Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

La edil sostuvo que la presión ejercida desde Tallahassee influyó en la decisión del Concejo de Doral de autorizar el convenio 287(g), aunque afirmó que la Policía local no ha salido a detener personas por su estatus migratorio.

“La Ciudad de Doral no decidió voluntariamente un día que quería involucrarse en la aplicación de las leyes federales de inmigración”, dijo Fraga a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Según explicó, las autoridades estatales habían comunicado a los gobiernos locales su expectativa de que colaboraran con ICE y habían dejado claras las consecuencias que, a su juicio, podían enfrentar quienes se negaran.

Fraga se refirió a un ambiente de presión que comenzó meses antes de la votación en Doral. En enero de 2025, el gobernador Ron DeSantis propuso ampliar al máximo la participación de las agencias policiales en el programa 287(g) e imponer sanciones por incumplimiento, incluida la suspensión de funcionarios.

Más tarde, en febrero de ese año, DeSantis defendió la capacitación de más agentes estatales por ICE para que pudieran desempeñar funciones migratorias bajo supervisión federal.

La advertencia más concreta llegó a Fort Myers. Después de que su Concejo rechazara autorizar un acuerdo con ICE, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta el 18 de marzo de 2025.

En la misiva, Uthmeier sostuvo que la decisión violaba la ley de Florida, exigió rectificarla y advirtió de posibles acciones civiles y penales, así como de la remoción de funcionarios. Meses después, Key West recibió una comunicación similar cuando intentó anular su propio convenio.

“¿Nos sentimos amenazados? Yo lo describiría de otra manera: vimos claramente las consecuencias que el Estado estaba dispuesto a imponer a quienes no cumplieran. No era una amenaza imaginaria”, subrayó Fraga.

Entre la ley y las advertencias

El alcance de la obligación estatal ha generado distintas interpretaciones. En la carta enviada a Fort Myers, el fiscal Uthmeier sostuvo que rechazar el acuerdo 287(g) contravenía las leyes de Florida que prohíben las políticas de “ciudad santuario”. Su advertencia contribuyó a la presión que, según Fraga, enfrentaron otros gobiernos municipales.

La disposición específica sobre estos convenios, el artículo 908.11, exige expresamente su firma a los responsables de centros de detención de los condados, aunque no menciona en los mismos términos a todas las policías municipales.

Fraga reconoció la importancia de esa discusión, pero insistió en que Doral debía decidir frente a las actuaciones del estado en ese momento. “Como funcionarios electos juramos cumplir la ley. No podemos escoger cuáles leyes obedecemos y cuáles no”, señaló.

En abril de 2025, el Concejo de Doral aprobó por unanimidad una resolución que autorizó un memorando con ICE y facultó al administrador municipal para ejecutarlo.

La mandataria local rechazó que se diga que ella firmó personalmente el acuerdo. “Yo no firmé el acuerdo. Fue firmado administrativamente por el City Manager después de recibir la autorización requerida del Concejo”, precisó.

El acta municipal confirma tanto el voto como la autorización concedida a ese funcionario.

Sin embargo, la distinción sobre la firma no elimina su participación en la votación. La alcaldesa respondió que apoyó la resolución “con mucha reserva” y que manifestó desde su puesto en el Concejo que no veía necesario convertir a la Policía de Doral en una fuerza dedicada a aplicar las leyes federales de inmigración.

El acuerdo frente a las redadas

La controversia dejó de ser una discusión sobre documentos cuando comenzaron a difundirse imágenes de detenciones en las calles y sitios emblemáticos de Doral.

Al respecto, familiares han denunciado arrestos de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes. Comerciantes también describen una caída de clientes y trabajadores que temen salir de sus casas.

Más allá, líderes políticos y activistas han pedido al Concejo que rompa el acuerdo con ICE, al considerar que la Ciudad no debe mantener un convenio de cooperación mientras ocurren esas detenciones.

Fraga respondió que la existencia del acuerdo no significa que los policías de Doral participen en las redadas federales.

“Doral no envió a sus oficiales a ejercer funciones de inmigración bajo este programa y nuestro Departamento de Policía no ha realizado arrestos migratorios bajo el 287(g)”, aseguró. “Nuestros oficiales no salen a las calles buscando personas por su estatus migratorio”.

Como respaldo, la alcaldesa entregó a DIARIO LAS AMÉRICAS capturas del tablero de encuentros migratorios del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

En ellas, la Policía de Doral aparece con cero encuentros reportados desde el 1 de agosto de 2025 hasta la actualización mostrada el 24 de septiembre de 2026. Se trata de registros atribuidos a esa agencia municipal: el dato no cuenta las detenciones que agentes federales hayan realizado dentro de los límites de Doral.

En otras jurisdicciones de Miami-Dade sí se han documentado arrestos migratorios efectuados por policías locales. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, Sunny Isles Beach registró 32 y Miami Springs, 16.

En ese mismo corte, la Oficina del Sheriff del condado contabilizó seis y la Policía de la Ciudad de Miami, uno. Esas cifras corresponden a arrestos y a un período anterior al de las capturas aportadas por Fraga, que muestran encuentros reportados hasta septiembre.

La alcaldesa añadió que considera “demasiado agresivas” ciertas tácticas federales y que estas afectan a “familias trabajadoras y a nuestra economía local”.

Asimismo, resaltó que Doral no dirige las operaciones de ICE ni escribe las leyes federales. Su responsabilidad, dijo, es proteger a la comunidad con las facultades municipales.

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