La figura de Cilia Flores, a menudo señalada por su ambición y presunta interferencia en decisiones de Estado, fue cuestionada desde su presencia en reuniones militares.
La primera reunión del alto mando militar con Nicolás Maduro después de la toma de posesión en abril de 2013 tuvo un detalle que para los miembros de la Fuerza Armada resultó en una sorpresa desagradable y que rompía con el protocolo y el proceder histórico.
Los convocados sabían que el objetivo del encuentro sería un debate militar estratégico una vez acordada la designación del ministro de la Defensa, y la ratificación o no, de los comandantes de fuerzas; también se discutiría la política a seguir en medio del frágil y cuestionado resultado sobre el que se sostenía Maduro para asumir el nuevo gobierno.
Pero algo rompió lo que representaba protocolo sagrado a cumplir por el presidente electo y también jefe de la Fuerza Armada venezolana: al lado de Maduro estaba instalada Cilia Flores. Eso nunca había sucedido, ni tenía explicación, de hecho, era incorrecto, puesto que ella no ocupaba ningún cargo que justificara su presencia en una reunión de estrategia militar.
“Cilia no solo estuvo en toda la reunión; además opinó evidenciando ignorancia sobre el tema, pero revelando su intención de interferir en decisiones que superaban lo establecido en la Constitución”, me contó uno de los asistentes.
Y así sucedió. La historia ha probado que el asunto con Cilia fue a peor. De todo eso el primer gran responsable fue Hugo Chávez quien viendo irremediablemente cercana la hora de morir y al designar a Nicolás Maduro como sucesor, le impuso como condición que se casara con Cilia Flores con quien ya tenía 19 años de convivencia.
Sabía Chávez que Cilia, implacable, desalmada y ambiciosa, mantendría a Nicolás en el redil para cumplir con obediencia las decisiones del nuevo gobierno que una vez él muerto, continuaría bajo el control de la dictadura cubana.
El despotismo de Cilia había dado señales que cautivaron a Chávez al presidir durante cinco periodos el Parlamento, desde el 15 de agosto de 2006 hasta el 5 de enero de 2011, con un estilo de mando que acumuló denuncias de atropellos. Profesionales y técnicos no solo fueron hostigados, además se vieron obligados a abandonar sus puestos al negarse a una ilegal sumisión.
Su ejercicio como primera dama no dejó lugar a dudas de su ambición y ausencia de moral. Desde Miraflores, Cilia dirigió una organización criminal que le produjo miles de millones de dólares, recibiendo dinero del narcotráfico al actuar con su marido en operaciones de tráfico de cocaína, usando para su objetivo incluso militares armados, con el agravante de que en ocasiones la droga comercializada estaba bajo control del Estado.
La lista de señalamientos contra Cilia Flores es extensa y variada. Ella y sus adláteres se encargaron de extender el terror en varios territorios. De esta manera los colectivos no solo fueron usados para negocios ilícitos: Cilia también dirigió la violencia organizada para imponer su disciplina y abortar la protesta social, aplastando la disidencia política.
Además, convirtió a su familia en la primera gran banda delictiva del país. Los narcosobrinos resultaron tan solo una pequeña muestra de cómo convirtió nuestro país en el patio de variados grupos destinados al asalto del erario venezolano.
Para lograr su objetivo Cilia Flores decidió tomar el control de todas las instituciones. Al respecto, familiares, antiguos colaboradores y personas de su entorno político han ocupado posiciones en el universo de la justicia desde el Tribunal Supremo, pasando por la judicatura penal, el Ministerio Público, extendiendo su presencia a otros entes del Estado como el Consejo Nacional Electoral y por supuesto que también, como registró Transparencia Venezuela, mantuvo control en la Asamblea Nacional, en la Procuraduría Nacional, la Tesorería, Pdvsa y los organismos responsables de distribuir recursos públicos, ubicando en cada área un miembro directo o indirecto de su extensa familia.
Ahora, Cilia Flores, ex primera dama, ya no tan combatiente, y su esposo Nicolás Maduro permanecen en prisión preventiva en espera de un juicio previsto para el 1 de junio de 2027, mientras cada uno duerme en una celda de una prisión federal de Nueva York dentro del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn.
En el caso específico de Cilia Flores, la Fiscalía le imputa responsabilidad personal de haber contribuido a desarrollar el sistema represivo y haber ordenado torturas.
A Cilia también le fue negado, tal como pretendía su defensa, el arresto domiciliario por razones médicas. El tribunal ratificó que seguirá en prisión y que debe responder por su participación en narcotráfico, cobro de sobornos y la utilización de grupos armados para proteger operaciones criminales, en perjuicio de millones de venezolanos.
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