando a "mafias que estaban lucrando con el contrabando".

Productores agropecuarios y sectores empresariales, sin embargo, rechazan la medida porque consideran que eleva sus costos y no resuelve la escasez de combustible que afecta al país.

Yapacaní da 48 horas al Gobierno

En Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, alcanzó un acuerdo con los productores para suspender temporalmente el bloqueo y llevar al gabinete su reclamo contra el decreto.

Los dirigentes dieron 48 horas al Ejecutivo para responder a su exigencia de abrogar la norma. Paredes reconoció que el decreto está generando problemas y que no cumplió el objetivo de garantizar el suministro de combustible a los pequeños productores.

El dirigente campesino Juan Cáceres advirtió que, si la norma no es abrogada, las organizaciones se unificarán para definir nuevas medidas de movilización.

Sin embargo, posteriormente el Gobierno nacional descartó la abrogación del decreto, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir ajustes a la medida, según el portal de noticias Visión 360.

Evo Morales vuelve a aparecer en el escenario

La disputa por el combustible también tiene una dimensión política. Sectores afines al expresidente Evo Morales preparan movilizaciones contra el Decreto 5676 y han convocado reuniones para definir nuevas medidas de presión.

Morales mantiene influencia entre organizaciones sindicales del Trópico de Cochabamba, uno de sus principales bastiones políticos. El izquierdista permanece fuera del alcance de la Justicia boliviana y enfrenta órdenes de captura.

El escenario coloca nuevamente al Gobierno de Paz ante el desafío de contener los bloqueos sin ceder ante las presiones para revertir sus medidas económicas.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene el despliegue de las fuerzas de seguridad y sostiene que garantizará el libre tránsito, mientras productores y organizaciones campesinas esperan una respuesta sobre el futuro del decreto que elevó el precio del diésel para los grandes consumidores.

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FUENTE: Con información de EFE, Visión 360/Telesur/ Infoabe