Alcalde de Miami-Dade dispuesto a interceder ante Trump por los "dreamers"

De acuerdo con el director de comunicaciones del Condado, Mike Hernández, "el alcalde es amigo personal del presidente electo Donald Trump desde hace muchos años, y estaría dispuesto a llamarlo para interceder por los "dreamers" [estudiantes indocumentados].

Trump recibió una carta de 16 alcaldes que apoyan DACA. Esa idea fue promovida por el edil de Chicago, Rahm Emanuel, quien preside una de las llamadas "ciudades santuario". Gimenez no la pudo firmar y por esa razón este jueves expidió un comunicado para respaldar el alivio migratorio.

La Consideración de Acción Diferida de 2012 para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) es un programa impulsado a través de una Acción Ejecutiva para beneficiar a menores que ingresaron al país antes de cumplir 16 años y están en EEUU desde antes del 15 de junio de 2007.

Durante su campaña el presidente electo, Donald Trump, prometió que derogaría esa orden ejecutiva y buscaría la deportación de millones de indocumentados. También dijo, de manera reiterada, que les quitaría fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, es decir, aquellos municipios que no persiguen a los indocumentados.

Giménez expresó su respaldo a esa orden ejecutiva hasta cuando el congreso apruebe una reforma migratoria integral y el próximo presidente la firme. Recordó que en el Condado Miami-Dade residen millones de inmigrantes sin estatus migratorio, y miles de jóvenes que, cuando eran niños, fueron traídos por sus padres indocumentados a Estados Unidos.

“Ellos merecen una oportunidad para lograr el sueño americano. Invito al próximo congreso a dar prioridad a una reforma migratoria”, expresó Giménez.

Miami-Dade es un camino intermedio entre las "ciudades santuario" que no colaboran con el gobierno federal en los temas de persecución a los indocumentados, y las que sí colaboran pero hasta un límite. Si un indocumentado en el condado es detenido por la policia y va a la carcel, allá toman sus huellas digitales y esa información de inmediato va bases de datos federales, como el FBI y el Departamento de Seguridad Interior. Si las autoridades federales piden que esa persona esté detenida más tiempo, el gobierno federal debe pagar por esos días extra de encarcelamiento.

"Pero no vamos a tener a nuestros policìas actuando como agente de inmigración. Nuestros oficiales no le van a preguntar el estatus migratorio a las personas", precisó Hernández.

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