WASHINGTON.- A mes y medio de que Donald Trump entre en la Casa Blanca, California ha comenzado a prepararse para hacerle frente en uno de los temas que pretende situar en el centro de su gestión como presidente de Estados Unidos: la política inmigratoria.
El Congreso estatal, situado en la ciudad de Sacramento, ha iniciado la tramitación de leyes para proteger a los tres millones de inmigrantes indocumentados que viven en ese estado ante las intenciones anunciadas por Trump de expulsar del país a los sin papeles.
Controlados ambos abrumadoramente por los demócratas, la Asamblea y el Senado californianos aprobaron el lunes, en su primer día de sesiones tras los comicios del 8 de noviembre, una resolución cada uno instando a Trump a no llevar a cabo deportaciones. El republicano asume la presidencia el 20 de enero.
Además, el Congreso californiano fue escenario de la presentación de dos leyes para dar protección legal a los indocumentados. Una persigue que el estado pague la defensa a todo inmigrante al que se le abra un proceso de deportación, y otra se dirige a la creación de centros para formar a abogados de oficio en temas inmigratorios, de cara a tener más letrados especializados.
"California nunca se callará antes aquellos que amenazan con menoscabar nuestra prosperidad o con privar a nuestra gente de sus derechos humanos fundamentales", dijo el líder del Senado, Kevin de León, según lo cita Los Angeles Times.
El "estado dorado" (en inglés se lo conoce como "the golden state") es un bastión del Partido Demócrata. No solo las dos cámaras están controladas por él; también su gobernador, Jerry Brown, y el nuevo fiscal general, Xavier Becerra, pertenecen al partido de la que fue la otra candidata presidencial, Hillary Clinton, la cual arrasó allí a Trump por 28 puntos.
Pero además del peso demócrata, cuando se habla de California hay que hablar también del peso hispano. El estado más poblado del país -39 millones de habitantes- es también el que tiene la mayor población de origen latino: unos 15 millones, que suponen cerca del 39 por ciento. Según Los Angeles Times, son tres millones los ilegales, la mayoría de ellos mexicanos.
De origen mexicano es el nuevo fiscal general Becerra, que además es el primer hispano en estar al frente de ese puesto, desde el que tendrá que enfrentarse a la administración de Trump si hay conflictos en la aplicación de leyes. Congresista en Washington hasta ese momento, en el comunicado en el que recientemente aceptó su designación por parte del Gobernador Brown se definió primeramente como "hijo de inmigrantes".
California está considerado como un "estado santuario" para inmigrantes sin papeles, es decir: un estado que se niega a compartir con las autoridades federales la información con la que cuenta de inmigrantes indocumentados, dificultando su detención y deportación. Algunas ciudades, como San Francisco, tienen leyes que prohíben a los empleados municipales toda cooperación con las autoridades inmigratorias federales a efectos de deportación.
FUENTE: dpa
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