Cismary Marcano, en el centro, es abrazada durante una protesta contra la extradición de su esposo venezolano Ernesto Quintero en Madrid.
Oscar Canas/ Europa Press via APMADRID — Un tribunal español aprobó el viernes la extradición de un ciudadano venezolano requerido por el gobierno de Nicolás Maduro para que responda ante la justicia por presunto fraude y apropiación indebida de fondos desde su empleo en una casa de Bolsa de Maracaibo, en el oeste de Venezuela.
El caso de Ernesto Quintero, de 40 años, ha generado protestas de la comunidad venezolana afincada en España y de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Un grupo de opositores y familiares del acusado, incluida su esposa, se manifestaron el viernes en las inmediaciones de la Audiencia Nacional para demandar que España no ejecute la extradición.
Quintero trabajó en una casa de Bolsa en la capital del estado de Zulia que fue intervenida en el 2010 -supuestamente- por irregularidades en el manejo de fondos, venta no autorizada de las inversiones de clientes y desvío de capitales a las Islas Vírgenes, un territorio británico de ultramar.
El acusado fue detenido en España a principios del 2019 y liberado bajo fianza hasta que esta semana fue nuevamente arrestado por la policía española.
Los tres jueces del tribunal rechazaron el viernes los argumentos de Quintero, que había alegado que tras su pedido de extradición existían motivaciones políticas y que su integridad física estaría en peligro en Venezuela.
En su decisión, que puede ser recurrida, el tribunal señaló que Venezuela no reclamó judicialmente a Quintero “hasta que no se aclaró la falta de los depósitos realizados por pequeños ahorradores”, un hecho que, a criterio de los jueces, demuestra la inexistencia del criterio político.
Además “no se deduce de la reclamación presentada la existencia de ningún motivo que indique que el reclamado será objeto de malos tratos o vulneración de sus derechos fundamentales”, dice el texto judicial.
Las autoridades españolas han concedido a su hija protección internacional por razones humanitarias.
Antonio Ecarri, el político venezolano designado como embajador en España por el gobierno paralelo liderado por el opositor Juan Guaidó, señaló que “llevar a cabo cualquier extradición de un venezolano en este momento es condenarlo a muerte por cuanto es ampliamente conocido que el gobierno usurpador de Venezuela ha sido denunciado como violador de los derechos humanos”.
España y Venezuela cuentan con un acuerdo de extradición bilateral en vigor, pero la Audiencia Nacional ha aceptado el argumento de la vulneración de derechos en el país caribeño a la hora de rechazar la entrega de detenidos en casos destacados como el de Claudia Patricia Díaz Guillén, exayudante del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su marido Andrés Velásquez Figueroa, ambos buscados en Venezuela por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.
FUENTE: AP
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