Edificio genera agudo conflicto político en La Playa

Está circulando un volante en La playa, y por internet, firmado por la candidata a la comisión por el grupo IV, Kristen Rosen González, en el que se informa que una persona muy cercana al alcalde Philip Levine estaría cabildeando para que se vendiera el complejo Rebecca Towers, un proyecto de viviendas públicas de bajo costo para personas de la tercera edad, la mayoría hispanos.

“Estoy impactada, como usted lo debe estar, cuando supe que David Custin, el gerente de la campaña de mi oponente, Betsy Perez, está cabildeando para la venta de Rebecca Towers a los constructores que quieren demolerlas para construir apartamentos para los ricos y privilegiados”, rezaba una parte del mensaje que Rosen González envió por internet a los residentes de La Playa.

DIARIO LAS AMÉRICAS vio el formulario que llenó hace meses Custin en el que aparecen TC Miami Beach Arena y Rebecca Towers como objetos del cabildeo de este estratega político. Pero Custin niega de manera enfática que su tarea de cabildeo –que duro sólo tres meses y por la que TC Miami Beach le pagó 30.000 dólares– tuviera algo que ver con lo que afirma la candidata González.

“Mi cliente estaba pensando hacer unas construcciones en el puerto de Miami Beach y, como beneficio público, estaban pensando en ayudar a Rebecca Towers con la construcción de un parqueo adicional porque hay escasez de espacio para estacionamiento de carros. Ese es un problema que ha pasado por años, no es invento mío”, aclaró Custin a DLA.

También precisó que el estar registrado como cabildero “no significa que de manera automática se esté haciendo cabildeo. Mi cliente nunca completó una propuesta para presentarla a la ciudad porque consideró que no era viable desde el punto de vista económico. Y me quedé activo por una razón que todos los cabilderos de La Playa tienen en cuenta: la ciudad cobra 350 dólares cada vez que llenas un formulario para representar a alguien”.

Levantar restricción

Por  su parte el expresidente de la autoridad de vivienda de Miami Beach (entre 1973 y 1975)  Gerald Schwartz explicó que para ese proyecto público de vivienda “no pudimos obtener la financiación que era necesaria porque esa propiedad, que fue donada a la ciudad muchos años atrás, tenía un Acuerdo Restrictivo [Restrictive Covenant] que definía que sólo podía ser usada para propósitos públicos. Por lo tanto, ningún banco podía proveer la financiación”, explicó Schwartz en un email a DLA.

En entrevista para el Diario, la candidata González se refirió a que ese acuerdo que tiene la propiedad (que pertenece a la Autoridad de Vivienda de Miami Beach) se puede levantar en cualquier momento y, por lo tanto, según ella, permitir su venta a los inversionistas privados.

Dijo, además, que la pregunta que se está haciendo en la boleta electoral para las elecciones del próximo 3 de noviembre (para reemplazar tres comisionados y elegir nuevo alcalde o reelegir al actual) “es para darles poder al alcalde y a los funcionarios electos con el propósito de desechar el referendo como mecanismo de participación ciudadana [para propiedades públicas localizadas cerca al mar]. Y por eso Rebeca Towers está bajo el fuego. Los ancianos pueden ser expulsados de ahí”, acotó

Pero tal afirmación es rechazada por el alcalde Levine, quien en entrevista para DLA señaló que la pregunta en la boleta, para reformar una sección del código, la exige el Condado Miami-Dade y está destinada sólo al proyecto de transformación del Centro de Convenciones.

Y en una carta dirigida a Miguel del Campillo, director ejecutivo de Rebecca Towers, el edil consideró que las afirmaciones de la candidata González (a las que se unió el candidato a la alcaldía, David Wieder) “son infundadas y falsas, emitidas con el objetivo de “causar miedo en los corazones y las mentes de las personas de la tercera edad y ganar puntos políticos…eso es vergonzoso y despreciable”.

Imposibilidad

De acuerdo con la oficina del abogado de la ciudad de Miami Beach, no hay posibilidad de que los terrenos públicos en los que se localizan las dos torres puedan llegar a ser vendidos a constructores privados.

El Departamento de Vivienda Urbana y Desarrollo (HUD, por sus siglas en inglés) tendría que participar y aprobar cualquier transacción que incluyera la venta de esos terrenos para construcciones que no fueran para viviendas públicas.

De acuerdo con Eve A. Boutsis, sub jefe de la oficina del abogado de la ciudad, “la torre norte está gobernada por un contrato de pago para asistencia de vivienda, que expira el 23 de enero de 2019. Es una obligación de HUD  de proveer 1’343.970 por año. HUD puso un acuerdo de uso a partir de unos bonos utilizados por la torre sur para familias de la tercerda edad de acuerdo con la sección 8”.

Por otra parte, para la torre norte también se emitieron bonos para financiar ese proyecto de vivienda y están ligados con los bonos de la torre sur. A su vez, los bonos emitidos para las dos torres son  prenda de garantía y soporte financiero para varios proyectos de vivienda.

Por lo tanto, en la eventualidad de una venta a terceros, “todos estos elementos financieros  tendrían que ser revisados. Además, la autoridad de vivienda [de Miami Beach] tendría que votar, en una reunión pública, todos los puntos anteriores”.

También, por razones de uso de la tierra, la autoridad de vivienda tendría que pedirle a la ciudad un cambio de uso de la misma, una reforma en el plan maestro de la ciudad y un cambio en la  zonificación, por una razón fundamental: “sólo proyectos del gobierno son permitidos en esa tierra”, subrayó Boutsis.

Para todas esas alteraciones, se requerirían cuatro audiencias públicas, dos para el plan maestro y dos para la rezonificación. 

Según Custin, “en más de 20 años que llevo en esto [cabildero y estratega politico] no había visto a unas personas utilizar a nuestras personas mayores para hacer política y asustarlas con mentiras de que van a perder su casa. Eso es una desgracia”.

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