¿Cómo hacemos cumplir el código de ética en Miami-Dade?

MIAMI.- Hace 25 años, el electorado del condado Miami-Dade optó por crear una comisión de ética y confianza pública que supervise la conducta de funcionarios electos y empleados de la jurisdicción, incluyendo municipalidades, hasta crear el cuerpo que vela y sanciona el abuso de poder y la mentira y sirve además como fuente de consulta.

Días atrás, saltó la noticia en Miami de que el alcalde Francis Suárez formaría parte, en su tiempo libre, de la junta de asesores del grupo de bienes raíces de lujo ISG World y el nombramiento despertó tanto admiración como inquietud frente a sus labores como edil de la ciudad.

“Si alguna de mis actividades privadas presenta algún conflicto, hay un procedimiento para que yo me enfrente al conflicto, que es apartarme de ese asunto específico”, declaró el alcalde a DIARIO LAS AMÉRICAS.

De hecho, tanto el comisionado de Miami Manolo Reyes como el también legislador municipal Joe Carollo alegaron que el alcalde “no vota en las decisiones de la Comisión” y que, por lo tanto, no debe haber conflicto de intereses.

A estas alegaciones, el director ejecutivo del Miami-Dade Commission on Ethics & Public Trust, José J. Arrojo, declaró: “Es cierto, el alcalde de Miami no vota en las decisiones de la Comisión, pero el código de ética aplica a todos los oficiales electos, tengan voto o no. El alcalde de Miami tiene poder de veto, si la decisión no cuenta con aprobación de mayoría absoluta”.

Proceso

Con un presupuesto anual que ronda los 2.8 millones de dólares, 16 empleados y 24 años de experiencia como fiscal, Arrojo vela por el cumplimiento de las normas de la conducta de funcionarios públicos.

La primera manera de contactar la autoridad condal de ética sería consultar el portal ethics.miamidade.gov en Internet, llamar al número 786-314-9560 o escribir a ethics@miamidade.gov por email.

“Tenemos dos maneras de implementar el código de ética. Una es el asesoramiento y la otra es investigación y resolución”, señaló el director ejecutivo.

“Digamos que alguien es nombrado director de Comunicaciones de una alcaldía y quiere hacer un trabajo extra como periodista. Le diríamos, por escrito, que no sería conflicto si no escribe sobre posiciones contrarias a las del alcalde o la junta de comisionados. Si no usa fuentes de información internas o no emplea a un subalterno para ejecutar la escritura”, entre otros pormenores, explicó.

Arrojo argumentó que una de las funciones más importantes y menos conocida es el asesoramiento.

“Algo que no se ve es la mala conducta que evitamos porque alertamos que no se debe hacer”, señaló Arrojo.

“Todos los años recibimos cientos y cientos de llamadas de funcionarios electos, empleados y lobistas que nos presentan algo que quisieran hacer y nos preguntan si violaría el código de ética”, subrayó.

“Les explicamos lo que pueden hacer o no. Si después incumplen, podríamos abrir una investigación”, alegó.

Además de responder preguntas, Arrojo y su equipo entrenan funcionarios públicos. “Hace poco asesoramos a una docena que fueron electos recientemente. O sea, nosotros asesoramos y después contestamos dudas. Pero, aun así, si realiza alguna actividad contraria al código de ética, puede ser sometido a una investigación”, recalcó.

En efecto, la investigación puede ser dada por una queja documentada, con nombre y apellido, aunque también puede ser dada “por algo que nosotros detectemos, veamos o escuchemos”, aseguró.

La comisión de ética y confianza pública puede incluso actuar a partir de informaciones que aparezcan en artículos periodísticos, en las que pueda haber alguna insinuación sobre conflicto de intereses.

Más tarde, el grupo que vela y sanciona, que está compuesto por cinco personas asignadas por varias entidades jurídicas y públicas, y que son independientes de los poderes públicos, “determinará si es violación o no, y en caso positivo aplicaríamos la reprimenda necesaria”.

Hay casos que no proceden. “Si recibimos una queja que no aplica como asunto de ética, como puede ser la práctica de mecánica de automóviles en un lugar residencial, informaremos al remitente que no corresponde a nosotros y enviaremos la reclamación a la autoridad que se debe ocupar de ese asunto”, puntualizó.

Responsabilidad

La Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade investiga y se pronuncia, sea con una reprimenda pública (que puede ser una multa, un documento de amonestación o indicar un caso mayor), “pero, al fin de cuentas, si se trata de un oficial electo, realmente depende de los votantes considerar si quieren apoyarlo en las próximas elecciones”, resaltó Arrojo.

Ese pudo haber sido el caso de Michael Grieco, quien fue multado con 1.000 dólares porque, acorde al fallo emitido, “negó haber estado involucrado con People for Better Leaders”, un comité de acción política.

De hecho, Grieco, que era comisionado de Miami Beach y negó las acusaciones, fue imputado además por la fiscalía de solicitar dinero para el grupo político. Entonces, renunció a su cargo.

Unos meses después, Grieco fue electo representante del distrito 113 al Congreso del estado.

En otro caso, recientemente la comisión condal de ética desestimó una querella contra el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, porque la queja “no era legalmente suficiente”.

De acuerdo con la explicación de Arrojo, “si recuerdo bien, la reclamación fue planteada por alguien que no estuvo presente” en la supuesta reunión del alcalde, en la que, según el planteamiento, el exalcalde de Miami Beach Philip Levine pidió a un grupo de urbanizadores crear un comité político para respaldar a Gelber, luego de que el alcalde aparentemente indicara que apoyaría el aumento de la altura de los edificios en Ocean Drive.

Hace unos meses, la comisión condal de ética recibió una queja sobre la concejal de la municipalidad de Medley Ana Lilia ‘Lilly’ Stefano acerca de su desempeño como directora ejecutiva de la fundación sin fines de lucro Santana Moss.

“Descubrimos que se trataba de un delito y remitimos el caso a la fiscalía y la persona fue acusada de fraude y robo, y el gobernador [de Florida, Ron DeSantis] la suspendió” del cargo público.

“Nosotros no somos una agencia de la ley. No somos policías ni procuradores criminales. Solamente podemos aplicar una reprimenda pública, una multa, remitir un caso. No tenemos la autoridad de suspender oficiales electos. Solo los votantes y el gobernador pueden hacer eso”, apuntó Arrojo.

 NULL