Aranceles de Ecuador reabren debate sobre la seguridad en frontera colombo-ecuatoriana

La subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, dijo que el análisis debe partir de la premisa de que el narcotráfico no es un grupo ni un cartel, sino un mercado transnacional con múltiples actores y eslabones de una cadena que se distribuye en distintos países.

Explicó que durante la pandemia hubo una alteración significativa de las rutas y los métodos de exportación de cocaína, lo que llevó a los actores criminales a reorganizarse.

De esta manera, Colombia se consolidó como productor del alcaloide, y en países limítrofes como Ecuador los narcos comenzaron a instalar fases clave del procesamiento, incluida la transformación en clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con Bonilla, el reordenamiento incrementó la demanda de servicios violentos en Ecuador, generó mayor circulación de dinero ilegal y aceleró la expansión de la delincuencia organizada local.

Señaló que a esto se suma el crecimiento del control criminal sobre el sistema carcelario ecuatoriano, uno de los factores que más ha incidido en el deterioro de la seguridad interna de ese país, donde los motines han dejado más de 500 muertos desde 2021.

Daniel Noboa se apresuró

Gabriel Clavijo, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, reconoció que Ecuador está facultado, en virtud del principio de libre autodeterminación de los Estados, para adoptar decisiones unilaterales en política exterior.

Sin embargo, advirtió que ese derecho debe ejercerse con prudencia, tacto y estrategia, especialmente cuando se trata de países vecinos con una relación histórica estrecha.

A su juicio, la decisión de Noboa de anunciar aranceles del 30 % a los productos importados de Colombia alegando que el país no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico fue "apresurada" y no midió adecuadamente sus consecuencias diplomáticas y regionales.

El experto dijo que la medida responde, en parte, a un intento de reorientar el debate interno cuando se cuestionan los resultados de su política de mano dura contra las bandas criminales y el impacto que esta ha tenido en la popularidad del Gobierno.

Según Clavijo, el Ejecutivo ecuatoriano se "extralimitó" por la forma en que el gobierno izquierdista de Gustavo Petro enfrenta el narcotráfico, al considerar que "se trata de una extralimitación del discurso diplomático".

"Los países no pueden opinar sobre la política interna de otros Estados en materia de seguridad", de acuerdo con su opinión. Recordó que este tipo de señalamientos incrementa la tensión regional y dificulta la cooperación necesaria para enfrentar amenazas comunes.

Colombia defiende gestión

El Gobierno de Colombia publicó la lista con más de 50 productos ecuatorianos, entre los que se incluyen el arroz, los frijoles o plásticos usados en la industria, que pasarán a estar gravados al 30% tras la respuesta del Ejecutivo colombiano a la imposición de un arancel por parte de Ecuador a Colombia.

"Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30% a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de 'reciprocidad' en la lucha contra el crimen organizado", indicó el Ministerio de Comercio de Colombia.

Algunos productos agrícolas como el arroz, los frijoles, los plátanos, el cacao en polvo o el azúcar de caña se incluyen en esta lista. Al igual que los neumáticos, plásticos, tubos de hierro y acero y aceites y grasas de pescado.

Por otra parte, el gobierno de Gustavo Petro defendió su gestión en materia de seguridad fronteriza y cooperación bilateral con datos del Ministerio de Defensa que muestran que las operaciones conjuntas y el intercambio de información entre ambos países han permitido impactar de manera significativa las economías criminales transnacionales.

En la lucha contra las drogas, las incautaciones de clorhidrato de cocaína en municipios fronterizos con Ecuador pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024 y subieron a 195.862 en 2025, lo que representa un aumento sostenido de los decomisos, atribuible a un mayor esfuerzo operacional de la fuerza pública colombiana.

Las autoridades también destacaron que la erradicación de cultivos ilícitos se ha concentrado en departamentos como Putumayo y Nariño, limítrofes con Ecuador, así como la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales mediante 91 coordinaciones conjuntas que derivaron en 26 operativos, 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de siete personas.

Sin embargo, Colombia ha aumentado la producción de drogas, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas.

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FUENTE: Con información de EFE /Europa Press