La tormenta perfecta de Cuba aún podría desembocar en otra sucesión autoritaria

Pero una crisis no garantiza la democracia. También puede desembocar en una sucesión autoritaria, en la que las élites preserven el poder mediante ajustes económicos, nuevos rostros públicos o la transferencia de activos estatales a actores vinculados al régimen.

La experiencia poscomunista de los años noventa ofrece una advertencia. Mientras los Estados bálticos consolidaron la democracia, la transición rusa creó una oligarquía estrechamente ligada al poder estatal. En Nicaragua, tras perder las elecciones de 1990, dirigentes sandinistas transfirieron activos públicos a intereses partidistas, preservando una base de poder que facilitó el posterior regreso de Daniel Ortega.

Cuba enfrenta un peligro comparable. Al comentar las 176 medidas económicas anunciadas por el Gobierno, el economista Pavel Vidal advirtió que una apertura económica sin apertura política podría transferir activos estatales rentables a personas bien conectadas y sentar las bases de un nuevo orden autoritario.

Más que anticipar el desenlace de la crisis cubana, este análisis busca identificar las fuerzas y los escenarios que pueden definirla: una transición democrática basada en el pluralismo, los derechos humanos y elecciones libres, o un autoritarismo reconfigurado bajo una nueva élite que conserve el control del poder político y la riqueza nacional.

Impopularidad, resistencia cívica y condiciones para una transición democrática

El régimen cubano atraviesa uno de sus momentos de mayor impopularidad en décadas. Apagones, escasez, inflación, servicios públicos deteriorados y una emigración masiva han erosionado la vida cotidiana y las expectativas de futuro.

Sin embargo, quienes resisten no reclaman solo alivio económico. Artistas, estudiantes, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y activistas cívicos exigen libertades fundamentales, el fin de la persecución política, la liberación de los presos políticos y elecciones libres y pluralistas. La crisis cubana no es solo económica: es también política.

Esta aspiración también se refleja en la opinión pública. Una encuesta reciente, realizada a más de 42.000 cubanos dentro y fuera de la isla, reveló que más del 94% rechaza el sistema actual y que más del 80% respalda un modelo democrático para Cuba.

Como sostiene Michael McFaul, el desenlace de una transición depende en gran medida de las ideas que orientan a los actores dominantes: de si conciben la democracia como un marco de reglas que deben respetarse o si buscan preservar el poder autoritario. En Cuba, muchos líderes prodemocráticos han sido encarcelados, exiliados o reprimidos, pero las protestas continuas en las calles muestran que el liderazgo democrático sigue surgiendo en barrios, universidades y comunidades religiosas.

En el plano externo, La Habana ha perdido los patrocinadores que sostuvieron al régimen durante décadas: primero la Unión Soviética y, después, Venezuela, mediante petróleo subsidiado y apoyo financiero. Hoy enfrenta su crisis económica más profunda en décadas sin un respaldo comparable.

Washington ha intensificado la presión mediante sanciones, un mayor escrutinio de la inversión extranjera y las transacciones financieras, y medidas diplomáticas que restringen aún más la economía cubana. En los últimos meses, inversionistas de sectores clave, como el turismo y la minería, han anunciado el cese o la reducción de operaciones, profundizando la incertidumbre.

Además, la operación militar encabezada por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026, que condujo a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, privó a La Habana de un aliado que la había sostenido con petróleo y otros recursos, aislando aún más al régimen. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.

Los cubanoamericanos y otros defensores de la democracia cuentan con recursos políticos e institucionales que pueden respaldar una transición democrática en Cuba. Su incidencia fue decisiva para aprobar la Ley Libertad, conocida como Helms-Burton, que dio fundamento legal a principios democráticos y distinguió la política estadounidense hacia Cuba de la aplicada a otros regímenes autoritarios.

Al ser una ley federal, sus disposiciones esenciales no pueden modificarse ni derogarse por decisión presidencial. La Helms-Burton establece condiciones democráticas para normalizar plenamente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, entre ellas la liberación de los presos políticos, el respeto de las libertades fundamentales y elecciones libres, justas y multipartidistas. Con ello, limita la posibilidad de que reformas económicas superficiales o nuevos rostros en el poder sean presentados como una transición democrática.

Los defensores de la democracia cubana en el exilio también han articulado una visión propia de transición. El Acuerdo de Liberación no es un pacto con el régimen, sino una hoja de ruta que exige la liberación incondicional de los presos políticos, el desmantelamiento del monopolio del Partido Comunista y de las instituciones represivas, y elecciones libres, justas y multipartidistas. Su objetivo es definir las transformaciones institucionales necesarias para que Cuba pueda iniciar una transición democrática real.

Pero los obstáculos siguen siendo considerables.

El principal es la cohesión del aparato coercitivo: las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior han permanecido leales pese al colapso económico, el descontento generalizado y las protestas repetidas. La movilización masiva puede ser decisiva cuando sectores relevantes de las fuerzas de seguridad se niegan a reprimir o surgen divisiones dentro de la élite gobernante. Cuba aún no ha experimentado una ruptura de ese tipo.

El régimen ha dedicado décadas a impedir esa ruptura mediante vigilancia, infiltración, hostigamiento, encarcelamiento, exilio y la aniquilación de organizaciones opositoras independientes. También ha purgado a funcionarios civiles, oficiales militares y cuadros del Partido Comunista considerados desleales o potencialmente autónomos. GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares, proporciona a la élite gobernante acceso a recursos por miles de millones de dólares en cuentas offshore, con los que preserva lealtades, administra la escasez y financia la represión. Incluso un gobierno impopular puede sobrevivir si conserva el control de la coerción, los sectores estratégicos de la economía y las instituciones que distribuyen privilegios.

Esto es crucial porque, como muestran los estudios sobre las transiciones poscomunistas, el desenlace democrático o autoritario depende de quién concentra mayor poder político durante la transición y de qué actor logra imponer el orden institucional que prefiere. Ese poder se mide tanto por la capacidad organizativa y de movilización social de los defensores de la democracia como por el control estatal, el acceso a recursos y la capacidad coercitiva del régimen.

Una advertencia sobre la gestión del régimen en Venezuela

Cuba no es Venezuela. La estructura de poder venezolana es más fragmentada, mientras que el sistema cubano permanece centralizado en torno a Raúl Castro, su círculo más cercano y las instituciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Partido Comunista. No existe en Cuba una figura equivalente a Delcy Rodríguez.

Sin embargo, Venezuela ofrece una lección importante para los defensores de la democracia cubana. Estados Unidos puede ejercer una presión considerable sobre regímenes autoritarios y ha desempeñado un papel central en la defensa de principios democráticos en el hemisferio. Al mismo tiempo, Washington debe conciliar esos objetivos con la estabilidad regional, la migración, la cooperación en seguridad y la recuperación económica. Cuando estas prioridades inmediatas prevalecen sobre las garantías democráticas, pueden dificultar el paso de una crisis autoritaria a una transición democrática plena.

Venezuela cuenta con una oposición nacional encabezada por María Corina Machado, que documentó mediante actas oficiales la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Las realidades de la oposición venezolana y de los actores prodemocráticos cubanos son distintas, marcadas por contextos institucionales y represivos propios. Sin embargo, la relación de Washington con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, pese a la ausencia de garantías democráticas y a la persistencia de presos políticos, ilustra la dificultad de conciliar los desafíos inmediatos de gobernabilidad con el imperativo de la restauración democrática.

Cuba difiere en un aspecto importante: la Ley Helms-Burton establece condiciones legales para la normalización plena de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, entre ellas la liberación de los presos políticos, el respeto de las libertades fundamentales y elecciones libres, justas y multipartidistas. Estas disposiciones ofrecen a los defensores de la democracia cubana un marco legal y político relevante. La lección venezolana, por tanto, no es que el respaldo estadounidense esté ausente, sino que se requiere una voluntad política sostenida para que la estabilización y la reconstrucción vayan acompañadas de una transición democrática genuina.

Conclusión

La experiencia venezolana subraya una lección central para Cuba: ni el colapso económico, ni el descontento popular, ni la presión externa producen automáticamente democracia. La estrategia más probable del régimen será ganar tiempo, preservar el sistema y rechazar reformas sustantivas, confiando en que la presión externa se debilite. Ese cálculo depende de la lealtad del aparato coercitivo. Sin embargo, cuando la movilización popular sostenida coincide con fracturas en las fuerzas armadas, los servicios de seguridad o la élite gobernante, el equilibrio político puede cambiar rápidamente.

Cuba podría acercarse a un momento de esa naturaleza. Pero, sin una mayor capacidad de las fuerzas democráticas para incidir en los acontecimientos, la crisis aún podría desembocar en otra sucesión autoritaria, respaldada por una nueva clase de oligarcas enriquecidos y vinculados al régimen. La actual ventana de oportunidad es históricamente inusual. Si se cierra sin un cambio político significativo, Cuba podría enfrentar un régimen más adaptable, un entorno internacional menos favorable y un camino aún más difícil hacia la democracia.

Michael Lima Cuadra es investigador y director de Democratic Spaces, una organización no gubernamental dedicada a fomentar la solidaridad en Canadá con los defensores de derechos humanos y la sociedad civil cubana. Posee una maestría en Historia de América Latina por la Universidad de Toronto.

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