@tulio_r

MIAMI.- Cuando el pasado 21 de julio 33 magistrados fueron juramentados por la Asamblea Nacional venezolana, estos hombres de leyes y académicos sabían que asumían un duro reto pero no se imaginaban que serían tratados como peligrosos delincuentes por el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy, con tres de los magistrados detenidos, uno de ellos en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), otros en la clandestinidad, solicitando asilo en las embajadas de Chile y Panamá y otros tantos fuera del país, huyendo de la represión, estos juristas han podido constatar en su propia carne el estado de la justicia venezolana.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el doctor Ramsis Ghazzaoui, magistrado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, revela desde Miami que cinco magistrados más: Antonio Marval, Domingo Salgado, Miguel Angel Martín, Alejandro Rebolledo y Tomás Alzuru se encuentran en Estados Unidos, luego de una odisea de 10 días en la que tuvieron que resguardarse y abandonar el país de manera clandestina.

Pese a lo que han tenido que sortear y a la imposición de una Asamblea Constituyente en Venezuela, Ghazzaoui es optimista y espera regresar pronto al país para ejercer el cargo para el que ha sido designado.

¿Considera que fue un acierto haber aceptado la postulación y la designación de la Asamblea Nacional?

Sin dudas, yo creo que sí. A pesar de lo conflictivo que podría ser esto, nuestra responsabilidad y nuestra hoja de vida indica que tenemos todas las credenciales para llevar adelante la reestructuración del poder judicial y el rescate del Estado de derecho y de justicia venezolana. La decisión de la Asamblea Nacional ha sido acertada, hizo lo correcto al designar no a un tribunal paralelo como han querido hacer ver, sino nombrar a 33 magistrados de manera constitucional.

¿Se cumplieron los procedimientos legales para la designación de los magistrados hoy perseguidos?

En nuestro caso sí, fíjate que en la designación de los magistrados llamados exprés en 2015, se hizo un proceso de apenas 10 días. En nuestro caso el proceso de selección duró al menos mes y medio, hubo un llamado para participar con 159 postulados, luego una preselección de 99 y al final quedamos 33. Se respetó el término de 15 días para las impugnaciones, todos los tiempos de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia y en general se respetó todo el proceso que fue lo que no se hizo en 2015.

¿Se esperaban esta reacción del Gobierno, pidiendo el encarcelamiento de todos los magistrados?

Lo que no nos esperábamos era que iba a haber una persecución como si fuéramos unos delincuentes de la peor calaña, porque no hemos cometido ningún delito. Nosotros lo que hemos hecho es presentar nuestras hojas de vida como abogados litigantes, académicos, profesores universitarios, personas con una trayectoria destacada desde el punto de vista ético y profesional. Ese ha sido nuestro único delito; en ningún caso hemos cometido traición a la patria o hemos usurpado funciones. Los usurpadores son los que están en la sede del Tribunal allá en Caracas, nosotros somos los magistrados legítimamente electos por la Asamblea Nacional, que es el órgano competente, representativo democrático para designarnos. Así de sencillo.

¿Qué se plantean ahora que son perseguidos para darle sentido a esa designación realizada por el Parlamento y que no quede como algo simbólico?

El reto de nosotros está, en primer término, impartir justicia de la manera más imparcial e independiente posible, cuando tengamos la oportunidad, Dios quiera sea pronto. Cambiar el paradigma de una justicia parcializada y dependiente del Poder Ejecutivo y asumir el rescate de los valores y preceptos democráticos y de justicia en Venezuela, y en eso ya estamos trabajando. Hemos tenido reuniones entre los magistrados en medio de las dificultades, hemos tenido contactos con organismos internacionales, estamos aquí para hacer una agenda de trabajo. Y el norte es el rescate de la institucionalidad venezolana y la institucionalidad del poder judicial.

¿Y en ese rescate de la institucionalidad no teme que sean vistos como los magistrados de la oposición?

No, para nada. Como te he dicho, nosotros hemos sido designados por el cuerpo encargado, por las dos terceras partes y más de la Asamblea Nacional, no somos magistrados de la oposición, somos magistrados de los factores democráticos de Venezuela, del pueblo venezolano, designado por el órgano representativo del pueblo venezolano, y somos unos magistrados que vamos a impartir justicia de manera independiente e imparcial a todos los factores, de derecha, izquierda, azules, rojos.

¿Pero creen que puedan regresar a Venezuela y ejercer como magistrados?

Yo estoy convencido de que sí, y va a ser más temprano que tarde. Yo creo que algo que nació mal (Asamblea Constituyente), va a continuar mal y va a morir rápido, incluso con la instalación este viernes de la fraudulenta ANC. No fue consultada al pueblo, tiene vicios de inconstitucionalidad y de fraude, además con la denuncia de Smartmatic (compañía que provee las máquinas de votación). Creo que el régimen tiene sus días contados y nosotros más temprano que tarde vamos a estar en Caracas asumiendo nuestra responsabilidad.

Usted dice que se han reunido y que están trabajando, estando fuera de Venezuela, ¿cree que pueden ejercer acciones en instancias internacionales?

Nosotros tenemos dentro de esta gira de contactos y de reconocimiento con organismos y organizaciones internacionales, así como con organizaciones de Derechos Humanos, nosotros tenemos una posición de que pese a que no hemos asumido materialmente el cargo en la sede del TSJ en Caracas, la gente no lo sabe, pero estamos trabajando muchísimo en medidas que tienen que ver más que todo con el restablecimiento de la institucionalidad. Pero esas son medidas que tienen que ser consensuadas y como estamos perseguidos pero estamos trabajando en medidas que anunciaremos.

¿Sobre la Fiscal general, cómo evalúa su posición; cree que sus días en el cargo están contados?

Nosotros creíamos que la fiscal iba a ser apresada pero pienso que la situación actual del régimen no es cómoda como para asumir una conducta aún más represiva. A título personal yo siempre he dicho que la fiscal asumió una posición institucional, que ha debido asumir hace mucho tiempo, pero bienvenida su actitud y que la continúe. Ojalá tenga la iniciativa de tomar más acciones.

Ha hablado de contactos con organizaciones internaciones, ¿cuál cree que es el papel y el peso de la comunidad internacional en ese trabajo de reinstitucionalizar el país?

Yo considero que además de la presión interna de la resistencia y de los factores democráticos y las fuerzas vivas del país que están actuando en favor de la libertad y la democracia, los factores externos también influyen mucho. Fíjate que países como Argentina, los países del Mercosur han prácticamente confirmado la salida de Venezuela; la actitud de organismos como la OEA, el Parlamento Europeo, esta presión es muy grande y forma parte del cúmulo de cosas que más temprano que tarde harán tiene que terminar. El gran elemento, la gran piedra de peso para ellos es esa Asamblea Nacional Constituyente y ese peso yo creo que no lo van a poder manejar. Y menos si el 80% del país está en contra de eso.

¿Desde el punto de vista académico y de las leyes, cómo cataloga al Gobierno de Nicolás Maduro, qué tipo de régimen es?

En estos días dije que el presidente Nicolás Maduro va a terminar bajo las rejas por sus acciones. Venezuela vive, desde la sentencia de marzo de la Sala Constitucional, que según la fiscal rompió el hilo constitucional, una verdadera dictadura. Ya se quitaron la careta, podemos ver que todo el poder judicial, especialmente la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo son genuflexos al régimen, al Ejecutivo. El poder electoral, todos los poderes están secuestrados. Es la instauración definitiva, formalmente, de un régimen dictatorial que lo vemos ahora confirmado con el fraude mayúsculo de la Constituyente que se ha instalado.

ÁNGEL ZERPA, UN MAGISTRADO PRESO EN EL HELICOIDE

“El magistrado Ángel Zerpa, un hombre con una trayectoria académica intachable, fue blanco de la primera agresión pienso que por su vinculación con la fiscal Luisa Ortega Díaz como defensor de ella. Quizás por eso fue como una especie de trofeo para el régimen".

“Con todos hemos tenido contacto menos con Zerpa, lo último que supimos es que está en el Helicoide, sede del Sebin en una situación bastante precaria, hecho que es muy lamentable porque se trata de una persona que no ha cometido ningún delito y que por el contrario es de una conducta intachable en su transitar académico y profesional”.

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