Teniente coronel Deibis Mota sigue preso pese a que cumplió condena y denuncia torturas en la cárcel

Fueron apenas 30 minutos. Después de meses sin saber con certeza dónde estaba su hijo, Narcí Nagel Montero de Mota llegó el 13 de marzo de 2026 a la cárcel militar de Guasiparo, en Charallave, estado Miranda, y pudo verlo. Según el propio preso, ella le confesó que sus lágrimas se habían quedado afuera.

Ese hijo es el teniente coronel del Ejército Deibis Esteban Mota Marrero, quien lleva más de ocho años privado de libertad. Fue detenido el 2 de marzo de 2018 y condenado a siete años y seis meses de prisión. Según la documentación de su caso, cumplió la pena en septiembre de 2025. Aun así, no recuperó la libertad.

«Fui recibido a golpes, estando esposado y atado de manos»

— Deibis Mota, en su carta del 22 de octubre de 2026

De Ocumare del Tuy al mando de un batallón

Su historia comenzó lejos de los despachos militares. Su abogado, Alonso Medina Roa, lo describe como un hombre de una familia «muy humilde, muy trabajadora, muy unida», originaria de Ocumare del Tuy. Tiene un hijo. Con los años llegó a ser el primer comandante del 413 Batallón Blindado «General de División Pedro León Torres», adscrito a la 41.ª Brigada Blindada, en el estado Carabobo.

El 2 de marzo de 2018 recibió una llamada de sus superiores y acudió a la oficina del comandante de la brigada. Ese día su vida cambió. Según el relato recogido por Naciones Unidas, fue interrogado por su supuesta participación en una reunión conspirativa y detenido por funcionarios de la Dgcim, sin orden de aprehensión.

Su defensa sostiene que aquellas reuniones eran conversaciones sobre la situación dramática de la tropa, sus carencias y deficiencias. Según el abogado, esas conversaciones terminaron convertidas en acusaciones de conspiración.

Su familia se enteró de la detención al día siguiente. Tuvo que ir hasta la sede de la Dgcim en Valencia para confirmar dónde estaba.

Una condena cumplida y una puerta que no se abrió

El 16 de diciembre de 2020 fue condenado por instigación a la rebelión militar. La sentencia fue ratificada después por el Tribunal Supremo de Justicia. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares por el riesgo para su vida, su integridad y su salud. En 2025, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria su detención y pidió su liberación inmediata.

Pero la puerta no se abrió. Según su abogado, durante la ejecución de la pena se le desconocieron las medidas alternativas previstas en la ley y el tribunal nunca notificó el auto de ejecución.

Meses después de cumplir la condena, y estando aún recluido, se abrió contra él una nueva causa por supuestas reuniones conspirativas dentro del propio centro penitenciario. Su abogado afirma que fue presentado ante un tribunal por vía telemática y que no se garantizó su derecho a designar a su defensor de confianza.

«Fui recibido a golpes»

En una carta manuscrita titulada «Denuncia» y fechada el 22 de octubre de 2026, Mota relata lo que asegura haber vivido desde su traslado. Según su testimonio, el 2 de noviembre de 2025 lo llevaron de Ramo Verde a Guasiparo. Allí lo recibieron funcionarios encapuchados del Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas). Afirma que lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron y le colocaron una capucha negra. También dice que lo obligaron a desnudarse durante una revisión.

Describe después un encierro con poca agua, poca comida y sin artículos de aseo, con una sola muda de ropa para dormir. Escribe que pasó 110 días sin ver el sol.

Meses sin saber de él

Su familia, según el relato, no lograba saber dónde estaba. Su esposa acudió a la Fiscalía General de la República. Sus allegados tocaron las puertas de la dirección de Cenapromil, donde, según la carta, les respondieron que no podían darles información sobre su paradero.

La primera llamada a sus familiares llegó el 14 de febrero de 2026. El 5 de marzo hizo una huelga de hambre pacífica. Ocho días después llegó su madre, con sus 30 minutos.

Debis Mota afirma que el 10 de noviembre de 2025 le entregó una denuncia al entonces ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio Zerpa, quien le dijo que averiguaría lo ocurrido. Asegura que nunca recibió respuesta.

Una libertad que no llega

En abril de 2026 se celebró una audiencia preliminar. Mota escribe que, con su abogado presente, el juez les «dio libertad y sobreseimiento». Pero denuncia que, tras exponer las torturas en sala, no le entregaron las actas, y su abogado tampoco recibió copia. Sin ese documento, el alcance de aquella decisión no puede verificarse. Según la defensa, el expediente espera ahora juicio oral ante el Tribunal Militar Primero de Juicio.

El 14 de agosto de 2026, según la carta, nueve detenidos de la misma causa fueron liberados. Él siguió preso.

Sus denuncias son testimonio personal y aún requieren contraste con documentos y con la versión de las autoridades señaladas. Pero la pregunta de fondo no cambia: ¿por qué sigue preso un militar que ya cumplió su condena y cuya detención la ONU consideró arbitraria? Mientras tanto, una madre espera, un hijo crece con su padre tras las rejas y una familia de Ocumare del Tuy sigue buscando respuestas.

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FUENTE: El Nacional