Presentan ante la CorteIDH caso contra Maduro por "masacre de El Junquito"

En su demanda, introducida el 11 de octubre pasado, la CIDH incluyó la "situación de impunidad" respecto a esos hechos, reseñó una nota de prensa.

Pérez, quien era agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue considerado crítico al régimen luego que emitiera declaraciones en contra de Nicolás Maduro. Además, Pérez era cofundador del Movimiento Equilibrio Nacional, un movimiento de resistencia al régimen.

La masacre

A mediados de diciembre de 2017, el Movimiento Equilibrio Nacional ingresó a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en San Pedro de Los Altos, una localidad en las afueras de Caracas, de donde se llevaron varios fusiles y pistolas. Luego, Oscar Pérez publicó un video de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter (ahora X), en el que manifestó que había realizado “la Operación Génesis”. El mismo día, Maduro ordenó el uso de la fuerza contra el grupo a que describió como terrorista.

El 15 de enero de 2018, unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad atacaron una residencia donde se encontraban Óscar Pérez y otras seis personas, en la urbanización El Junquito, en el oeste de Caracas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.

Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con "tiros de gracia". Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.

Conclusiones de la CIDH

En el informe de fondo, la CIDH concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la "ejecución extrajudicial" de siete personas que ya habían sido neutralizadas.

La CIDH señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal.

En cuanto a las garantías judiciales, la CIDH observó la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.

Asimismo, la CIDH destacó la impunidad persistente y la violación de derechos de las familias ante la imposibilidad de realizar entierros y velatorios de acuerdo con sus creencias para despedir a sus seres queridos, lo cual constituyó una afectación a su integridad psíquica y moral, y una violación a los derechos a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión.

La CIDH concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión, y protección judicial, incluidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En consecuencia, la CIDH recomendó al Estado venezolano: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial; realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a las personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

De igual manera, recomendó: disponer mecanismos de no repetición que incluyan la capacitación de agentes policiales y militares en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal; y establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de tales cuerpos de seguridad.

En septiembre de 2013, Venezuela se retiró de la CorteIDH, con lo que abandonó formalmente el sistema interamericano de derechos humanos.

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FUENTE: Nota de Prensa / Comisión Interamericana de Derechos Humanos