La voluntad del pueblo es el soporte de todo sistema democrático que se reivindica cada ciclo con las elecciones populares. Que una mayoría certificada se pronuncie a favor de la conducción de un sistema político es la plataforma universal que traduce la opinión de un país.
Elecciones: puerta de interrogantes
Sin embargo, hay tramas sustentadas en esas plataformas que son utilizadas para lograr intereses particulares que no precisamente están de acuerdo con la voluntad de cambio de un colectivo. En Centroamérica, la realización de elecciones, mas allá de esperanza, ha representado una rendija de sospechas con intenciones inquietantes.
Recientemente, en Honduras, declaraciones de Tony García, el asesor del excandidato presidencial de ese país Salvador Nasralla, levantaron sospechas en la opinión pública por la supuesta omisión de líderes del partido Libre en develar datos importantes en la contienda electoral de noviembre de 2017.
Opositores al presidente Juan Orlando Hernández argumentaban el triunfo en esas elecciones, reclamos que generaron un clima de tensión elevado. Decenas de fallecidos por estos enfrentamientos acapararon la atención del hemisferio, con pronunciamientos de mandatarios de la región, incluso con la participación de organismos multinacionales.
Un escenario que quizás pudo ser evitado, de acuerdo con las revelaciones de García ante medios de comunicación de Honduras. El asesor político confirmó la desaparición de 3.000 actas electorales que pudieran haber dado resultados comprobables sobre el triunfo que argumentaban para sostener el reclamo masivo.
“Fueron 3.000 actas de Libre que pudieron demostrar el triunfo, se esfumaron… Es algo que uno no quiere hablar porque habla mal de una estructura”, dijo Tony García al recapitular ante comunicadores hondureños sobre el extravío de documentos comiciales sin razón y que no fue notificado de manera formal para ese entonces.
Los periodistas presentes en la entrevista interpelaron a García sobre cuáles fueron las razones por las que no se dio a conocer de manera oportuna la desaparición de estas actas electorales, cuya responsabilidad estaría a cargo de la estructura del partido Libre.
Esta información en conocimiento masivo de manera oportuna habría aliviado la tensión sociopolítica hondureña, cuando los reclamos por el supuesto triunfo de la oposición de ese país generaban un clima de zozobra entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
De acuerdo a García, esta anomalía era conocida por Salvador Nasralla y Mel Zelaya, tras una “conversación interna”. También dijo que esperan por tener acceso a las claves de un código impreso en las actas. A partir de allí, podrían determinar si fueron realizadas de manera irregular, “esto demostraría la conspiración contra la voluntad del pueblo hondureño”.
Lo cierto es que a la calle fue lanzado el argumento de supuesto fraude sin evidencia, pues las actas no estaban en manos de los delegados. Se denunció un hecho sin pruebas, omitiendo información vital, a pesar del calentamiento de ánimos que provocaron los saldos que aún se lamentan en esa nación.
Sin duda, que la información es un poder y hay una delgada línea entre poseerla y retenerla; quizás entre las leyes hayan rendijas donde esta definición no precise la comisión de un delito, pero si deja claro en algunos escenarios la trasgresión de actos morales y éticos en perjuicio del pueblo.
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