Arizona: Esperan que "lluevan" solicitudes de licencias de conducir para indocumentados

Las autoridades de Arizona esperaban que muchos inmigrantes jóvenes protegidos de las deportaciones por las nuevas políticas del gobierno de Barack Obama comiencen a solicitar licencias de conducir el lunes, una garantía que el gobernador les negó pero

que los tribunales les concedieron.

El Departamento de Transportación de Arizona dijo esperar una elevada asistencia de solicitantes en las semanas venideras en todas las oficinas de su División de Vehículos Automotores del estado.

Un juez anuló la medida ordenada por la gobernadora Jan Brewer de negar la licencia a unos 20.000 inmigrantes que viven en el país sin autorización. El gobernador pidió a la Corte Suprema que revise su apelación.

Este lunes será el primer día en que los inmigrantes jóvenes, conocidos como "dreamers", podrán solicitar las licencias. Sostienen que las medidas de la gobernadora les dificultan o imposibilitan realizar trámites esenciales para su vida diaria como acudir a la

escuela, trabajar o ir a una tienda.

La negación venía desde 2012

La decisión de negar las licencias a inmigrantes fue una reacción a los pasos tomados por el gobierno de Obama en 2012 para evitar que miles de inmigrantes fueran deportados.

La política del presidente se aplica a los menores de 30 años que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, que han estado en el país al menos cinco años en forma consecutiva, que estudian la preparatoria o se graduaron de este nivel o en

programa equivalente, o que han participado en las fuerzas armadas.

En agosto de 2012 Brewer emitió una orden ejecutiva en la que pedía a las agencias estatales negar las licencias y otros beneficios a inmigrantes que recibieron autorización para trabajar gracias a esa medida, lo que fue considerado el mayor desafío al

programa de suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que residen sin autorización legal que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares.

Sus abogados sostienen que la decisión obedeció a las preocupaciones por la responsabilidad de los conductores y el deseo de reducir el riesgo de que las licencias se utilicen de manera inadecuada para tener acceso a servicios públicos.

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