Sanciones de EEUU apuntan a Nicaragua

MIAMI.- El congelamiento de cuentas bancarias y bienes, así como la imposibilidad de realizar transacciones comerciales y financieras con ciudadanos estadounidenses constituyen las principales implicaciones que afrontan un total de 13 individuos que acaban de ser sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, cuyo fin es sancionar a personas o entidades involucradas en actos de corrupción, o abusos de derechos humanos.

Entre los sancionados figura el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas.

Seis congresistas y cuatro senadores solicitaron el primero de diciembre la inclusión de Rivas entre los sancionados.

Las sanciones además incluyen la revocación de visas o la prohibición de ingreso a Estados Unidos. De los 13 sancionados, tres son latinoamericanos. Rivas es el segundo de la lista de 13 implicados.

"Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua que actúa "por encima de la ley", las investigaciones sobre sus (actos de) corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua", dice la comunicación publicada por el Departamento del Tesoro.

Antonio Juárez Ramírez, congresista guatemalteco, es de los latinoamericanos mencionados en última ronda de sancionados de la Ley Magnitsky. Juárez Ramírez está “acusado de ordenar un ataque en el que dos periodistas fueron asesinados y otro herido. Los fiscales guatemaltecos y una comisión auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que investiga la corrupción en Guatemala alegan que Juárez contrató sicarios para matar al corresponsal de Prensa Libre, Danilo Efraín Zapan López, cuyo informe había dañado el plan de Juárez de postularse para la reelección. También el periodista Federico Benjamín Salazar de Radio Nuevo Mundo, murió en el ataque y es considerado una víctima colateral. Otro periodista resultó herido en el ataque”, revela la disposición del Departamento del Tesoro.

Igualmente está incluido Ángel Rondón Rijo, hombre de negocios y cabildero, políticamente conectado en la República Dominicana que canalizó dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecht, a funcionarios dominicanos, quienes a su vez otorgaron proyectos a Odebrecht para construir carreteras, represas y otras obras. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht es un conglomerado de construcción global con sede en Brasil que se ha declarado culpable de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y aceptó una multa penal de $ 4. 500 millones. En 2017, Rondon fue arrestado por las autoridades dominicanas y acusado de corrupción por los sobornos

La comunicación del Departamento del Tesoro, explica que, como resultado de las sanciones anunciadas, todos los activos de los incluidos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos (personas o entidades) están bloqueados, y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los implicados.

"Hoy, Estados Unidos está tomando una posición firme contra el abuso de los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo al excluir a estos actores malos del sistema financiero de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro está congelando sus activos y denunciando públicamente los atroces actos que han cometido, enviando un mensaje de que hay un alto precio para pagar sus fechorías ", declaró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

En el caso de Rivas, protegido del cardenal Miguel Obando y Bravo, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito al amparo de los fondos del estado, y de fraguar cinco fraudes electorales a favor del régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que mantiene control sobre las instituciones del estado y las fuerzas armadas en Nicaragua.

En la lista de la OFAC

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también

publicó la designación.

Los nuevos designados de la Magnitsky Act pasan a integrar la lista de la OFAC, conocida como la “lista negra”, que tiene como labor administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes e individuos involucrados en la proliferación de armas de destrucción masiva.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen, se pronunció sobre la inclusión de Rivas en la lista de sancionados, elogiando la designación del Departamento del Tesoro.

Ros-Lehtinen fue uno de los diez legisladores que enviaron una carta al presidente Donald Trump, solicitando investigar a Roberto Rivas y a Francisco López, e incluirlo en la lista de sanciones de la Ley Magnitsky Act, por actos de corrupción y violación a los derechos humanos.

López, representante de Albanisa, la subsidiaria en Nicaragua de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), sancionada por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, no fue incluida en esta ronda.

"Me alienta que la administración esté tomando medidas decisivas en apoyo al pueblo de Nicaragua, pero este debe ser el primer paso en lugar del último. Espero que, en la próxima ronda de sanciones, la administración designe a (Francisco) López, (vicepresidente de Albanisa) por su papel en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua y por sus violaciones de los derechos del pueblo nicaragüense.

"Global Magnitsky es solo una herramienta que la administración puede usar para reducir los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua y hacer que el régimen de Ortega rinda cuentas”, dijo la legisladora.

El secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson dijo que esa agencia se compromete con “proteger y promover los derechos humanos y combatir la corrupción con todas las herramientas a nuestra disposición. Las medidas de hoy aumentan nuestros valores y promueven la seguridad de Estados Unidos, nuestros aliados y nuestros colaboradores. Debemos predicar con el ejemplo, y el anuncio de las sanciones de hoy demuestra que Estados Unidos continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos y se involucran en corrupción”.

La congresista Ros-Lehtinen hizo alusión al proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, Nica Act, aprobada en octubre pasado por la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra en el Senado, a la espera de ser discutida.

“La Cámara aprobó otra medida, un proyecto de ley que yo redacté, la Ley NICA ACT, que proporcionaría una herramienta más para que la administración cumpla con estos objetivos. Insto a mis colegas en el Senado a que tomen esta medida y la envíen al escritorio del presidente para que podamos enviar un poderoso mensaje a Ortega y sus compinches de que no se permitirá que estos abusos continúen sin consecuencias ", dijo Ros-Lehtinen

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