Acuerdo de Alex Saab con EEUU abre una nueva etapa en las investigaciones sobre la corrupción del chavismo

La jueza federal Kathleen M. Williams programó para el 20 de enero de 2027 la audiencia en la que dictará sentencia. El delito por el que Saab se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $500.000 dólares. La Fiscalía estadounidense, puede recomendar una reducción de la pena dependiendo de la calidad y relevancia de la información que entregue a las autoridades.

La admisión de culpabilidad está relacionada con un esquema de corrupción que, según el Departamento de Justicia, permitió obtener contratos del régimen venezolano para importar alimentos y medicinas mediante el programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Saab reconoció ante las autoridades estadounidenses que desde 2015 participó en un mecanismo de sobornos y pagos ilegales que terminó movilizando fondos hacia Estados Unidos.

Cooperación con la Fiscalía

El acuerdo alcanzado con el Gobierno estadounidense obliga a Saab a colaborar plenamente con las investigaciones que determine el Departamento de Justicia. El empresario deberá entregar testimonios, documentos, registros y otras evidencias, además de comprometerse a proporcionar información veraz.

El documento señala que la cooperación puede involucrar a "altos miembros del Gobierno de Venezuela". Tampoco establece que Saab haya aceptado convertirse formalmente en "testigo protegido", una afirmación que circuló en redes sociales después de la audiencia.

La Fiscalía estadounidense se reservó el derecho de determinar posteriormente el valor de la colaboración de Saab. En particular, deberá evaluar la naturaleza y alcance de la información proporcionada y su importancia para las investigaciones y procesos judiciales.

$195 millones y bienes bajo investigación

Como parte del acuerdo, Saab aceptó entregar $195 millones y otros bienes derivados de las actividades criminales reconocidas en el proceso. También deberá informar a las autoridades, dentro de un plazo de 14 días, sobre los activos relacionados con los delitos investigados.

El Departamento de Justicia sostiene que el esquema utilizó compañías controladas de manera encubierta y el sistema financiero estadounidense para trasladar y ocultar los fondos obtenidos mediante sobornos y contratos públicos. La investigación se extendió a operaciones vinculadas con la importación de alimentos y medicinas para el programa CLAP.

Entre las personas mencionadas en la declaración de Saab figuran José Gregorio Vielma Mora, quien fue gobernador del estado Táchira, y los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. El expediente también identifica a otros dos posibles involucrados únicamente como "coacusado 1" y "coacusado 3".

Lo que se conoce y lo que aún no está acreditado

La declaración de Saab generó especulaciones sobre el posible alcance de su cooperación y sus eventuales consecuencias para otras investigaciones relacionadas con altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, los documentos conocidos hasta ahora no permiten afirmar que haya entregado información específica contra Maduro, Delcy Rodríguez, Cilia Flores u otros funcionarios mencionados en publicaciones de redes sociales.

Saab se comprometió a proporcionar información, documentos y testimonios a los investigadores estadounidenses, y la Fiscalía podrá tomar en cuenta esa cooperación al momento de formular su recomendación sobre la pena.

Un antecedente judicial que vuelve a abrirse

Saab ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Estados Unidos antes de recuperar la libertad en diciembre de 2023, durante la administración de Joe Biden, como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

El Departamento de Justicia informó que posteriormente construyó un nuevo caso, presentó una acusación en enero de 2026 y volvió a llevar a Saab ante una corte federal de Miami. El empresario regresó a Estados Unidos en mayo y, después de haber presentado inicialmente una declaración de "no culpable", cambió su postura durante la audiencia del martes.

Ahora, la cooperación de Saab será evaluada por las autoridades estadounidenses mientras avanza hacia la audiencia de sentencia prevista para enero de 2027. Su acuerdo incorpora información sobre otros presuntos participantes y activos vinculados con el esquema, pero el alcance concreto de las consecuencias para terceros dependerá de las pruebas que entregue y de las decisiones que adopten los fiscales y los tribunales.

De operador protegido a acusado en EEUU

El caso contrasta con el trato que Saab recibió durante años del chavismo. Tras su detención en Cabo Verde en 2020, el régimen de Nicolás Maduro lo presentó como un diplomático y enviado especial de Venezuela, mientras impulsó una campaña internacional bajo el lema “Free Alex Saab” para exigir su liberación. Caracas sostuvo entonces que Saab tenía inmunidad diplomática y llegó a acreditar su condición de enviado especial con rango de embajador.

Su esposa, Camilla Fabri, también adquirió un papel público dentro de la estructura política del chavismo. Tras la detención de Saab, participó en la campaña por su liberación y posteriormente integró la delegación oficial venezolana que participó en las negociaciones con la oposición en Barbados en 2023. Saab, por su parte, regresó a Venezuela ese mismo año tras el intercambio de prisioneros con Estados Unidos y posteriormente fue designado ministro de Industria y Producción Nacional por Maduro.

Ese respaldo político y diplomático contrasta ahora con la posición asumida por Saab ante la justicia estadounidense: se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, aceptó entregar $195 millones y se comprometió a colaborar con las autoridades.

El alcance de esa cooperación y la información que pueda aportar sobre otros integrantes de la estructura financiera vinculada al chavismo serán determinantes para las investigaciones que continúen abiertas en Estados Unidos.

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FUENTE: Con información de EFE/DLA/Redes Sociales