Primer golpe legal contra decisión de alcalde de Miami Dade de cumplir requerimientos de ICE

De acuerdo con el juez Milton Hirsch, de la Corte del circuito judicial 11 del condado Miami-Dade, “los ‘detainers’ [requerimientos] no son evidencia de que se haya cometido un delito o de que alguien se encuentra en este país de manera ilegal. No son evidencia de nada. Sólo indica que ICE cree que hay bases para una mayor investigación”.

Lo decidido por Hirsch se dio por la solicitud de una persona de nacionalidad de haitiana que fue detenido por cometer una infracción de tránsito y quien podría enfrentar un proceso de deportación.

El juez le concedió a James Lacroix, el peticionario, el “writ of habeas corpus”, lo que significa que ordenó tanto al sistema de prisiones del condado como a ICE que muestren una razón válida que justifique la detención de esa persona. Si Lacroix logra demostrar que su encarcelamiento viola derechos constitucionales, debe ser dejado de inmediato en libertad.

Intromisión del gobierno federal

En su fallo, el juez Hirsch afirmó que ni el estado ni el Condado han hecho ninguna demanda contra el peticionario. Sin embargo, las autoridades penitenciaras del Condado han sido instruidas para mantenerlo detenido a nombre del gobierno federal, pero a expensas del Condado”.

Según Hirsch, en su documento legal, “una agencia federal [ICE] quiere que Lacroix sea un prisionero federal, pero demanda que el condado lo mantengan en prisión a nombre del gobierno federal. Este es un requerimiento que no puede hacer valer el gobierno federal porque le está prohibido por la constitución, y es un requerimiento que el gobierno local también tampoco puede cumplir por razones constitucionales”.

La decisión de fondo del juez, que podría afectar directamente la orden ejecutiva del presidente Trump sobre las llamadas “ciudades santuario” (que podrían enfrentar recortes de dineros federales si no hacen respetar las leyes migratorias) es que el gobierno federal, al presionar a los gobiernos locales a cumplir una orden, está violando la décima enmienda. No puede obligar a las autoridades locales a cumplir funciones federales.

Ciudad santuario

El alcalde Giménez argumentó su decisión de seguir la orden ejecutiva del presidente Trump porque el gobierno de Obama había calificado de “jurisdicción santuaria”. Y esto se debió a que la comisión del condado Miami-Dade, en 2013, decidió de manera unánime que el costo de retener a una persona, por orden de ICE, más allá del tiempo legal establecido, debía ser reembolsado por el gobierno central.

Y al ser considerada jurisdicción santuaria, la orden ejecutiva de Trump podría, según la administración condal, privar de 350 millones de dólares al presupuesto del condado. Al respecto, el juez escribió lo siguiente en su fallo: “la coerción lograda por la “hambruna financiera”no es menos efectiva que la lograda al esgrimir la punta de una espada. La primera toma más tiempo que la segunda, pero aquélla también podría ser más dolorosa”.

La administración del Condado Miami-Dade anunció hoy mismo que apelará la decisión del juez.

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