Lo que el DSA pide para Cuba, y lo que omite

La frase es breve y podría pasar inadvertida dentro de un extenso documento programático. Sin embargo, resume una posición que el DSA ha sostenido durante años.

En agosto, con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro, dicha organización publicó una declaración en la que lo describió como "un organizador, un luchador" y "un símbolo perdurable de la lucha antiimperialista y la autodeterminación para el Sur Global".

El problema no está necesariamente en lo que el DSA dice sobre Fidel Castro, sino en lo que decide omitir. Recordarlo como organizador y símbolo antiimperialista resulta coherente con su tradición ideológica. Más revelador, sin embargo, es lo que queda fuera del relato: no hay referencia al partido único, a la supresión de elecciones competitivas, a la persecución y encarcelamiento de opositores, a los fusilamientos sumarios, al exilio de millones de cubanos, a la censura ni a las restricciones impuestas durante décadas sobre las libertades de expresión, asociación y movimiento.

La cuestión, por tanto, no es si el DSA tiene derecho a admirar a Castro. Naturalmente que lo tiene. La pregunta es qué concepto de democracia permite celebrar su legado sin confrontar esas dimensiones del régimen que construyó.

En otro pronunciamiento reciente, el DSA acusó a la administración del presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de intentar "reprimir y silenciar" al movimiento que busca terminar con lo que denomina "el bloqueo genocida" de Estados Unidos contra Cuba. Ese lenguaje no es un episodio aislado, sino parte de una política sostenida: el DSA tiene un Comité Internacional activo en la isla desde hace años y, en 2019, buscó la membresía plena en la National Network on Cuba, coalición que promueve el levantamiento del embargo.

La cuestión se complica cuando esa solidaridad trasciende la oposición a las sanciones y alcanza la valoración del propio sistema político cubano.

En una entrevista reciente con The Moment, programa conducido por Jorge Ramos y Paola Ramos, los copresidentes nacionales del DSA, Ashik Siddique y Megan Romer, fueron interrogados directamente sobre si consideraban a Cuba, Venezuela y Nicaragua dictaduras. Ninguno aceptó calificarlas de esa manera, pese a que Jorge Ramos insistió varias veces. Ante la pregunta específica sobre Cuba, Siddique respondió que "es difícil para nosotros juzgar a otros países por ser dictaduras cuando tenemos a Donald Trump como presidente". Romer, por su parte, sostuvo que los cubanos "tienen acceso a su democracia de una manera que nosotros no".

Las dos respuestas son distintas, pero apuntan al mismo reflejo: la pregunta sobre Cuba termina respondida con una referencia a Estados Unidos. La democracia cubana no se defiende en sus propios términos; se defiende por comparación con los defectos de la democracia estadounidense.

Para quienes hemos vivido en la isla, cuesta trabajo escuchar esas afirmaciones sin una mezcla de hartazgo e indignación.

También nos resulta familiar la explicación que suele acompañar esa visión: el deterioro económico cubano se atribuye a un enemigo externo, y el embargo económico, lo que ellos llaman “bloqueo”, termina siendo la gran explicación de seis décadas de escasez y crisis recurrentes. Las sanciones han tenido consecuencias indudables, pero cuando se convierten en la explicación predominante, las decisiones del propio gobierno cubano desaparecen del análisis.

Recuerdo bien los apagones, aunque no fueran todavía como los de hoy. Viví mi infancia y adolescencia en la Cuba socialista durante los años sesenta y setenta, y los cortes de electricidad eran frecuentes y prolongados incluso entonces, cuando la isla recibía un subsidio económico extraordinario de la Unión Soviética. Las estimaciones sitúan la asistencia soviética acumulada a Cuba en decenas de miles de millones de dólares entre 1960 y 1990, sobre unos $400,000 millones de hoy, o sea, en inglés, y para que no haya duda, over $400 billion, yes, with a “b”.

Más de un Plan Marshall dedicado a convertir a un país con recursos, capital humano y potencial genuino en una suerte de Berlín de mayo de 1945, siete décadas después. ¿Adónde fueron esos miles de millones?

Pese a todos esos subsidios, la economía nunca desarrolló una capacidad productiva suficiente para sostenerse por sí misma. Cuando desapareció la Unión Soviética, quedó expuesta la fragilidad de un modelo que durante décadas había dependido de transferencias externas.

Mientras buena parte de la isla padecía prolongados apagones, La Habana acogió este mes la IV Asamblea Continental de ALBA Movimientos, con 188 delegados de 27 países, bajo el lema “Por el socialismo, 100 años caminando con Fidel”. Es difícil imaginar que los asistentes al encuentro hayan sufrido los mismos cortes eléctricos que afectan diariamente a millones de cubanos. Todo parece haberse desarrollado, convenientemente, durante un estratégico y fríamente calculado “alumbrón”. El contraste habla por sí solo.

Quizás la omisión más significativa de Workers Deserve More se encuentre precisamente aquí. Mientras el programa exige poner fin a las sanciones contra el régimen cubano, no formula exigencia alguna al mismo sobre lo que realmente tiene que hacer. Washington debe modificar su conducta; La Habana queda fuera de cualquier obligación equivalente.

Esa asimetría merece atención en una organización construida alrededor de los derechos y el poder de los trabajadores. Los cubanos no pueden organizar sindicatos independientes al margen de la Central de Trabajadores de Cuba, órgano manejado por el sistema político, ni cuentan con un marco sindical pluralista para escoger entre organizaciones o desafiar al gobierno.

Aquí surgen preguntas difíciles de evitar.

¿Merecen los trabajadores cubanos escoger quién los representa? ¿Merecen negociar libremente? ¿Merecen protestar contra sus condiciones laborales sin que esa protesta se convierta en un problema político? ¿Merecen asociarse al margen del Estado? ¿Merecen decidir quién los gobierna?

Se puede considerar que las sanciones son ineficaces, contraproducentes o equivocadas y, al mismo tiempo, reconocer el carácter autoritario del sistema cubano. Ese espacio intermedio es precisamente el que resulta difícil encontrar el discurso del DSA sobre Cuba.

Cuando yo era niño en La Habana, buena parte de nuestras dificultades encontraba siempre una explicación exterior: "el imperialismo yanqui". Décadas después, el vocabulario es diferente, pero algunas explicaciones conservan una familiaridad notable: las sanciones se convierten con frecuencia en el marco dominante para interpretar los problemas de la economía cubana, mientras las características estructurales del modelo reciben mucha menos atención.

El DSA puede defender el levantamiento del embargo. Puede sostener que la política estadounidense hacia Cuba ha fracasado y que más de seis décadas de sanciones no han producido una transición democrática. Más difícil resulta explicar por qué su preocupación por la democracia, las libertades y los derechos de los trabajadores parece perder intensidad precisamente cuando comienza la responsabilidad del gobierno cubano.

Además, existe una contradicción aún más profunda: el DSA reivindica la "autodeterminación" de Cuba frente a Estados Unidos, pero se abstiene de formular el derecho de los propios cubanos a ejercer esa autodeterminación frente a quienes los gobiernan.

Workers Deserve More parte de una idea sencilla: los trabajadores merecen más poder, más derechos y mejores condiciones de vida.

¿Merecen más, también, los trabajadores cubanos?

Frank Zimmerman es asesor estratégico y productor ejecutivo de Contracorriente en el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University.

Consultor y comentarista político, es autor de 12 mitos sobre Cuba y de numerosos artículos sobre libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.

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