Acciones de Obama, en la encrucijada

El panorama para los inmigrantes sin documentos en Estados Unidos sigue siendo incierto después de décadas de lucha y de promesas que no se concretan. Aunque el presidente Barack Obama tomó medidas ejecutivas -en noviembre pasado- para dar al menos una solución temporal a algunos de ellos, las trabas legales interpuestas impiden su aplicación.

Este viernes, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito escucharon a un equipo de abogados del Gobierno y otro de la oposición para analizar la posibilidad de levantar la medida cautelar que bloquea las acciones migratorias, presentada por 26 estados, encabezados por Texas.

Cientos de activistas a favor de la reforma se trasladaron hasta Louisiana, en Nueva Orleans, donde el Tribunal de la Corte federal escuchó durante dos horas los argumentos de ambas partes y terminó sin emitir ningún fallo. Al no escuchar palabras de las autoridades, los manifestantes no pudieron disimular cierto agotamiento en sus rostros, pero aseguraron que no bajarán los brazos.

Nora Sandigo, presidenta de la organización proinmigrante Fraternidad Americana, admitió que "no es una lucha que va a terminar pronto, es un camino cuesta arriba", en una entrevista con EFE. "Es muy importante que la acción ejecutiva se haga efectiva, es una cuestión de justicia y queremos que el juez sepa que estamos allí", agregó.

Largo camino

No está claro si la Administración va a permanecer en el Quinto Circuito, considerado uno de los tribunales más conservadores del país. Pero de todas formas, más allá de la decisión que tomen estos jueces, la lucha legal está lejos de terminar.

El juez Andrew Hanen, quien presentó ante una corte federal en Texas la orden judicial para detener los programas que buscan proteger a 4,7 millones de indocumentados, aún está empecinado en ir contra las acciones del Presidente.

El magistrado considera que estas medidas son inconstitucionales y ​​su decisión es probable que sea apelada - tal vez en última instancia, en la Corte Suprema.

Además de este panorama, las acciones migratorias de Obama podrían encontrar más trabas legales en su camino, si la oposición continúa fuerte en su rechazo.

Las medidas anunciadas por el Presidente en noviembre incluían la ampliación del programa de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), que ha protegido de la deportación de más de medio millón de jóvenes que entraron al país cuando eran niños, y la Acción Diferida para la Responsabilidad de los Padres (DAPA).

Próximas elecciones

El destino de estos programas migratorios podrían sentar las bases para un debate sobre el tema en la carrera Presidencial de 2016. Las minorías de hispanos y asiáticos, ambas de rápido crecimiento en el electorado, y que apoyaron a Obama en las elecciones de 2008 y 2012, preocupan a algunos líderes del Partido Republicano.

Se espera que los aspirantes republicanos a la Casa Blanca, varios de los cuales se han lanzado recientemente, hagan propuestas concretas sobre posibles soluciones a los inmigrantes indocumentados y digan qué harán con las acciones que tomó el Presidente.

Mientras tanto, las deportaciones continúan. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió que se deportara a 22.538 mexicanos durante los primeros seis meses del año fiscal 2015, según informó el centro de estudios TRAC.

Los mexicanos fueron la comunidad inmigrante que registró un mayor número de peticiones de deportación por parte del DHS, seguidos de los salvadoreños (9.590), los guatemaltecos (9.188), los hondureños (5.927) y los chinos (3.037).

Del total de los inmigrantes contra quienes se iniciaron trámites de deportación durante la primera mitad del año fiscal 2015 (de octubre de 2014 a marzo de 2015), un 35% fueron mexicanos, un porcentaje bastante más elevado que el 25% del conjunto del año fiscal 2014.

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