Miami-Dade afronta ultimátum del presidente Trump acerca de las "ciudades santuario"

Conocida la advertencia, la comisionada condal Rebeca Sosa se mostró sorprendida y señaló que no sabe por qué Miami-Dade figura en la supuesta lista de ciudades que no colaboran con la autoridad de Inmigración y pidió al presidente Trump reflexionar sobre el ultimátum promulgado el viernes pasado, que establece el 30 de junio próximo como la fecha límite para que localidades como el Gran Miami tomen una postura acorde con las políticas migratorias de la Casa Blanca.

La comisionada consideró que los controles a la inmigración ilegal constituyen una tarea que no es competencia del Gobierno del Condado.

"Esa es una responsabilidad que no nos compete porque nosotros no le podemos echar una carga más al bolsillo del contribuyente local", afirmó Sosa en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El Departamento de Justicia de los EEUU, atendiendo directrices del presidente Trump, exigió "pruebas" a nueve jurisdicciones del país de que están facilitando información al Gobierno federal con relación a los inmigrantes indocumentados en su territorio o dejarán de recibir fondos del erario nacional.

El requerimiento afecta a la totalidad de condados el estado de California y las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans, además de los condados de Miami-Dade, Clark (donde se encuentra Las Vegas, en Nevada), Cook (Illinois) y Milwaukee (Wisconsin).

La carta

Los alcaldes y responsables de esas jurisdicciones recibieron sendas cartas del Departamento de Justicia en las que se les exige "entregar documentación" antes del 30 de junio próximo, que demuestre que están cooperando con las autoridades federales para contrarrestar la inmigración ilegal.

Para Sosa, "ese paso traería muchísimos problemas en un futuro, por eso espero que el Presidente pueda entender que al mismo tiempo de que él habla de fondos federales, nosotros los estados contribuimos a esos fondos".

Dijo también: "Esos dineros se reúnen a través de todo lo que los diferentes estados le dan al Gobierno federal. Así que yo espero que venga un diálogo sincero, donde los federales tengan en cuenta sus obligaciones y se establezcan las obligaciones de cada una de las partes, no mezclando las responsabilidades con los gobiernos locales".

La legisladora condal de origen cubano señaló que este condicionamiento del Gobierno federal es una forma de "crucificar" al condado Miami-Dade, en un momento en el que la zona metropolitana tiene tantas necesidades en materia presupuestal.

La advertencia del Departamento de Justicia se produce pocos meses después de que el presidente Trump ordenara que se dejara de otorgar subvenciones federales a las "ciudades santuario", a no ser que comiencen a cooperar con las autoridades de inmigración.

Las cartas enviadas la semana pasada piden a esas jurisdicciones certificar el cumplimiento de una ley federal que establece que los Gobiernos estatales y locales "no pueden prohibir a sus fuerzas de seguridad compartir información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales".

"El no cumplimiento de esa condición podría resultar en la retención de los fondos de una subvención, suspensión o cancelación de una subvención, no admisibilidad para futuras subvenciones u otras acciones", dijo Alan Hanson, un alto funcionario del Departamento de Justicia, en las comunicaciones dirigidas a las "ciudades santuario".

Sosa confirmó que el alcalde Carlos Giménez recibió la carta y dijo que la Comisión está a la espera de conocer la respuesta del mandatario.

"Supongo que va a decir que el Condado nunca fue una 'ciudad santuario'. Eso fue una equivocación de la administración anterior cuando nosotros dijimos que si tú quieres [Gobierno federal] que se mantenga a una persona que no ha cometido un crimen mayor en una cárcel por más tiempo, mándanos el dinero para mantenerlo, porque el pueblo es el que está absorbiendo ese costo", agregó.

Finalmente sostuvo que "esta gran nación ha sido fundada por inmigrantes que han venido de todos los lugares del mundo, porque los únicos reales americanos aquí son los indios, y definitivamente todos los demás somos inmigrantes que hemos trabajado muy fuerte para poder echar adelante a nuestras familias".

De cualquier manera, el alcalde Giménez instruyó el pasado mes de enero al Departamento de Correccionales "a honrar todas las solicitudes de detención de inmigrantes recibidas por el Departamento de Seguridad Interior".

Oposición

Mientras tanto, varios ayuntamientos en el país, entre los que destacan Seattle y San Francisco, demandaron al Gobierno federal por lo que consideran un acto inconstitucional, al dificultar el curso normal del presupuesto municipal.

"El Gobierno federal no puede obligar a nuestro departamento de policía a hacer cumplir las leyes federales de inmigración y no puede utilizar nuestros fondos federales para obligar a Seattle a dar la espalda a inmigrantes y refugiados. Simplemente, no lo haremos ", señaló el alcalde de la ciudad de la costa del Pacífico, Ed Murray.

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