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OPINIÓN

Roma y la invención del populus

Los romanos nunca entendieron el pueblo como una multitud circunstancial. Tampoco como una masa movilizada por las emociones del momento

Por JUAN CARLOS AGUILERA P

Si Grecia descubrió la política, Roma descubrió su permanencia. La polis griega había mostrado cómo una comunidad de ciudadanos podía gobernarse a sí misma. Pero su horizonte seguía siendo relativamente reducido. Roma afrontó un desafío completamente distinto: cómo conservar la unidad política de una comunidad que no dejaba de crecer, incorporando pueblos diversos sin perder su identidad. La respuesta fue una de las mayores creaciones institucionales de la historia: el populus Romanus.

Los romanos nunca entendieron el pueblo como una multitud circunstancial. Tampoco como una masa movilizada por las emociones del momento. Para ellos, el pueblo era una realidad histórica configurada lentamente por generaciones enteras. No era únicamente el conjunto de quienes vivían en Roma; era una comunidad unida por el derecho, por las magistraturas, por las costumbres, por la religión cívica y por una memoria compartida.

Quizá ningún pueblo haya tenido una conciencia tan intensa de la continuidad histórica como el romano. La República no pertenecía exclusivamente a quienes la gobernaban en un momento determinado. Era una obra recibida de los antepasados y destinada a quienes todavía no habían nacido. Gobernar significaba custodiar una herencia antes que satisfacer una demanda inmediata.

Gran parte de la política contemporánea vive prisionera del corto plazo. Las elecciones, las encuestas, las redes sociales y la comunicación instantánea empujan constantemente hacia el presente. Roma pensaba exactamente al revés. Ninguna decisión política podía comprenderse sin considerar el pasado que la había hecho posible ni el futuro al que debía servir.

Esa continuidad encontraba su expresión en una expresión: el mos maiorum, la costumbre de los mayores. No se trataba simplemente de respetar tradiciones antiguas por nostalgia. El mos maiorum constituía la memoria moral de la República. Era el conjunto de virtudes, hábitos e instituciones que habían permitido a Roma sobrevivir generación tras generación.

Por eso el pueblo romano nunca podía reducirse a quienes se encontraban vivos en un momento determinado. El pueblo incluía simbólicamente a los antepasados cuya obra seguía dando forma a la comunidad y a las generaciones futuras que recibirían esa herencia.

Aquí aparece una diferencia con buena parte de la teoría política moderna. El contractualismo imaginará la sociedad como un acuerdo celebrado exclusivamente entre individuos presentes. Roma habría considerado esa idea incomprensible. Ninguna comunidad política comienza desde cero. Toda comunidad nace dentro de una historia previamente existente.

Este punto fue comprendido por Edmund Burke muchos siglos después al definir la sociedad como un pacto entre los vivos, los muertos y los que todavía no han nacido. Aunque Burke escribía respecto de la Revolución Francesa, su consideración era profundamente romana. Una comunidad política no puede reinventarse cada generación sin destruir aquello mismo que pretende conservar.

Pero el mayor teórico romano del pueblo fue, sin duda, Marco Tulio Cicerón.

En el primer libro de De re publica encontramos probablemente la definición más influyente de pueblo en toda la tradición occidental:

"El pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino una multitud asociada por el consentimiento acerca del derecho y por la comunidad de intereses."

Esta frase merece una lectura pausada.

Cicerón comienza descartando la idea más sencilla y, al mismo tiempo, la más equivocada. Una reunión numerosa de personas no constituye todavía un pueblo. La cantidad no basta. La proximidad física tampoco. Ni siquiera la residencia en un mismo territorio resulta suficiente.

Lo que convierte una multitud en pueblo es otra cosa.

En primer lugar, el consenso acerca del derecho (iuris consensu). No significa unanimidad política ni coincidencia permanente en todas las decisiones. Significa reconocer un mismo orden jurídico como propio. La ley deja de ser una imposición externa para convertirse en el lenguaje común de la convivencia.

En segundo lugar, la comunidad de intereses (utilitatis communione). Conviene advertir que Cicerón no está pensando en intereses privados. Se refiere a aquellos bienes cuya conservación beneficia a toda la comunidad: la paz, la justicia, la seguridad, la estabilidad institucional y la prosperidad compartida.

Solo cuando concurren ambas condiciones existe verdaderamente un pueblo.

La consecuencia aparece inmediatamente después. Si la República es, como afirma Cicerón, la res publica, entonces literalmente significa la cosa del pueblo. Pero únicamente puede pertenecer al pueblo aquello que previamente ha sido configurado por él como comunidad jurídica y moral.

La República no pertenece al gobierno, tampoco pertenece a los partidos, ni siquiera pertenece a la mayoría circunstancial. Pertenece al pueblo porque el pueblo constituye la realidad política permanente que sobrevive a todos los gobiernos.

Resulta significativo que Cicerón no hable nunca de soberanía en el sentido moderno del término. Lo que mantiene unida a la República no es un poder absoluto concentrado en una única instancia. Es una compleja arquitectura de magistraturas, leyes, costumbres, Senado, ciudadanía y virtudes cívicas que limitan recíprocamente el ejercicio del poder.

En consecuencia, el pueblo tampoco aparece como una voluntad ilimitada capaz de decidir cualquier cosa. Incluso el pueblo permanece sometido al derecho y a la justicia. La ley natural constituye un horizonte anterior a las decisiones políticas.

Aquí reside probablemente una de las mayores diferencias entre la tradición clásica y algunas concepciones modernas de la llamada soberanía popular. Para Cicerón, el pueblo no crea la justicia. La reconoce.

La política descubre un orden moral que no depende exclusivamente de la voluntad humana.

Este planteamiento explica igualmente por qué Roma nunca confundió el pueblo con la plebe.

La plebs constituía uno de los órdenes de la ciudad. Su incorporación progresiva a la vida pública representa uno de los grandes logros de la República. Sin embargo, incluso después de los conflictos entre patricios y plebeyos, el populus continuó significando la totalidad del cuerpo político.

Esta distinción merece especial atención porque reaparecerá continuamente a lo largo de la historia.

Cada vez que una parte pretende identificarse con el pueblo entero, la comunidad comienza a fracturarse. Ocurrirá durante la Revolución Francesa, cuando determinados sectores revolucionarios afirmen representar por sí solos a la nación; con Marx cuando el proletariado pase a ser considerado el sujeto exclusivo de la historia; con numerosos populismos contemporáneos que identifican el pueblo únicamente con quienes apoyan un determinado proyecto político.

Roma habría visto inmediatamente el problema. Ninguna parte puede apropiarse del todo sin destruir el propio concepto de pueblo.

Existe además otra enseñanza romana que suele pasar inadvertida, pues el pueblo era una realidad profundamente institucional. No existía al margen de las magistraturas, del Senado, de los tribunales, de los municipios, del ejército o de las asambleas. Todas esas instituciones no limitaban al pueblo. Eran precisamente las formas mediante las cuales el pueblo se hacía presente en la historia.

La política contemporánea suele presentar las instituciones como obstáculos frente a la voluntad popular. Desde una perspectiva romana, semejante oposición carecería de sentido. Sin instituciones no existe pueblo duradero. Solo quedan individuos aislados o multitudes ocasionales.

El derecho romano ofrece aquí una lección extraordinaria. Las instituciones poseen memoria. Conservan experiencias acumuladas durante generaciones. Impiden que cada crisis destruya completamente el edificio político. Gracias a ellas, el pueblo puede sobrevivir incluso cuando cambian los gobiernos, las mayorías o las circunstancias históricas.

No es casual que Roma desarrollara también una noción particularmente exigente de la ciudadanía. Ser ciudadano romano no consistía únicamente en disfrutar de determinados derechos. Implicaba asumir responsabilidades concretas respecto de la República. El servicio militar, el cumplimiento de la ley, el desempeño de magistraturas y la participación en la vida pública formaban parte de una misma comprensión del bien común. El ciudadano no era simplemente un beneficiario del orden político, era uno de sus custodios. Quizá sea esta la diferencia más profunda entre la tradición republicana clásica y buena parte de la sensibilidad contemporánea. Hoy solemos pensar la ciudadanía desde el lenguaje de los derechos, los romanos la pensaban simultáneamente desde los deberes.

No porque despreciaran los derechos, sino porque comprendían que ningún derecho puede sostenerse durante mucho tiempo si desaparecen las responsabilidades compartidas que hacen posible la existencia de una comunidad política.

Esta inversión cultural explica en parte muchas de las dificultades actuales de las democracias occidentales. Allí donde los ciudadanos dejan de sentirse responsables de la continuidad de la comunidad, el pueblo comienza lentamente a convertirse en una simple población administrada por el Estado.

Roma comprendió que la política exige algo más, memoria, instituciones, virtudes, una conciencia de pertenencia capaz de atravesar generaciones enteras. Por eso el populus Romanus no fue únicamente una categoría jurídica, fue una forma de comprender la vida en común.

Sin embargo, esa concepción todavía experimentará una transformación decisiva. El cristianismo conservará gran parte de la herencia clásica, pero la ampliará de un modo completamente nuevo. El pueblo dejará de ser únicamente una comunidad política para convertirse también en una comunidad espiritual e histórica abierta a todos los hombres y que lejos de sustituir al pueblo civil, permitirá comprender con mayor profundidad la dignidad de toda comunidad humana y los límites de todo poder político.

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