Un gran jurado federal en Miami imputó al exdictador cubano por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves, según documentos judiciales hechos públicos este miércoles
El fiscal general encargado de EEUU, Todd Blanche, durante una intervención en la Torre de la Libertad, en la ciudad de Miami, Florida.
Daniel CastropéMIAMI — El Departamento de Justicia de EEUU hizo pública este miércoles una acusación penal contra el exdictador cubano Raúl Castro, de 94 años, dictada por un gran jurado federal con sede en Miami el 23 de abril, por su presunta orden de derribar dos avionetas desarmadas de la organización Hermanos al Rescate sobre el Estrecho de Florida en 1996, causando la muerte de cuatro pilotos, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.
La imputación, que incluye los cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos de Estados Unidos y destrucción de aeronaves, fue desclasificada y anunciada por el fiscal general interino Todd Blanche, en una ceremonia celebrada en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo histórico de los exiliados cubanos.
Los documentos judiciales precisan que el gran jurado emitió la imputación formal el 23 de abril, pero la acusación permaneció bajo sello durante casi un mes hasta su desclasificación este miércoles.
La estrategia de mantener el documento bajo reserva permitió al Departamento de Justicia coordinar el anuncio con una ceremonia de homenaje a las víctimas.
La acusación fue presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Florida e incluye, además de Raúl Castro, a otros militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
Entre los acusados también figuran Rubén Martínez Puente, exjefe de la Fuerza Aérea cubana, y Francisco Pérez-Pérez, identificado como uno de los pilotos que ejecutó el ataque.
Los cargos no se sustentan en el rol gubernamental de Castro, quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018, sino en su posición como ministro de las Fuerzas Armadas en 1996 y en su participación directa en la orden de derribo. La imputación contempla cuatro cargos individuales de asesinato y dos de destrucción de aeronaves, según el texto desclasificado por la fiscalía.
"Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en los Estados Unidos de América por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses, afirmó Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos.
Hermanos al Rescate era una organización de pilotos exiliados con base en Miami que realizaba vuelos regulares sobre el Estrecho de Florida para localizar y auxiliar a balseros cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos.
El 24 de febrero de 1996, dos de sus aeronaves civiles desarmadas fueron interceptadas y derribadas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana mediante misiles guiados por calor, según documentos del Congreso de Estados Unidos.
En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente legal de Estados Unidos. Una tercera aeronave logró escapar.
El régimen cubano sostuvo entonces que el ataque fue una respuesta legítima a la intrusión de las aeronaves en el espacio aéreo cubano. Fidel Castro declaró que las fuerzas militares actuaron bajo "órdenes permanentes" de derribar aviones que penetraran el espacio aéreo de la isla y negó que Raúl Castro hubiera emitido una orden específica ese día.
Washington condenó el ataque, impuso sanciones y el Departamento de Justicia acusó en 2003 a tres oficiales militares cubanos involucrados en el episodio, pero ninguno fue extraditado.
El proceso lleva tres décadas en gestación. Fiscales federales de Miami redactaron por primera vez un borrador de imputación contra los hermanos Castro en los años noventa, pero las prioridades políticas cambiantes mantuvieron la investigación en suspenso.
El caso recuperó impulso tras el primer mandato de Donald Trump y cobró nueva vigencia cuando congresistas cubanoamericanos —encabezados por Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, junto a la senadora Ashley Moody— exigieron formalmente al Departamento de Justicia, en febrero pasado, que retomara el expediente.
El anuncio fue recibido con una ovación en la Torre de la Libertad, donde familiares de las víctimas asistieron al acto junto a funcionarios federales y líderes de la comunidad exiliada.
Sylvia Iriondo, sobreviviente del derribo, describió la jornada como "un día de esperanza, un día que marca un camino de justicia que ha eludido a nuestras familias y comunidades durante 30 años”.
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