¿Ha tenido éxito la política de cambio climático de Joe Biden?

Ambos acuerdos demuestran el avance del sector de energía y de la industria petrolera estadounidense frente a los desaciertos en la política de cambio climático del actual gobierno en Washington.

Biden, junto a la extrema izquierda, emprendió una guerra contra las petroleras estadounidenses horas después de sentarse en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde firmó más de una decena de órdenes ejecutivas vinculadas a este sector. Canceló oleoductos, redujo las perforaciones, desalentó el "fracking" (fracturación hidráulica para estimular la extraccción de hidrocarburos), entre otras medidas. En síntesis: convirtió a EEUU en una nación de súplica por la reducción de los precios del petróleo impuestos a nivel internacional.

El conjunto de medidas revirtió la independencia energética de Estados Unidos lograda por la administración de Donald Trump en 2019, que convirtió a Norteamérica en el mayor exportador de petróleo del mundo.

Biden se retracta

Entre otras de las medidas de Biden se encontraban el freno a la expansión de terrenos para la exploración petrolera, reducir la producción de combustibles fósiles y no licitar contratos nuevos para la extracción, entre otras.

Lo anterior disparó el precio de los combustibles que derivó en la peor crisis inflacionaria en los últimos casi 50 años, con el sufrimiento para la gran mayoría de los consumidores estadounidenses.

Un año y medio después, cuando el precio promedio de un galón regular de gasolina sobrepasó los 5 dólares en EEUU, Biden se vio obligado a dar marcha atrás a buena parte de sus órdenes ejecutivas en medio de un caos energético que aumentó con la guerra de Ucrania y la dependencia de Washington a los precios internacionales del barril de crudo.

En 2023, y en el vórtice de una visible contradicción de lo que prometió la administración Biden, la industria petrolera de EEUU podría llegar al récord de producción de 13 millones de barriles diarios de petróleo. Y es que la invasión de Rusia en Ucrania -incentivada en parte por Washington-, el escaso o ningún efecto de las sanciones a Moscú y la negativa de Arabia Saudita y de la OPEP y OPEP+ a incrementar las exportaciones diarias de crudo no le han dejado ningún margen de maniobra a Biden que no sea evitar otro pico histórico inflacionario en EEUU. De ocurrir lo contrario por continuar con sus ataques al sector petrolero, el precio del barril podría superar incluso los 110 dólares antes de fin de año, como analizan expertos.

Sin embargo, ni al propio Biden a las puertas de un año electoral ni a la gran mayoría de los estadounidenses les conviene que los precios de los combustibles vuelvan a dispararse, porque causarían un caos general, una implosión económica y el entierro político definitivo del actual inquilino de la Casa Blanca, que se tambalea desde mediados de 2022 en casi todos los sondeos de opinión.

En el Congreso, los republicanos han emprendido una investigación formal para pedir su destitución, pero como los demócratas tienen mayoría en el Senado, el final del proceso se presentaría con grandes interrogantes.

Chevron y Exxon Mobil

El acuerdo de compraventa anunciado ahora por Chevron ni siquiera es la mayor adquisición del sector energético en octubre, al tiempo que las grandes productoras aprovechan la subida de precios del petróleo a nivel mundial.

El convenio surge pocos días después de que Exxon Mobil dijera que compraría Pioneer Natural Resources por unos 60.000 millones de dólares.

Los precios del crudo han subido un 9% este año y llevan unos dos meses sobre los 90 dólares el barril.

Chevron señaló en una nota de prensa que la adquisición de Hess sumaba a su catálogo un gran campo petrolífero en Guyana, así como propiedades de esquisto bituminoso en la Formación Bakken en Dakota del Norte.

Chevron pagará por Hess con acciones y al incluir la deuda, el acuerdo se valoró en 60.000 millones de dólares.

La compañía dijo que el pacto ayudará a aumentar la cantidad de efectivo devuelto a los inversionistas. Chevron estimó que en enero podría recomendar aumentar sus dividendos del primer trimestre en un 8%, a 1,63 dólares. Eso requeriría el visto bueno de la junta directiva.

La firma también esperaba incrementar la recompra de acciones en 2.500 millones de dólares, hacia la franja superior de su recomendación de 20.000 millones de dólares anuales una vez concluya la transacción.

Las juntas directivas de ambas empresas han aprobado el acuerdo, que se espera completar en la primera mitad del próximo año. Aún requiere la aprobación de los inversionistas de Hess.

Más perforaciones y extracción de crudo

El gobierno de Biden aprobó a principios de 2023 un importante proyecto petrolífero en el norte de Alaska de la empresa ConocoPhillips.

Y estas son las grandes contradicciones de la administración actual que prometió de forma irresponsable y populista que no iba a permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales.

El proyecto Willow, reducido a tres áreas de perforación de las cinco solicitadas inicialmente por la empresa, está situado en una zona conocida como Reserva Nacional de Petróleo, en tierras estatales.

El director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, dijo que la medida fue la "decisión correcta para Alaska y nuestra nación", pero -como era de esperar- recibió críticas inmediatas de los grupos ambientalistas.

Biden ha intentado acelerar el traspado de la industria de combustibles fósiles a la de supuestas energías "limpias", que al final expertos han demostrado también que no son tan limpias como se afirma.

Las pretensiones de la izquierda y de la extrema izquierda en Washington se alejan cada vez más, mientras la realidad se impone con el dominio casi absoluto del petróleo, el gas y el carbón, entre otros derivados. Mucho más ahora cuando la Casa Blanca ha hecho dependiente nuevamente a EEUU de las estrategias de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su alianza (OPEP+), que responden a una infraestructura mundial fundamentada en este tipo de fuentes energéticas.

Todo lo anterior supone un gran fiasco y se suma a la lista de promesas incumplidas por el presidente Joe Biden, que hacen que las encuestas le favorezcan cada vez menos. El índice de desaprobación a su gestión económica se encuentra por encima del 70%, sólo superado por el gobierno del también demócrata Jimmy Carter.

Pero la situación no quedó ahí. Un juez federal ordenó meses atrás al Departamento del Interior de Estados Unidos que ampliara la venta de permisos de extracción de petróleo y gas en el Golfo de México, y rechazó un plan del gobierno de Joe Biden de reducir la venta.

Este otro revés para la actual administración sintetiza que Biden hace promesas populistas e irresponsables que no puede cumplir. Así ha sido el gobierno demócrata desde el primer día en la Casa Blanca: plagado de errores y decisiones controversiales.

Según la propuesta anunciada en marzo, la venta del 27 de septiembre habilitó 30 hectáreas (73 acres) de parcelas submarinas para la extracción. En agosto se redujo la zona habilitada a 27 hectáreas (67 acres) cuando la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM por sus siglas en inglés) anunció los planes finales para la venta. Pero el juez federal de distrito James David Cain Jr. en la ciudad de Lake Charles restauró con una orden el área inicial.

La revisión de la BOEM incluía nuevos límites de velocidad y requisitos para el personal en buques petroleros en algunas de las zonas —también bloqueados por la orden de Cain.

BOEM había adoptado la zona reducida y las nuevas normas para la venta de la próxima semana como parte de un acuerdo entre el gobierno y ambientalistas logrado el mes pasado para resolver una demanda de protección de las ballenas presentada en una corte federal en Maryland.

Chevron, Shell Offshore, el American Petroleum Institute y el estado de Louisiana presentaron una demanda para anular la reducción de la zona y bloquear las nuevas medidas de protección de las ballenas incluidas en las condiciones de venta de los permisos.

Las empresas argumentaron que las medidas del gobierno violaban las cláusulas de la Ley de Reducción de la Inflación que incluían incentivos para la energía limpia y creaban nuevas oportunidades para la extracción en el Golfo de México. Es decir, le cobraron a Biden con la misma "moneda política" que lanzó al aire para aumentar los gastos federales de presupuesto.

También sostuvieron que los cambios después de la propuesta de venta de marzo de 2023 violaban la ley federal porque se aprobaron arbitrariamente, sin explicar debidamente y en detalles la necesidad.

Biden pide mayor producción de petróleo

La Casa Blanca, en su intención de ganar votos para las elecciones presidenciales de noviembre 2024 navega entre varias aguas. Por un lado promete de forma desacertada una trasición de los combustibles fósiles a las supuestas energía limpias, que los demócratas saben perfectamente que no se puede cumplir; por otra parte aprueba medidas que contradicen su plataforma, abre las puertas a una mayor extracción mientras el propio Biden -en una situación desesperada- ha pedido varias veces el incremento de la producción de crudo. Y desde otro ángulo, el discurso oficial se dirige a presuntos cambios energéticos con el propósito de intentar quedar medianamente bien con los ambientalistas, pero que hasta ahora ha generado el efecto opuesto.

Los fiascos sucesivos del gobierno de Biden, en casi tres años, tampoco terminan ahí.

El mandatario logró como parte de la mal llamada Ley de Reducción de Inflación destinar para los próximos 10 años unos 400,000 millones de dólares para impulsar, entre otros objetivos, la industria de los vehículos eléctricos y las calificadas energías renovables.

Hasta el momento, todos los estudios que se han realizado en los últimos años demuestran que en Estados Unidos no hay apetito para este sector.

En 2022, apenas se vendieron 260,000 vehículos totalmente eléctricos en un mercado anual de ventas de 14.6 millones de automóviles.

Sin embargo, Biden ha entregado miles de millones de dólares a los fabricantes.

Una empresa conjunta entre la estadounidense Ford y la surcoreana SK On recibirá hasta 9.200 millones de dólares en créditos federales de Washington para fabricar baterías eléctricas.

Como parte de un programa impulsado por Joe Biden, el Departamento de Energía anunció un "compromiso condicional para un crédito" a la firma BlueOval SK, la joint venture entre las dos firmas, para construir tres nuevas plantas de baterías para autos en Tennessee y Kentucky.

Las encuestas revelan que los estadounidenses apenas consideran la idea de adquirir este tipo de vehículos, lo que demuestra que los anhelos del gobierno de Biden están demasiado lejos para concretarse.

Las ventas de vehículos eléctricos representan sólo el 4,6% de los autos nuevos vendidos en EEUU. A pesar de los incentivos del gobierno federal, las razones de la impopularidad de estos autos son diversas: altos precios, largo tiempo de recarga, accidentes por incendios de baterías, falta de una amplia infraestructura para mantenimiento y recargas; la respuesta de estos autos frente al clima adverso como nevadas e inundaciones, gasto en electricidad, etc.

Además de los 7.500 dólares que entrega el gobierno federal a quien compre un medio de transporte totalmente eléctrico, la Casa Blanca anunció recientemente una reducción del pago de impuestos en la declaración anual si el contribuyente adquirió un vehículo eléctrico y entregó a Ford y General Motors decenas de miles de millones de dólares en subvenciones para la fabricación de autos eléctricos y su promoción. Es decir, el actual gobierno ha tratado por todos los medios a su alcance de motivar a los estadounidenses a que abandonen los motores de combustión de gasolina y petróleo, pero el éxito de esta política luce inalcanzable hasta para los próximos diez o quince años, con la posibilidad -incluso- de que la mayoría de los consumidores norteamericanos digan NO rotundo a la denominada revolución energética en el siglo XXI.

En poco más de 1.000 días, Biden convirtió el dominio energético estratégico de EEUU en una subordinación energética que amenaza la seguridad económica y nacional.

EEUU corre el riesgo de una estanflación prolongada y de verse arrastrado por guerras en Ucrania e Israel y posiblemente contra Irán y en el Estrecho de Taiwán.

lmorales@diariolasamericas.com

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FUENTE: AP