Presentan en Miami iniciativa chilena para crear un tribunal que juzgue crímenes de lesa humanidad atribuidos al castrismo

El encuentro reunió a representantes del exilio cubano, activistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, y Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quienes detallaron los alcances de una propuesta que actualmente avanza en el Congreso chileno.

Según explicó Bolio, el proyecto contempla la creación de una instancia judicial con facultades para procesar delitos considerados de lesa humanidad bajo los principios de jurisdicción universal reconocidos por el derecho internacional.

“No en cualquier crimen, sino en los crímenes más graves que han cometido y que lesionan a la humanidad toda”, afirmó el jurista al señalar que la iniciativa se concentra en hechos que, por su naturaleza, trascienden las fronteras nacionales y pueden ser perseguidos por la comunidad internacional.

El abogado recordó que mecanismos similares han sido utilizados en distintos momentos de la historia para juzgar atrocidades masivas y sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de investigar conductas que afectan valores fundamentales protegidos por la legislación internacional.

Asimismo, señaló que la organización Justicia Cuba ha dedicado años a recopilar documentación, testimonios y otros elementos probatorios relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos atribuidas a integrantes de la estructura de poder cubana.

“Tenemos claramente señalados, con responsabilidad y con nombres, a 43 personas que son miembros de este régimen. Existen los testigos, los testimonios, las pruebas y las evidencias”, aseguró.

De acuerdo con su explicación, la iniciativa sigue actualmente el curso legislativo correspondiente en Chile y, una vez concluida esa etapa, correspondería a las autoridades de ese país avanzar en la conformación del eventual órgano judicial mediante la designación de magistrados y equipos investigadores encargados de desarrollar los casos.

Más allá del aspecto jurídico, Bolio destacó lo que describió como una histórica cercanía del pueblo chileno con la causa democrática cubana y afirmó que existe una comprensión cada vez mayor sobre la realidad que vive la isla.

“La simpatía que ha tenido el pueblo chileno con el pueblo cubano no es novedosa, es histórica”, expresó, al sostener que diversos sectores políticos y sociales de esa nación han manifestado respaldo a las aspiraciones de libertad y democracia de los cubanos.

Por su parte, Orlando Gutiérrez consideró que la propuesta refleja una tendencia internacional cada vez más visible de cuestionamiento al régimen cubano y de apoyo a mecanismos de rendición de cuentas por presuntos abusos cometidos durante décadas.

Durante su intervención, señaló que la eventual aprobación de la iniciativa podría fortalecer herramientas jurídicas para perseguir delitos considerados imprescriptibles por el derecho internacional y servir de referencia para futuras acciones en otras jurisdicciones.

El dirigente del exilio también afirmó que el respaldo internacional a las denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Cuba continúa ampliándose y mencionó recientes posiciones asumidas por gobiernos, legisladores y organismos extranjeros. A su juicio, la respuesta de la comunidad internacional contrasta con el silencio mantenido por las autoridades cubanas frente a las acusaciones formuladas contra algunos de sus principales dirigentes.

La conferencia tuvo lugar apenas un día después de que se hiciera pública en Miami una acusación penal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996, un caso que volvió a ocupar parte importante de las intervenciones durante el encuentro.

Bolio calificó esa decisión como un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sostuvo que la acusación se encuentra respaldada por elementos probatorios acumulados durante años de investigación.

“Esto no es simbólico ni político, es judicial. Existen las pruebas y existe una cadena de mando claramente documentada”, afirmó. Según explicó, las evidencias recopiladas durante décadas apuntan a que la decisión de derribar las aeronaves partió de los máximos niveles de la dirigencia cubana y fue ejecutada por quienes participaron directamente en la operación.

El presidente de Justicia Cuba consideró que el anuncio representa uno de los avances más relevantes en años dentro de los esfuerzos por establecer responsabilidades individuales por hechos atribuidos al régimen cubano. “Es un gran inicio”, señaló, al considerar que la acusación podría convertirse en un precedente para futuras acciones judiciales relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos.

Para los participantes, tanto la iniciativa impulsada desde Chile como los recientes procesos emprendidos contra figuras históricas del castrismo reflejan un escenario en el que las denuncias sobre abusos y restricciones a las libertades fundamentales en Cuba reciben una atención cada vez mayor en tribunales, parlamentos y foros internacionales.

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