Aspirantes a residencia permanente en EEUU deben tener autosuficiencia económica

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) aplicará una nueva guía sobre lo que se denomina carga pública. Reemplaza los criterios establecidos en 2022 y modifica la forma en que se evalúan determinados trámites de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente, que permite vivir y trabajar en EEUU de manera indefinida, entre otras cosas.

A partir de este 18 de septiembre entra en vigencia la nueva versión de la planilla I-485 que introduce cambios más rigurosos y restrictivos en lo atinente a la información sobre la carga pública.

Los aspirantes a la comúnmente conocida Green Card, deberán probar que en el futuro no se convertirán en una carga pública para el Estado.

Daniela Torres, abogada de migración y asesora Legal de Migrants Foudantion, explicó que específicamente va el elemento de inadmisibilidad a través de la carga pública: el gobierno quiere determinar la autosuficiencia económica.

Se aplica un criterio mucho más estricto al de 2022 para asegurar esa independencia financiera del inmigrante que aplica para el Green Card.

“Han ampliado el tipo de ayudas que afectan este trámite. ¿Qué significa eso? Previamente, solo el uso de ciertas ayudas públicas se consideraba para determinar si alguien era inadmisible por carga pública. Cuando estas no eran, directamente monetarias, no se consideraban. Se contaba, solamente, si la persona dependía del Estado mediante dinero en efectivo o si estaba internada en una institución médica a largo plazo pagada por el gobierno. De ahora en adelante, van a evaluar prácticamente cualquier ayuda pública que sea basada en ingresos”. “Han ampliado el tipo de ayudas que afectan este trámite. ¿Qué significa eso? Previamente, solo el uso de ciertas ayudas públicas se consideraba para determinar si alguien era inadmisible por carga pública. Cuando estas no eran, directamente monetarias, no se consideraban. Se contaba, solamente, si la persona dependía del Estado mediante dinero en efectivo o si estaba internada en una institución médica a largo plazo pagada por el gobierno. De ahora en adelante, van a evaluar prácticamente cualquier ayuda pública que sea basada en ingresos”.

La totalidad de las circunstancias

Tomarán en cuenta para ese criterio de inadmisibilidad: cupones de alimentos, subsidio de vivienda y hasta ayuda financiera para la universidad.

“En vez de solamente analizar si la persona tuvo ese tipo de ayuda directa y específica monetaria, ahora van a considerar todas las ayudas públicas. En general, lo están evaluando usando un estándar legal que es común acá, que se llama la totalidad de circunstancias”, acotó Torres.

Cioly Zambrano, paralegal en el bufete del abogado Elio Vásquez y magistrada venezolana en el exilio, explicó: “Ahora se les devolvió a los oficiales de USCIS la discreción total para evaluar si una persona puede convertirse en carga pública”.

Zambrano trajo a colación un punto bien importante que tiene que ver con lo cultural, sobre todo con los latinoamericanos. Recomienda entender que el sistema migratorio americano está basado en los beneficios.

“Hay que entender que cuando te otorgan un estatus te lo dan como un beneficio, no como un derecho. Esa conceptualización por nuestra cultura choca. Creemos que tenemos derecho a pedir. Estamos haciendo una solicitud de un beneficio y el oficial, dependiendo de que se cumplan con requisitos de elegibilidad, lo otorgará o lo negará. Usará su facultad para evaluar porque tiene la discreción de determinar si el solicitante puede llegar a convertirse en una carga pública”, dijo Zambrano.

Añade que “siempre ha sido una discrecionalidad del agente aprobar o no la residencia, lo que pasa es que la interpretación discrecional depende en muchos casos de la política que se esté aplicando en el momento. En este momento, es muy restrictiva”.

Criterios de riesgo de carga pública

Edad

Salud

Situación familiar

Ingresos, bienes y deudas

Educación y habilidades laborales.

Recomendaciones

Isidora Velásquez, abogada de inmigración, es tajante en su recomendación si se quiere ser elegible para la Green Card: No opte por tener beneficios públicos. “Primero que nada ese es mi consejo”.

Velásquez además añade que “la realidad es que los residentes tampoco deberían optar por tener beneficios públicos ya que le podría afectar eventualmente, al momento de obtener una ciudadanía”.

La abogada destaca que para entender cómo puede afectar a un solicitante, basta con ver cómo se aplicó la carga pública durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

“Durante la primera administración de Trump, lo que vimos fue que no otorgaron la residencia a las personas que recibían ayudas públicas. Esto se aplicó en casos locales, es decir, a personas que aspiraban a la residencia dentro de EEUU. Aplica para residencias, peticiones familiares, peticiones de empleo y, en caso más estricto aún, a peticiones consulares”, explica.

Detalló que, si bien la norma rige a partir del 18 de septiembre, la realidad es que, si usó el auxilio del Estado anteriormente, “es muy probable que se utilice en contra de la persona”. Lo que consideró preocupante,

“Por eso, se recomienda que personas que estén utilizando beneficios públicos, dejen de hacerlo para que puedan ser consideraras hasta el momento de aplicar la norma y de ahí en adelante se valore si la persona dejó de utilizarlos. Sería un factor a favor al momento de aplicar”, agregó Velásquez. “Por eso, se recomienda que personas que estén utilizando beneficios públicos, dejen de hacerlo para que puedan ser consideraras hasta el momento de aplicar la norma y de ahí en adelante se valore si la persona dejó de utilizarlos. Sería un factor a favor al momento de aplicar”, agregó Velásquez.

Torres coincide y aconseja evitar la recepción de beneficios públicos que no sean esenciales. Y, además, asegurar un patrocinador financiero sólido y que se cubran los umbrales de ingresos requeridos para respaldar la solicitud, es decir, consolidar las pruebas de la autosuficiencia.

Lo que beneficia

De acuerdo con Zambrano a un aspirante a la Green Card le beneficiarían las certificaciones laborales, así como el nivel de educación, habilidad, destreza extraordinaria o especial que tenga y que sea de interés para EEUU y con la cual se pueda demostrar que no se convertirá en una carga pública.

También, vale demostrar que en el caso de recibir las ayudas no lo haga por un tiempo prolongado, porque podría considerarse que será una carga pública.

“El auxilio no debería pasar de seis meses, porque se trata de una ayuda para superar alguna continencia que le impida a la persona salir adelante, como un caso de enfermedad o porque perdió el empleo, momentáneamente”, sugiere Zambrano. “El auxilio no debería pasar de seis meses, porque se trata de una ayuda para superar alguna continencia que le impida a la persona salir adelante, como un caso de enfermedad o porque perdió el empleo, momentáneamente”, sugiere Zambrano.

Puntualiza que de ser un año o más, lo temporal se institucionaliza como un pago a largo plazo. “Por tanto, el Estado sufriría un efecto financiero que lo pagan los ciudadanos americanos”.

Torres manifiesta que es importante el dominio del inglés, los activos y seguros de salud privado, entre otras cosas.

Ambas recomiendan, aunque parezca obvio, leer bien la planilla para no cometer errores y, además, contar con la ayuda de un abogado que esté licenciado en EEUU que sepa de la Ley de Migración y que pueda hablarles a las personas de su caso específico.

Zambrano pide no escatimar recursos en este paso. “Si hay que pagar, hacerlo”. Además, destaca que la residencia permanente abre el camino a la ciudadanía.

Lo que perjudica

El tema de la edad puede ser un hándicap. Velásquez recordó que durante la primera presidencia de Trump se utilizó la carga pública, las personas de cierta edad cuando aplicaban a la residencia sus casos fueron denegados.

La abogada destacó que aquellos que no pudieron demostrar que recibirían pensiones de su país de origen no les concedieron la residencia permanente.

“Es muy preocupante para personas de algunos países, como por ejemplo Cuba o Venezuela que no tienen pensiones, porque se entiende que estas personas de edad avanzada van a tener un alto índice de casos denegados, o sus hijos van a tener que demostrar que tienen suficientes fondos para poder dar un retiro y para dar un buen seguro médico”.

Velásquez sostiene que en este segundo mandato puede ocurrir igual.

Zambrano apunta que una condición médica también puede interferir con el otorgamiento de la Green Card, así como cualquier trasgresión a la ley, por mínima que sea.

La garantía de la fianza

Velásquez observa en la figura de la fianza cierta flexibilidad para aquellas personas que puedan ser consideradas inelegibles.

El funcionario de USCIS tendrá la facultad discrecional de pedir la fianza de carga pública, apoyo económico de un patrocinador ciudadano o residente, si ve riesgo de que el solicitante se convierta en carga pública.

“Tendrá la discreción de invitar a esa persona a depositar una fianza en dinero, que la calculan según las ayudas que proyectan que pueda necesitar esa persona en los próximos 5 años. Y al pagar esa fianza se le aprobaría la residencia a esa persona”, explica Torres.

La fianza solo se presentará en el caso de que el funcionario la pida. El monto mínimo es de $1000 y el cálculo lo hará el funcionario.

Las exenciones

Entre quienes permanecen exentos figuran:

Refugiados y asilados

Víctimas de trata que solicitan una visa T

Víctimas de determinados delitos que cuentan con visa U

Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)

Jóvenes inmigrantes especiales

Determinados beneficiarios de TPS

Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano

Determinados nacionales de Vietnam, Camboya y Laos

Beneficiarios de la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos

Ciertos nacionales sirios

Parolees bajo programas humanitarios

Determinados intérpretes afganos e iraquíes vinculados al gobierno de EE.UU.

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