México: migrantes sobrevivientes de incendio en limbo legal

Estos sobrevivientes, quienes lamentablemente perdieron a 40 compañeros en el trágico suceso, se encuentran varados en un hotel en Ciudad de México. Su día a día transcurre entre la habitación y el comedor, sometidos a revisión médica casi a diario y manteniendo contacto frecuente con sus familias. Sin embargo, sus lesiones les impiden trabajar, y algunos incluso están endeudados con traficantes a quienes confiaron el pago tras su llegada a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

El Instituto Nacional de Migración (INM) se ha hecho cargo de los gastos médicos y la estancia de los afectados en el hotel, como parte de la asistencia prometida por el gobierno ante la magnitud de la tragedia. Sin embargo, esta situación genera un conflicto de intereses, ya que el jefe de Migración y varios funcionarios están siendo procesados penalmente por el incendio, siendo acusados en su mayoría de homicidio.

Los sobrevivientes se sienten atrapados debido a esta situación, aunque técnicamente tienen la posibilidad de moverse libremente. "Podemos movernos, pero no es una vida normal", expresó uno de ellos, que solicitó mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.

A pesar de que México les ha otorgado visas humanitarias, encontrar trabajo en su estado de salud actual es un desafío, y su situación financiera les impide regresar a sus países de origen o seguir adelante con sus planes de llegar a Estados Unidos. La lenta burocracia para solicitar asilo en ese país ha hecho que vean cada vez más lejana la posibilidad de un futuro mejor.

El incendio ocurrió en un dormitorio abarrotado de hombres, sin ventilación adecuada ni suficiente agua, y fue provocado por un pequeño grupo de migrantes en señal de protesta. Trágicamente, los guardias no respondieron a los gritos de auxilio y las consecuencias fueron devastadoras.

El proceso judicial en torno a este caso continúa, con siete funcionarios del INM y un guardia de seguridad privada en prisión, todos acusados de homicidio, mientras que el titular de la agencia migratoria y otro directivo enfrentan acusaciones de ejercicio ilícito de su deber y falta de protección hacia las personas bajo su custodia.

Las organizaciones civiles han exigido cambios urgentes en la política migratoria de México para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Algunas instalaciones migratorias han cerrado y se han propuesto reformas legales después del incendio.

Los supervivientes, aunque agradecidos por la asistencia recibida, se sienten en una situación incómoda, ya que la misma institución vinculada con el hecho delictivo es la que está a cargo de su atención. Las ONG y abogados que los representan buscan soluciones para mejorar su situación, mientras luchan por encontrar justicia y una forma de seguir adelante con sus vidas.

Uno de los afectados, un joven guatemalteco, expresó su deseo de obtener una prótesis para su mano amputada en el incendio y reunirse con su familia, a la que dejó atrás en busca de una vida mejor. Esta tragedia ha dejado marcas imborrables en la vida de estas personas, quienes esperan que se realicen cambios significativos para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes en el futuro.

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FUENTE: Con información de AP