Michelle Bachelet y el gobierno que abrió la puerta a la refundación

Durante dos décadas, los gobiernos de la Concertación habían combinado economía abierta, responsabilidad fiscal, iniciativa privada y políticas sociales. Chile experimentó una extraordinaria reducción de la pobreza, expansión de las clases medias, modernización material y estabilidad democrática. Persistieron injusticias y problemas importantes, pero el país había demostrado que crecimiento económico y progreso social podían reforzarse mutuamente.

Las movilizaciones estudiantiles de 2011 modificaron aquel horizonte. La crítica al endeudamiento y al lucro educacional se transformó en una impugnación del «modelo». El programa de Bachelet de 2013 recogió esa interpretación y anunció un «nuevo ciclo político y social» sustentado en reformas estructurales: tributarias, educacionales y constitucionales.

La incorporación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría simbolizó esta nueva realidad. La antigua Concertación incorporaba una fuerza de tradición marxista que no había participado de los gobiernos posteriores a 1990. Dentro de una misma coalición convivían la Democracia Cristiana, la izquierda renovada y un partido que mantenía posiciones favorables hacia el régimen cubano.

El cambio coincidía con la denominada ola rosa latinoamericana. Bachelet no incorporó a Chile al eje bolivariano. Defendió los intereses nacionales frente a Bolivia y participó en el Grupo de Lima, crítico del régimen venezolano. Pero la nueva coalición contenía sensibilidades muy diferentes acerca de Cuba, Venezuela y los límites democráticos del poder.

Las transformaciones alcanzaron también la comprensión de la persona. El Acuerdo de Unión Civil modificó el reconocimiento jurídico de determinadas relaciones afectivas y la ley de aborto en tres causales introdujo un cambio antropológico fundamental. Las situaciones contempladas eran dramáticas, pero ninguna modificaba la dignidad del concebido. La vida humana no adquiere valor por la salud, las circunstancias de la concepción ni la voluntad de terceros.

El problema excedía la legislación sanitaria. La autonomía individual comenzaba a adquirir una capacidad creciente para determinar jurídicamente bienes anteriores a la voluntad. Pero la libertad no es simple capacidad de elección. Es una perfección de la persona porque permite conocer y querer el bien. Tampoco la igualdad de dignidad significa inexistencia de diferencias ni autoriza a transformar toda desigualdad en una estructura de dominación.

La reforma educacional fue el laboratorio del nuevo ciclo. La eliminación progresiva del copago, la prohibición del lucro en establecimientos subvencionados, las nuevas reglas de admisión y la desmunicipalización modificaron profundamente el sistema. El gobierno también impulsó el desarrollo profesional docente, pero el centro político de la reforma estuvo en una nueva estructura institucional.

La reforma tributaria debía financiar aquellas transformaciones. Su complejidad obligó a corregirla mediante una simplificación legislativa en 2016. La economía perdió dinamismo, aunque también influyeron factores internacionales. Pero el problema de fondo era anterior a las cifras. La riqueza que el Estado distribuye debe ser previamente creada mediante trabajo, ahorro, inversión e iniciativa empresarial. Una sociedad no puede construir derechos sociales sostenibles debilitando las condiciones que permiten financiarlos.

En salud hubo realizaciones importantes, como la Ley Ricarte Soto y la inversión hospitalaria. Pero el Estado puede garantizar determinadas prestaciones, no producir ilimitadamente la salud. La distancia entre derechos declarados y capacidades reales constituye uno de los límites fundamentales del Estado garante.

La nueva Constitución debía culminar el proyecto. Bachelet organizó consultas y cabildos y presentó en marzo de 2018 una propuesta constitucional. No pretendía romper la institucionalidad, pero legitimó desde la Presidencia la tesis de que ya no bastaba con reformar la Constitución existente: era necesario sustituirla.

La Nueva Mayoría terminó dividida. Para sectores de la antigua Concertación, las reformas amenazaban equilibrios que habían permitido el progreso chileno. Para la nueva izquierda surgida de 2011, eran insuficientes. El Frente Amplio recogió aquella crítica y la llevó más lejos.

Octubre de 2019 tuvo múltiples causas y no puede atribuirse a Bachelet. Pero el lenguaje del agotamiento del modelo, las desigualdades estructurales y la nueva Constitución ya estaba instalado. La Convención de 2021-2022 convirtió esa crítica en una propuesta mucho más radical, con plurinacionalidad, sistemas jurídicos indígenas, reorganización territorial y una nueva concepción de derechos e identidades.

Gabriel Boric llegó a La Moneda durante aquel proceso. No controló la Convención, pero pertenecía a la generación que había construido su identidad cuestionando los consensos de la transición.

El 4 de septiembre de 2022, el 61,86 % rechazó la propuesta constitucional. La voluntad de cambio no equivalía a aceptar aquel proyecto refundacional.

La secuencia resulta esclarecedora. La Concertación quiso reformar; Bachelet quiso transformar estructuras; la nueva izquierda avanzó hacia la refundación.

Bachelet no fue un gobierno refundacional. Respetó la institucionalidad y la alternancia democrática. Pero convirtió las transformaciones estructurales en programa del Estado y abrió el horizonte político que otros radicalizarían.

La política puede corregir injusticias y reformar instituciones. No puede reconstruir a voluntad la naturaleza humana ni considerar la sociedad como material disponible para sus proyectos. La vida, la familia, la libertad y las comunidades poseen una consistencia anterior al Estado.

Bachelet no llevó a cabo la refundación, pero fue el gobierno que le abrió la puerta.

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