"Ocultaron efectos adversos de las vacunas de COVID", revela informe del gran jurado de Florida

Objetivo de la Investigación

Es importante señalar que el objetivo principal de la investigación del gran jurado era analizar la posible existencia de actividades fraudulentas o ilegales por parte de las compañías farmacéuticas y entidades relacionadas en el desarrollo, promoción y distribución de las vacunas contra el COVID-19. Además, determinar si las afirmaciones hechas sobre la eficacia, seguridad y prevención de la transmisión del virus se realizaron de manera veraz y sustentada.

La investigación también se enfocó en evaluar el papel de las agencias regulatorias en el proceso de aprobación de las vacunas, así como en identificar posibles fallos en la vigilancia postcomercialización y en la comunicación de riesgos al público.

Evidencias Encontradas

1. Proceso acelerado y concesiones regulatorias

El informe destaca que las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) fueron desarrolladas y aprobadas en un tiempo récord bajo el programa "Operation Warp Speed". Este programa permitió que se omitieran o acortaran ciertos pasos habituales en el proceso de aprobación de medicamentos, como:

• Ensayos clínicos con menor duración de seguimiento.
• Evaluación de eficacia basada en criterios intermedios y no finales.
• Autorizaciones de uso de emergencia (EUA) otorgadas antes de completar los estudios de seguridad a largo plazo.

El informe afirma que si, bien estas medidas fueron legales, se concluye que comprometieron la calidad de los datos obtenidos y limitaron la capacidad de evaluar completamente la seguridad y eficacia de las vacunas.

2. Problemas en la vigilancia postcomercialización

El gran jurado encontró que los estudios postcomercialización requeridos para monitorear posibles efectos adversos a largo plazo sufrieron demoras significativas. También se identificó una falta de comunicación adecuada de las señales de seguridad detectadas, como:

• Miocarditis y pericarditis: Se observó un aumento en la incidencia de estos efectos adversos, especialmente en poblaciones jóvenes, después de la administración de vacunas de ARNm.
• Falta de estudios completos en poblaciones específicas como mujeres embarazadas y personas con condiciones preexistentes.
• Los sistemas de farmacovigilancia utilizados, como VAERS y el Vaccine Safety Datalink (VSD), presentaron limitaciones para detectar de manera temprana y precisa los eventos adversos raros, lo que generó preocupación sobre su eficacia.

3. Falta de transparencia en la divulgación de eventos adversos

El informe señala que durante los ensayos clínicos se registraron eventos adversos graves que no fueron informados públicamente de manera oportuna. En algunos casos, la información se retrasó durante meses o incluso años, lo que dificultó una evaluación precisa de los riesgos.

4. Conflictos de interés y manipulación de información

El Gran Jurado identificó múltiples situaciones donde se evidenciaron conflictos de interés y manipulación de información por parte de los fabricantes y las agencias regulatorias:

• Participación de representantes de la industria en comités regulatorios: Algunos miembros de los comités encargados de revisar y aprobar las vacunas tenían vínculos previos con las compañías farmacéuticas, lo que generó dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones.
• Publicación de estudios sesgados: Se descubrió que algunas investigaciones publicadas en revistas científicas fueron financiadas directa o indirectamente por los fabricantes de las vacunas, lo que pudo haber influido en los resultados y conclusiones presentados.
• Control del mensaje mediático: Las compañías farmacéuticas financiaron campañas de comunicación masiva para promover las vacunas, minimizando los riesgos y exagerando los beneficios. En algunos casos, estas campañas utilizaron expertos y figuras públicas para reforzar el mensaje, sin revelar sus vínculos con la industria.

Ejemplos concretos:

• Estudios de seguridad retrasados: Un ejemplo citado en el informe es el retraso en la realización de estudios postcomercialización obligatorios por parte de Pfizer y Moderna. Estos estudios estaban diseñados para evaluar efectos adversos graves, pero su ejecución se postergó sin justificaciones claras.
• Subestimación de riesgos: En varias comunicaciones públicas, se aseguró que las vacunas eran completamente seguras, a pesar de que ya existían informes preliminares sobre miocarditis y otros efectos adversos.
• Presión sobre expertos disidentes: Algunos científicos que cuestionaron la narrativa oficial sobre la seguridad y eficacia de las vacunas enfrentaron represalias profesionales y fueron desacreditados en medios de comunicación.

Relación entre reguladores y la industria farmacéutica:

• Los reguladores tenían la responsabilidad de controlar las acciones de las compañías farmacéuticas (sponsors), pero el informe sugiere que les faltó voluntad o competencia para hacerlo efectivamente.
• Las compañías farmacéuticas aprovecharon la pandemia de COVID-19 para ejercer una fuerte influencia sobre los reguladores, quienes no cumplieron con su deber de moderar estos impulsos.

Conducta bajo supervisión regulatoria:

• No se identificaron actividades que fueran claramente ilegales. Aunque algunas acciones de las compañías farmacéuticas pueden considerarse inapropiadas, estas ocurrieron con la aprobación explícita o implícita de los reguladores.

Declaraciones y evidencias:

• Las afirmaciones públicas de las compañías farmacéuticas (como las tasas de eficacia iniciales y los beneficios para la transmisión comunitaria) estaban respaldadas por evidencia limitada. Sin embargo, estas no se consideraron falsificaciones intencionadas.
• El informe admite que la falta de contexto en las afirmaciones sobre eficacia y transmisión podría haber llevado al público a conclusiones equivocadas, pero técnicamente estas declaraciones cumplían con las normas legales y regulatorias.

Función del gran jurado

El gran jurado no tiene como función principal hallar culpables o emitir condenas. Su cometido es investigar hechos y recopilar evidencias para determinar si existen indicios de actividad delictiva o irregularidades significativas. Con base en sus hallazgos, el gran jurado puede emitir un informe, recomendar acciones legales y proponer cambios legislativos.

Es importante destacar que el Gran Jurado actúa como un cuerpo investigador y no como un tribunal. No emite veredictos ni declara culpabilidad, ya que esa tarea corresponde a los tribunales en el marco de un juicio justo.

Recomendaciones del informe:

1. Recomendaciones a nivel federa

1. Mayor transparencia

• Exigir que las compañías farmacéuticas publiquen de manera completa y oportuna los datos de los ensayos clínicos, incluyendo los estudios de seguimiento postcomercialización.
• Garantizar que los resultados de los estudios sobre eficacia y seguridad sean accesibles al público y a la comunidad científica sin restricciones.

b) Reforzar la vigilancia postcomercialización

• Mejorar los sistemas de farmacovigilancia existentes, como VAERS y VSD, asegurando que puedan detectar y comunicar de manera efectiva los eventos adversos raros.
• Implementar auditorías independientes para supervisar el cumplimiento de los estudios postcomercialización por parte de los fabricantes.

c) Revisar la estructura regulatoria

• Crear un órgano independiente que supervise las decisiones de las agencias regulatorias y evalúe posibles conflictos de interés.
• Promover la participación de expertos independientes en los comités de revisión de medicamentos y vacunas.

2. Recomendaciones a nivel estatal

• Supervisión local de efectos adversos

• Establecer mecanismos estatales para recopilar y analizar datos sobre efectos adversos de las vacunas administradas en cada jurisdicción.
• Desarrollar sistemas locales de reporte que complementen la información proporcionada por los sistemas federales.

b) Legislación estatal

• Proponer leyes que permitan a los estados intervenir y exigir estudios adicionales en caso de que se detecten riesgos significativos asociados a las vacunas.

3. Liberación de datos y auditoría independiente

• Solicitar que todas las entidades farmacéuticas involucradas publiquen los datos completos de sus ensayos clínicos, incluyendo los datos brutos.
• Realizar auditorías independientes para verificar la integridad de los datos presentados por los fabricantes y evaluar el cumplimiento de las regulaciones establecidas.

4. Mejorar la comunicación pública

• Desarrollar estrategias de comunicación que presenten de manera clara y objetiva los riesgos y beneficios de las vacunas, evitando el uso de mensajes sensacionalistas o politizados.
• Fomentar la educación científica de la población y la participación ciudadana en los procesos de revisión y supervisión de medicamentos.

Reacción de DeSantis

El gobernador en su cuenta de X reconoció que aun estaba leyendo las recomendaciones del informe, sin embargo publicó que el documento detalla “cómo las farmacéuticas mediante el engaño y el aprovechamiento de la “infraestructura de las revistas científicas” ocultaron los efectos adversos al público”.

DeSantis señaló que “las grandes farmacéuticas obtuvieron miles de millones de dólares en ganancias y el Gobierno federal amplificó los estudios “falsos”, mientras que suprimía cualquier oposición en contra de su narrativa preferida”.

Al final, subrayó que se debían seguir las recomendaciones del Gran Jurado: “El pueblo estadounidense merece transparencia sobre cómo las grandes farmacéuticas utilizan el dinero de sus impuestos federales y merece entidades reguladoras que operen como guardianes, no como comparsa de las farmacéuticas”.

cmenendez@diariolasamericas.com

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