En 2007 estalló un escándalo similar al que se ha revelado en las últimas semanas, sobre fraudes y abusos en las asociaciones de condominios y juntas de propietarios. En ese entonces, el representante Julio Robaina, quien presidía el Comité Selecto en Condominios y Asociación de Propietarios (HOA), asumió la tarea de proponer una serie de reformas a la autoridad que regula las acciones de las mencionadas agrupaciones, DBPR, como es conocida por sus siglas en inglés.
Entre las reformas no sólo figuraba la capacidad de esa agencia para hacer citaciones, sino incluso para reclamar penas de cárcel. Según recordó el senador estatal republicano Miguel Diaz de la Portilla, en entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS, los funcionarios del DBPR “tienen unos poderes muy limitados. En 2008 se les limitó su función a temas de mantener el acceso a los archivos de las asociaciones y de las elecciones. Pero no tienen ningún poder de policía”.
En este momento, en el ámbito local, es muy poco lo que se puede hacer, desde el punto de vista normativo, para atacar ese problema. Sin embargo, tanto el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, como algunos comisionados quieren presionar al Gobierno estatal en Tallahassee para que, una vez más, saque adelante leyes que le pongan dientes a la agencia y le den suficiente presupuesto para vigilar, de manera efectiva, las asociaciones de condominios y juntas de propietarios.
Miguel Diaz de la Portilla, El senador floridano republicano. (CORTESÍA)
Pero eso no es suficiente, como lo expresó el representante estatal demócrata José Javier Rodríguez: “Esta es una falta de voluntad política para usar la autoridad que tiene el DBPR. Sus funcionarios siempre dicen que no tienen jurisdicción o suficiente evidencia”.
Violación de las normas
De acuerdo con lo expresado por la directora de comunicaciones del DBPR, Chelsea Eagle, en un correo electrónico que envió a este periódico, como respuesta a una serie de preguntas, “en caso de que se identifique una violación a las reglas, se toman acciones administrativas apropiadas, y a la asociación de condominios se le ilustra sobre la manera correcta de actuar, con el fin de evitar que se vuelva a incurrir en una violación de las normas”.
Dada la magnitud de las múltiples denuncias que ha habido sobre las graves irregularidades en las juntas de propietarios y de condominios, y teniendo en cuenta que en Florida hay 1,6 millones de estas asociaciones, la declaración de Eagle deja en evidencia la debilidad institucional frente a un problema desbordado, sobre todo en el sur de la Florida, según lo precisó el alcalde Giménez: “Estas mismas leyes funcionan en otras ciudades del Estado, pero aquí han encontrado huecos en las normas y, por lo tanto, hay que cerrarlos para que los residentes de los condominios no sean víctimas de fraude”.
José Javier Rodríguez, representante estatal demócrata. (Álvaro Mata)
Eagle definió con claridad uno de los puntos que hace casi nula la tarea de la agencia, de la cual es vocera, al responder que “la jurisdicción de la división de condominios de la Florida es limitada a disputas en elección o remoción de directivos. No hay capacidad legal para investigar quejas de la asociación de propietarios. [...] Hay que tener en cuenta que la división no tiene autoridad para asumir casos criminales. Las denuncias sobre fraude y otros delitos deben ser remitidos a las autoridades de la Policía”.
Doble vía
El problema, por lo tanto, tiene varias aristas: alcance limitado de la DBPR, funcionarios sin capacidad o voluntad política para, por lo menos, recibir las quejas y hacer cumplir la ley, y un enorme poder de cabildeo que ha impedido que se hagan normas mucho más fuertes para extirpar, de manera definitiva, los abusos cotidianos en las asociaciones.
No está muy claro si esta vez el congreso estatal podría derrotar a los cabilderos y, sobre todo, la actitud radical contra las agencias que vigilan sectores clave (los servicios públicos, las universidades con ánimo de lucro, el medio ambiente) y, por lo tanto, la presión para suprimirlas, quitarles funciones, reducirles personal y recursos.
Para Rodríguez se trata de fortalecer las herramientas que ya existen, pero darles a los funcionarios más poder para investigar y “asegurar que se está cumpliendo con los derechos de los propietarios de los condominios. También debemos usar la presión que tenemos sobre el presupuesto para pedir cambios políticos”.
Mientras tanto el senador Díaz de la Portilla sugiere que hay que fortalecer la misión del DBPR desde diferentes frentes, y de eso se trata el proyecto de ley que busca presentar en la próxima sesión legislativa. “Esa agencia debe tener el poder de remover a los miembros de la junta directiva que violen la ley de condominios, de criminalizar a quienes violen la ley, de presentar citaciones y arrestar a las personas que estén violando las normas”, indicó. También sugiere que esa oficina tenga la capacidad de auditoría de los estados financieros y de citar a los bancos para investigar los posibles casos de corrupción y de abusos.
No obstante, la experiencia de cerca de diez años denota que los cabilderos han tenido la capacidad de reducir el alcance de las leyes, que buscan cubrir los vacíos y acabar con una práctica sistemática de estafas y manejos corruptos.
Para el representante Rodríguez hay otra solución, si Tallahassee no entiende el mensaje de los ciudadanos, hay que darle más poder a los condados y municipios. “Si ese sector no quiere hacer cambios, hay que pensar en transferir la autoridad a los gobiernos locales”, acotó.
Perspectivas
Al mismo tiempo, hay que reformar el DBPR. En ese sentido, Rodríguez está pidiendo a sus colegas que “no solo propongan cambios legales sino que se unan en criticar la política del Gobernador y pedir personas nombradas que tengan el objetivo de poner en vigor la ley y tomar acciones concretas”.
Ahí está el punto clave y cómo superar la contradicción entre una administración estatal, que busca eliminar la mayor cantidad de regulaciones –con la idea de que eso le deja las manos libres a las empresas y a la creación de empleos-, y la necesidad de fortalecerlas en ciertos sectores, como en el de las asociaciones de propietarios y condominios. “Hasta cierto punto, la idea de eliminar regulaciones está bien, si son innecesarias. Pero en ciertos ámbitos se deben tener, sobre todo cuando hay personas manejando muchísimo dinero y ponen en riesgo el interés de individuos o personas mayores, cuando el único valor [patrimonio] que tienen es su propiedad”.
Según el director de comunicaciones del Condado Miami-Dade, Mike Hernández, “será difícil presentar reglas a nivel estatal. De los 20 millones de habitantes en el Estado, 9 millones viven en un sitio donde hay algún tipo de asociación, sea de propietarios o condominios. Podemos dar pasos tanto a nivel local como estatal”.
Todo parece indicar que ese es el reto. La pregunta es si habrá voluntad política para sobreponerse a las presiones de los grupos que, desde hace varios años, no quieren que haya normas estrictas que vigilen la actividad de los condominios y de las asociaciones de propietarios.
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