Liliana Gómez, abogada de inmigración, advierte: fallo sobre parole da alivio, pero no elimina riesgos

La decisión, emitida tras una demanda colectiva, introduce un alivio inmediato, pero no resuelve el panorama migratorio ni garantiza estabilidad a largo plazo.

“Esto es un alivio, pero no es una solución definitiva”, advirtió en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada de inmigración Liliana Gómez, de la firma Gomez Quiles & Law al analizar el impacto del fallo.

“Las personas tiene que entender que esto no es para todos los casos”, agregó. “Aplica específicamente a quienes entraron por CBP One en la frontera”.

La especialista aclaró que el fallo responde a la cancelación, notificada en abril de 2025, que afectó a más de 900.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, aunque también pudo incluir a personas de otras nacionalidades. No obstante, su efecto legal se limita a un grupo específico.

Se trata de migrantes que ingresaron tras programar su cita mediante la aplicación CBP One, recibieron parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025, fueron notificados de su cancelación y permanecen actualmente en territorio estadounidense.

“El fallo protege únicamente a los afectados que aún tenían vigente su parole al momento de la cancelación”, precisó Gómez. “Si el permiso no había vencido, debería restaurarse hasta su fecha original”.

Liliana Gomez

En términos prácticos, esto significa que quienes contaban con autorización activa dentro del período de dos años deberían ver restituido su estatus.

Por ejemplo, todo aquel que ingresó en 2024 con un parole válido hasta 2026 recuperaría esa protección.

No obstante, el alivio es parcial y no alcanza a todos los migrantes.

“Las personas que no están cubiertas siguen, lamentablemente, en riesgo de detención por no contar con un estatus legal en el país”, puntualizó.

Desde el punto de vista legal, la magistrada enfatizó que el tribunal no cuestiona la autoridad del gobierno para cancelar el programa, sino la forma en que se ejecutó la medida.

“El problema no es que lo hayan terminado, sino cómo lo hicieron”, explicó. “El tribunal está señalando que no hubo una evaluación individual adecuada”.

Ese matiz abre la puerta a nuevos movimientos por parte del gobierno federal.

“Es muy probable que el gobierno apele la decisión y solicite un ‘stay’, lo que podría suspender su efecto inmediato”, señaló.

De ocurrir, el escenario volvería a cambiar en cuestión de semanas.

“El tribunal está diciendo que hay una forma correcta de hacerlo. Eso significa que podrían intentarlo nuevamente, pero siguiendo el procedimiento adecuado”, añadió.

Ante este panorama, la recomendación es actuar con cautela.

“Las implicados deben mantenerse informadas y no asumir que esto ya está resuelto”, subrayó Gómez.

Las personas que recibieron correos de cancelación en 2025 deben seguir de cerca el desarrollo del caso, ya que una eventual suspensión judicial podría modificar el alcance del fallo.

Si la decisión se mantiene vigente, el restablecimiento del estatus sería automático para quienes aún no habían agotado su período de parole.

Incluso en casos de detención, la resolución podría tener consecuencias inmediatas.

“Si una persona está detenida y su parole no había vencido, se puede solicitar su liberación basada en que actualmente cuenta con un estatus válido”, recomendó.

Aun así, la abogada insistió en que cada caso debe analizarse de manera individual.

“No hay una solución única. Todo depende de la situación de cada persona”, enfatizó.

Desde una perspectiva más amplia, Gómez considera que la decisión representa un avance importante, aunque no definitivo.

“Es una victoria significativa, pero esto no se ha terminado. Hay que ver qué pasa con la apelación y cómo evoluciona el proceso”, concluyó.