Jamás pensé escribirle tantas cartas a un político en tan breve tiempo. Sólo tengo felicitaciones para usted y para el presidente Trump, porque con el encausamiento judicial de Raúl Castro -que debió de haber sido encausado hace mucho- en tribunales de Estados Unidos, han dado ustedes comienzo al Núremberg del comunismo, que es algo que también debió de haberse hecho hace mucho tiempo en los países que padecieron el comunismo, y en lo que he venido insistiendo desde hace décadas que deberá hacerse en Cuba. Lo dije yo primero, lo subrayo, porque luego vendrán otros y se sumarán a mi demanda sin citarme -ya sabemos cómo son los cubanos. El próximo paso debiera ser el de la libertad radical de Cuba, por la vía que sea, hacia un cambio también radical, que contemple desde luego la prohibición del comunismo, del partido comunista, y de todo lo que huela o se asemeje a comunismo; para que nada de lo que han padecido los cubanos lo vuelva a padecer ningún otro ciudadano del mundo.
Séptima carta a Marco Rubio
Para Cuba, uno de los primeros desafíos sería establecer una verdad pública verificable sobre lo ocurrido durante décadas
La discusión sobre el futuro de Cuba ya no gira sólo en torno al cambio político, sino también alrededor de una pregunta más incómoda: qué hacer con décadas de represión, control institucional y ausencia de garantías básicas. Ese debate, que durante años permaneció en los márgenes, hoy aparece con más fuerza entre juristas, activistas y analistas que consideran inviable una apertura real sin algún tipo de rendición de cuentas. El punto de partida es claro: una “transición” (yo prefiero cambio radical) no puede limitarse a relevar nombres o a reformar discursos si deja intactas las estructuras que hicieron posible los abusos.
En ese contexto, cobra importancia la llamada justicia transicional, por etapas rápidas: un conjunto de medidas utilizadas en países que pasaron de regímenes autoritarios a sistemas más abiertos. No se trata sólo de juicios. Incluye investigación de abusos, reconocimiento a las víctimas, reparación legal y reformas destinadas a impedir que los hechos se repitan. La experiencia internacional demuestra que las democracias nacientes suelen quedar debilitadas cuando prefieren el silencio o la impunidad como fórmula de estabilidad. En otras palabras, cerrar una etapa exige algo más que voluntad política: requiere mecanismos creíbles, reglas claras y capacidad institucional.
Para Cuba, uno de los primeros desafíos sería establecer una verdad pública verificable sobre lo ocurrido durante décadas. Eso implica documentar violaciones de derechos, revisar archivos, identificar responsabilidades y recoger testimonios de quienes sufrieron cárcel, hostigamiento, vigilancia o exilio. Sin ese trabajo previo, cualquier intento de reconstrucción institucional quedaría apoyado en una base frágil. El problema no es sólo jurídico. También es político: un país que no aclara los hechos más graves de su pasado corre el riesgo de arrastrarlos hacia el futuro bajo nuevas formas, y nuevas caras. Otros Castro pudieran reprogramarse bajo disfraces camaleónicos.
Luego viene la cuestión central: a quién investigar, por qué hechos y bajo qué criterios. Todo cambio radical enfrenta la tensión entre castigar y estabilizar. Si se actúa sin pruebas, el proceso pierde legitimidad. Si no se actúa, la impunidad erosiona el nuevo orden desde el inicio. Por eso, los procesos más serios suelen concentrarse en las violaciones más graves y en los niveles más altos de responsabilidad, siempre con debido proceso y tribunales independientes. La diferencia entre justicia y revancha está precisamente ahí: en la fuerza de la ley, no en el impulso de la coyuntura.
Pero la rendición de cuentas no termina en los tribunales. También obliga a revisar instituciones, depurar prácticas y reparar a quienes fueron perjudicados por decisiones arbitrarias. Eso puede traducirse en restitución de derechos, anulación de condenas políticas, acceso a expedientes, reconocimiento oficial y programas de apoyo para víctimas y familiares. Al mismo tiempo, cualquier cambio serio requeriría reformas de fondo: independencia judicial, libertades públicas, control del aparato de seguridad y garantías efectivas para la discrepancia política. Sin esas bases, la “transición” o cambio radical corre el riesgo de quedarse en un recambio superficial. No se trata de ir a reconstruir edificios, sino a reconstruir sobre todo almas; y esas almas llevan caras que exigirán ser reconfortadas espiritual y materialmente.
La experiencia comparada deja una lección simple: ningún país resuelve de verdad su crisis institucional mirando hacia otro lado. Cuba no sería la excepción. Si alguna vez se abre una etapa de cambio real, el desafío no consistirá únicamente en desmontar un sistema político, sino en demostrar que el Estado puede dejar atrás la arbitrariedad y someterse a reglas. La pregunta de fondo no es sólo cómo termina una dictadura, sino cómo empieza una república, y cada familia debiera erigirse en república propia. Y, esa respuesta, tarde o temprano, pasa por la rendición de cuentas.
Estimado Marco Rubio, métale mano, sea implacable. La venganza con vergüenza es un plato que alimentará de manera muy nutritiva la esperanza de una Cuba luminosa, sin una mancha en la frente ni en el corazón.
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