A 30 años de un crimen que permanece impune

Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., de 45 años; Carlos Costa, de 29; Mario Manuel de la Peña, de 24; y Pablo Morales, también de 29. Todos participaban como voluntarios en vuelos humanitarios destinados a localizar refugiados cubanos que intentaban alcanzar las costas estadounidenses en embarcaciones improvisadas.

Misión humanitaria

Hermanos al Rescate fue fundada en 1991 y estaba dirigida por el activista prodemocracia José Basulto. La organización surge en medio de la crisis migratoria que llevó a miles de cubanos a lanzarse al mar en balsas precarias, enfrentando tormentas, deshidratación y ataques de tiburones.

Los voluntarios sobrevolaban el Estrecho de Florida en pequeñas aeronaves Cessna para localizar náufragos, lanzarles agua y alimentos, y alertar a la Guardia Costera de Estados Unidos para su rescate. Según datos públicos, el grupo de voluntarios contribuyó a salvar miles de vidas. Incluso fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz.

En aquel contexto, la política migratoria estadounidense también atravesaba cambios significativos. En 1995, la administración del presidente Bill Clinton limitó la admisión automática de balseros, estableciendo la política conocida como “pies secos, pies mojados”. En otras palabras, quienes llegaran a tierra estadounidense serían aceptados, quienes fuesen interceptados en alta mar, serían repatriados.

Años después, en 2017, el presidente Barack Obama puso fin a ese mecanismo como parte de unas negociaciones con Cuba que estarían encaminadas a un acercamiento diplomático y una apertura política en la isla caribeña que no sucedió.

El derribo

El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna 337 despegaron desde el sur de Florida en busca de refugiados cubanos.

Minutos después, los pilotos informaron al centro de vigilancia en Cuba, como siempre hicieron, sobre la ruta a seguir. Pero más tarde, dos aviones caza MiG-29 cubanos despegaron para interceptar las tres aeronaves.

Uno de los MiG-29 cubanos derriba la primera avioneta, después de confirmar la identidad del objetivo a militares cubanos en tierra.

Otro MiG-29 derribó la segunda aeronave sin previo aviso, tras confirmar a tierra cubana la presencia del pequeño avión.

Uno de los Mig-29 persiguió el tercer avión Cessna, pero este tomó rumbo norte y entró en el espacio aéreo controlado por EE UU y el caza cubano recibió la orden de Cuba de suspender la persecución.

El régimen cubano argumentó entonces que las avionetas habían violado su espacio aéreo y acusaron a Hermanos al Rescate de lanzar proclamas antigubernamentales sobre La Habana días antes. Con esta versión, intentaron justificar la acción militar de los militares cubanos esgrimiendo la defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, el informe final de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó que las avionetas fueron abatidas en aguas internacionales, al norte del paralelo 24, que marca el límite territorial cubano. El reporte también indicó que los pilotos no fueron advertidos ni contactados antes del ataque, como establecen las normas internacionales de aviación civil.

El derribo fue presenciado desde el crucero Majesty of the Seas, el pesquero estadounidense Tri-Liner y la tercera avioneta de la propia organización, pilotada por José Basulto, líder del grupo humanitario, en la que también viajaban Sylvia Iriondo y su esposo, logró escapar la agresión.

Inclusive el barco pesquero registró la posición del derribo a 9 millas al norte del límite marítimo cubano.

Años después, Fidel Castro reconoció públicamente haber autorizado el ataque y derribo de las avionetas.

Repercusiones

Los hechos provocaron una inmediata condena internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU deploró el ataque, aunque China y Rusia, por ser aliados de Cuba, se abstuvieron. En Washington DC, la administración Clinton impulsó nuevas sanciones contra la cúpula gobernante cubana, incluida la aprobación de la Ley Helms-Burton, que endureció entonces el embargo comercial contra el régimen dictatorial.

La entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, calificó el derribo como un acto de cobardía y defendió la necesidad de una respuesta firme, y, en respuesta a lo que uno de los pilotos cubanos agresores dijo, surgió la célebre frase: “This is not cojones. This is cowardice”.

De hecho, la escritora Lily Prellezo entrevistó a más de 100 personas asociadas con Hermanos al Rescate para plasmar la historia del grupo humanitario y publicó en inglés Seagull One: The Amazing True Story of Brothers to the Rescue (University Press of Florida, 2010), o la asombrosa verdadera historia de Hermanos al Rescate.

En esta publicación, Prellezo refleja las memorias de la organización solidaria que salvó de la muerte a 4.200 balseros cubanos en el Estrecho de Florida, compuesta por cerca de 20 nacionalidades, hombres y mujeres, que denotaron la semblanza multicultural de Miami para salvar las vidas de personas que probablemente nunca conocieron después.

Búsqueda de justicia

En el ámbito judicial, Gerardo Hernández, identificado como líder de una red de espionaje cubano en Estados Unidos, conocida como Red Avispa, fue condenado por conspiración relacionada con el derribo. Recibió dos cadenas perpetuas. Sin embargo, en 2014 fue liberado como parte del acuerdo que restableció relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana durante la presidencia de Obama.

Para familiares de las víctimas y el exilio cubano, el caso no se ha cerrado. Aunque hubo condenas políticas, sanciones, fallos civiles contra el Estado cubano e incluso indemnizaciones, no se produjo un juicio penal internacional contra los responsables militares.

De las acusaciones oficiales y manejos diplomáticos, Maggie Alejandre Khuly, hermana de Armando, manifestó, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS: “Podemos decir que el Gobierno de Estados Unidos no tuvo voluntad política para hacer justicia. Optaron por sobrellevar la situación lo mejor posible para no perjudicar las relaciones internacionales. Prefirieron enfocar el caso como un problema de derecho internacional, y ahí quedó”.

Durante la administración de George W. Bush se registraron intentos de avanzar en procesos legales, y hubo pronunciamientos condenatorios en instancias internacionales. Sin embargo, no se concretó un proceso penal directo contra los responsables mayores.

A 30 años, el reclamo permanece vivo. Para los allegados de Armando, Carlos, Mario y Pablo, el derribo no es solo un episodio de la historia bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino un crimen que sigue impune.

“Habrá justicia. Algún día un tribunal internacional atenderá el caso”, afirmó Miriam de la Peña, madre de Mario Manuel de la Peña.

Mientras tanto, el 24 de febrero continúa siendo una triste fecha que permanece en la memoria y exige justicia ante la falta de atención de la justicia internacional.

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