El pacto alcanzado por Saab no menciona, sin embargo, al exgobernante chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.
En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía.
El Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión, según el acuerdo de 12 páginas.
Transferencias de dinero al sur de Florida
A cambio, el empresario petrolero de 54 años, nacido en Colombia, accedió a "cooperar plenamente" con el Departamento de Justicia (DOJ) con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno.
"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto de Saab, quien primero se había declarado "no culpable" el 24 de julio.
En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
Este documento nombra a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, pero también menciona a "co-acusado 1" y co-acusado 3", dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública.
Saab, quien apareció este martes con barba y vestido de color beige, compareció por primera vez ante la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, cambiando su alegato inicial de "no culpable" para admitir formalmente su responsabilidad en los cargos.
Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas.
El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a la nación suramericana, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.
La magistrada evaluó el documento de culpabilidad de 12 páginas y fijó la lectura de la sentencia definitiva para enero próximo, etapa en la que el empresario de origen colombiano podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.
Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade
EFE
Claves del caso judicial y desvío de fondos públicos
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Confesión de la trama corrupta: Saab admitió haber ejecutado, junto con otros cómplices, operaciones ilícitas que incluyeron fraude, pago de sobornos a funcionarios públicos y maniobras financieras para ocultar el origen de los recursos.
Malversación de ayuda alimentaria: El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) precisó que el proceso penal documenta esquemas de corrupción vinculados a la explotación del programa estatal de asistencia social para la distribución de alimentos a sectores vulnerables en Venezuela, mediante transferencias irregulares hacia cuentas bancarias en territorio estadounidense.
Declaración sobre el acuerdo: Durante la audiencia, el exministro aseveró que aceptó los términos de la Fiscalía de forma voluntaria, descartando presiones o coacciones externas para admitir su responsabilidad penal.
La admisión de culpabilidad de Saab se produce tras su deportación a Estados Unidos el pasado 18 de mayo desde Venezuela —actualmente bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez— y se suma al proceso judicial que enfrenta en Nueva York el propio Nicolás Maduro, depuesto en enero pasado por Estados Unidos y procesado por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.
Previamente, Saab había sido liberado en 2023 por la administración de Joe Biden mediante un intercambio de prisioneros tras su detención inicial en Cabo Verde en 2020. A su regreso a Caracas fue incorporado al gabinete como ministro de Industrias y Producción Nacional.
En 2023, el empresario colombo-venezolano, Álex Nain Saab Morán, fue excarcelado, luego de pasar casi tres años detenido en Estados Unidos. Su liberación se logró por un canje: 10 estadounidenses que purgaban prisión en Venezuela fueron puestos en libertad. La negociación fue entre Nicolás Maduro y Joe Biden, para la fecha presidente de EEUU.
Saab Morán fue capturado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. Tenía una alerta roja de Interpol emitida por el Departamento de Estado y fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021.
El abogado Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano, dijo a Diario Las Américas, que el empresario colombo-venezolano, Álex Saab otra vez representa una ficha de cambio, la cual muy probablemente utilice el régimen de Delcy Rodríguez para obtener beneficios si entrega al empresario nacido en Barranquilla, Colombia.
Saab Morán es la pieza con la cual se completará el rompecabezas: es el hombre que sabe dónde está todo el dinero de Venezuela porque fue el que armó todo el entramado de empresas usadas para corrupción, lavado de dinero, pago de sobornos y narcotráfico, entre otros delitos.
Con datos de Transparencia Venezuela, se exponen algunos de los casos más sonados en Venezuela.
Uno de los más graves fue la compra de alimentos con sobreprecio y de mala calidad. Este fue el programa bandera de Maduro: “Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, popularmente conocido como CLAP. La importación se hizo a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX).
El exfiscal señala que le pusieron ese nombre de organismo público cuando en realidad era un agente privado. El fin, hacer creer que el pago se acreditaba al Estado venezolano, pero en realidad se apropiaron de los recursos.
Con respecto a CORPOVEX, De Freitas afirma que otorgó contratos de cientos de millones de dólares (con tasa de cambio preferencial) a más de una docena de empresas para que compraran alimentos en otros países y los trasladaran a Venezuela. Entre otros proveedores se cuentan México, Chile y Colombia. Les vendieron esos productos a esas compañías intermediarias y luego se los entregaban a empresas y organismos públicos para su distribución en el país.
A modo de ejemplo, dos de las operaciones con el CLAP que causaron gran daño al patrimonio público de Venezuela.
Una de las investigaciones en Colombia tuvo que ver con 400 toneladas de comida descompuesta. Los containers fueron descubiertos en el puerto de Cartagena de Indias. El 17 de mayo de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos informó sobre la incautación. Los delitos relacionados con este cargamento fueron: corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
23 empresas participaron en el transporte de alimentos desde México y Colombia para Venezuela. Estuvieron involucrados nueve países de América Latina y Europa. El daño patrimonial de Venezuela se calculó en 29 millones de dólares.