22 estados reaccionan ante el gobierno federal tras retomar regla de carga pública para solicitantes de residencia permanente

La demanda fue introducida en el Distrito Sur de Nueva York contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su secretario Markwayne Mullin, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y su director Joseph B. Edlow.

La voz cantante la lleva el estado de Nueva York y lo acompañan, entre otros, en el coro: California, Illinois, Massachusetts y Pensilvania, gobernados por demócratas.

La coalición de estados demócratas trata de bloquear la nueva política de la administración de Donald Trump “que permitiría a los funcionarios sancionar a los inmigrantes por el uso legal de beneficios públicos”.

En realidad, la norma de “carga pública” está vigente desde 2022. En julio de este año, USCIS informó sobre los cambios en el formulario I-485 según los cuales se modificaban las reglas de la administración de Joe Biden y que este 18 de septiembre entraban en vigor las nuevas reglas.

Independencia financiera

¿De qué se trata el cambio, en sí? Daniela Torres, abogada de migración y asesora legal de Migrants Foundation, explicó a finales de agosto a Diario Las Américas que específicamente va al elemento de inadmisibilidad a través de la carga pública: el gobierno quiere determinar la autosuficiencia económica de los solicitantes para garantizar que no serán carga de los contribuyentes.

Se aplica un criterio mucho más estricto que el de 2022 para asegurar esa independencia financiera del inmigrante que aplica para el Green Card.

“Han ampliado el tipo de ayudas que afectan este trámite. ¿Qué significa eso? Previamente, solo el uso de ciertas ayudas públicas se consideraba para determinar si alguien era inadmisible por carga pública. Cuando estas no eran directamente monetarias, no se consideraban. Se contaba solamente si la persona dependía del Estado mediante dinero en efectivo o si estaba internada en una institución médica a largo plazo pagada por el gobierno. De ahora en adelante, van a evaluar prácticamente cualquier ayuda pública que esté basada en ingresos”, sostuvo Torres.

El análisis se va a hacer de ahora en adelante con la totalidad de las circunstancias.

“En vez de solamente analizar si la persona tuvo ese tipo de ayuda directa y específica monetaria, ahora van a considerar todas las ayudas públicas. En general, lo están evaluando usando un estándar legal que es común acá, que se llama la totalidad de circunstancias”, acotó Torres.

En resumidas cuentas, los solicitantes de residencia permanente deben demostrar la autosuficiencia económica y que en el futuro no se convertirán en una carga pública para el Estado.

Mientras, Cioly Zambrano, paralegal en el bufete del abogado Elio Vásquez y magistrada venezolana en el exilio, explicó también en agosto a Diario Las Américas: “Ahora se les devolvió a los oficiales de USCIS la discreción total para evaluar si una persona puede convertirse en carga pública”.

Según USCIS, a quienes se consideren inadmisibles solo por la posibilidad de llegar a convertirse en carga pública, se les ofrecerá la posibilidad de pagar una fianza. El monto de esta fianza será determinado por el agente de inmigración, según cuánta asistencia del gobierno podría recibir el inmigrante durante los próximos cinco años.

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FUENTE: Con información de Telemundo47/ Diario Las Américas/EFE