@IlianaLavastida
Fabricar expedientes criminales contra quienes enfrentan a los regímenes totalitarios es una práctica común que convierte en blanco de ataque a los individuos, sin importar trayectoria ni desempeño social previo.
La reacción de Venezuela ante el fallo emitido el 7 de mayo por la Corte Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito de EEUU acerca de la demanda del empresario Nelson J. Mezerhane G., editor de DIARIO LAS AMÉRICAS contra el Gobierno de su país, es un ejemplo de cómo Caracas encara esos casos.
En noviembre del 2013, tras obtener el asilo político en EEUU, Mezerhane inició con la ayuda de sus abogados un proceso legal en reclamo de compensación por la expropiación de sus bienes en Venezuela.
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Hasta la fecha, la demanda permanece estancada ante la negativa de la parte impugnada para ser procesada fuera de su jurisdicción. Sin embargo, tras el anuncio del más reciente veredicto judicial, varios portales de noticias se hicieron eco de la versión oficialista, en la que aseguran que Mezerhane perdió su demanda.
Antecedentes del caso
En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, la periodista Gabriela Perozo, quien se desempeñó como reportera del canal Globovisión, recordó que los ataques a la figura de Mezerhane por su posición contra la radicalización del proceso social iniciado por Chávez en Venezuela comenzaron desde 2001.
“Mezerhane era un empresario como otros, que manejaba sus negocios y entre otras propiedades tenía el canal Globovisión”, recordó Perozo.
“Las amenazas públicas y señalamientos, que hacían mención a su nombre y apellidos, comenzaron a escucharse públicamente porque la televisora de la que era accionista se erigió como bandera de la oposición”, aseguró.
La reportera exiliada en Miami mencionó que el Gobierno comenzó a presionar a Mezerhane para que bajara el tono de las críticas que se emitían en la televisora, “bajo advertencia de que si no lo hacía, el resto de sus propiedades podían ser intervenidas. Recibió muchas presiones para cambiar la línea editorial. También le ofrecieron que vendiera la televisora pero, como no accedió, en represalia le expropiaron el Banco Federal”.
Sin embargo, entre los argumentos empleados por el Gobierno venezolano para negarse a discutir la demanda de Mezerhane se menciona que las empresas “fueron nacionalizadas por problemas de liquidez” y que por lo tanto “esa acción no viola la ley internacional”.
Un reporte de prensa del sitio digital www.aporrea.org, de marcado corte oficialista, asegura que las sentencias emitidas por tribunales estadounidenses sobre la demanda “evidencian el tamiz político de las pretensiones del empresario”.
Pero los hechos que antecedieron a la decisión de Mezerhane de buscar refugio en EEUU y la actitud emprendida por las autoridades de su país en su contra, exhiben la fabricación de un perfil para presentarlo como enemigo de la justicia.
Perozo, integrante del equipo de investigación que logró desmontar la trama de la fiscalía con la cual intentaron implicar a Mezerhane en el homicidio del fiscal venezolano Danilo Anderson, recuerda que en 2005 utilizaron a un hombre identificado como Jovany Vázquez, a quien presentaron como médico y que testificó en un juicio sobre una supuesta reunión en la que decía haber participado y sido testigo de que Mezerhane y otras tres personas habían planeado la muerte de Anderson.
“A partir del testimonio de ese testigo de la fiscalía se ordenó la detención de la periodista Patricia Poleo, del general retirado Eugenio Añez y de los empresarios Salvador Romaní y Nelson Mezerhane”, explicó Perozo.
“Ninguno de los cuatro tenían relación entre sí y el supuesto testigo, a partir de la investigación, terminamos demostrando que era un colombiano con nacionalidad fraudulenta al que contrataban para inventar testimonios y que durante los días de la supuesta reunión conspirativa estaba cumpliendo cárcel por otros delitos”.
“Ante la falta de pruebas, la fiscalía venezolana se vio obligada a liberar a los señalados pero, contrario a lo que indican la normas de la jurisprudencia, 10 años después, el caso aún se encuentra en archivo fiscal”, amplió.
Basado en este caso inconcluso por espacio de una década, Venezuela sostiene que Mezerhane es prófugo de la justicia de su país y, a pesar de que en 2010 se acogió al asilo político en EEUU, aseguran que sobre él pesa una orden de captura de la Interpol.
Argumentos de la demanda
Según lo establece un estatuto vigente en el derecho constitucional estadounidense, independientemente de que los estados soberanos son inmunes a la jurisdicción de otro Estado, el reclamo legal iniciado por el empresario seguirá su curso, “amparado en las excepciones reconocidas por la propia ley de EEUU”, explicó la abogada Gilda Pabón, asesora legal de Mezerhane.
“El capital de algunos de los negocios que tenía en Venezuela está siendo utilizado en territorio estadounidense por quienes manejan ahora mis bienes expropiados sin compensación”, declaró Mezerhane.
Bajo ese argumento y “amparado en mi condición de refugiado, continuaré con el reclamo del derecho que me ha sido negado”, sentenció.
Pabón precisó que “como persona que han despojado de su ciudadanía”, Mezerhane califica dentro de la convención internacional que brinda protección a quienes no tienen patria (“stateless”, término en inglés).
“Mientras Venezuela no acepte la mediación de un arbitraje neutral en la que el tribunal mediador del conflicto pertenezca a un país respetuoso de las leyes y los derechos humanos, la batalla legal va a continuar”, advirtió Mezerhane durante la entrevista.
Por el momento, su equipo legal está considerando dos opciones, solicitar una nueva audiencia a la propia Corte de Apelaciones que emitió el último fallo para que reconsidere el caso o presentar el reclamo ante la Corte Suprema de EEUU.
