Doral condena represión del dictador Ortega en Nicaragua

La disposición “condena” al “régimen Ortega-Murillo” por “sus atropellos a la democracia, ruptura del Estado de derecho, violaciones y abuso de los derechos humanos en ese país”, según Juan Carlos Bermúdez, alcalde de esa ciudad adscrita al condado Miami-Dade.

Asimismo, el documento emplaza a los oficiales electos del sur de la Florida y a representantes y senadores estales para que se unan a esa propuesta y pidan a la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos que apoyen a la comunidad nicaragüense.

De hecho, la resolución será presentada por el alcalde Bermúdez a principios de septiembre en la plenaria de esa organización que agrupa a más de 1.000 alcaldes del país, en espera de una condena generalizada.

La Ciudad de Doral solicitó además al Gobierno de Estados Unidos trabajar en un esfuerzo multilateral para rechazar el asalto a la democracia perpetuado por el régimen Ortega-Murillo y demandar la libertad inmediata de los presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, miembros de la sociedad civil, empresarios y personas privadas.

También pidió al presidente Joe Biden respaldar la aprobación de la ley Renacer, que se enfoca en la corrupción ejercida por el gobierno de Nicaragua y la familia Ortega-Murillo, así como abusos de los derechos humanos de las fuerzas de seguridad.

“Esta ley también incrementaría la aplicación de las sanciones de Estados Unidos, en coordinación con Canadá y la Unión Europea. Adicionalmente, intensifica las operaciones de inteligencia a entidades rusas en Nicaragua”, explicó el edil Bermúdez.

Asimismo, la resolución de la Ciudad de Doral demanda continuar aplicando la Ley Magnitsky Nica a más funcionarios del gobierno de Nicaragua y allegados, aplicar la ley conocida con el Nica Act, incrementar las sanciones contra el régimen Ortega-Murillo, expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio y reforzar la fiscalización de los programas de cooperación para Nicaragua.

Adicionalmente, se pide investigar las cuentas bancarias y activos en Estados Unidos de miembros del Ejército de Nicaragua, investigar las actividades irregulares de diplomáticos y oficiales consulares nicaragüenses acreditados en EEUU, oficialmente clasificar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista y pedir al Acuerdo Internacional de Justicia que trate a Daniel Ortega y a Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad.

La resolución también hace un llamado a la OEA para invocar los artículos 21 y 22 de la Carta Democrática Interamericana y hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir formalizando el caso contra el gobierno de Nicaragua y tomar acciones por su cuenta.

Entretanto, la senadora estatal Ana María Rodríguez señaló que “hay muchas víctimas sufriendo en Nicaragua” y se comprometió a seguir ofreciendo su apoyo al pueblo nicaragüense.

Daniel Ortega cumplirá 76 años en noviembre y lleva casi 15 años en el poder. El dictador apuesta por su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo el próximo 7 de noviembre.

Hasta mayo pasado, según familiares e instituciones de derechos humanos, en Nicaragua había unos 120 presos políticos, a los que se sumarían los 16 capturados en las últimas tres semanas.

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