CIDH da por terminado trabajo de grupos de expertos de Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio por terminado este viernes el trabajo del grupo de expertos que investiga la desaparición y asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa, tras la negativa del Estado mexicano a que se renovara su mandato.

"Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo", anunció en rueda de prensa el presidente de la Comisión, James Cavallaro.

La CIDH tomó esa decisión tras reunirse esta semana con los familiares de las víctimas y los representantes del Estado mexicano.

Los familiares de las víctimas habían solicitado a la CIDH la renovación del mandato del grupo de expertos "hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se determine el paradero de los estudiantes desaparecidos, y se haga justicia", recordó Cavallaro.

Aunque México valoró "positivamente" los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación, "indicó que aún no se ha determinado el paradero de los estudiantes y expresó su voluntad de concluir el acuerdo de asistencia técnica y que la Comisión haga seguimiento al asunto en el marco de sus competencias", precisó Cavallaro.

La CIDH lamentó "profundamente" que el Estado mexicano "haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del GIEI y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los estudiantes desaparecidos".

El presidente de la Comisión Interamericana alabó el trabajo realizado por el grupo de expertos de Ayotzinapa, quien, a su juicio, ha contribuido a "desmontar una versión incorrecta" de lo ocurrido la noche de la desaparición de los estudiantes y ha mostrado "las fallas" en la investigación que estaban realizando las autoridades mexicanas.

Cavallaro aseguró que aunque concluye el mandato del grupo de expertos, "la Comisión no está abandonando este caso ni a las personas afectadas" y recordó que la medida cautelar o de protección "sigue vigente".

"Tenemos en la Comisión la total intención de seguir el monitoreo, no sólo de la investigación, sino en temas relacionados con la seguridad y el bienestar de los beneficiarios, así como sus representantes. Aquí no hay abandono, de ninguna manera", dijo el presidente de la Comisión, quien aseguró que la CIDH matiene "competencia y jurisdicción sobre el asunto".

La Comisión Interamericana anunció que establecerá "un mecanismo especial de seguimiento hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y recomendaciones establecidos tanto en la medida cautelar como en los informes del grupo de expertos".

La CIDH determinará, tras consultar a las partes, los términos específicos sobre cómo operará el mecanismo de seguimiento especial.

"El Estado (mexicano) ha manifestado aquí su interés, su deseo y su intención de seguir colaborando con la CIDH en este caso. Yo les creo", dijo Cavallaro, quien señaló que esta es la razón por la que la Comisión ha decidido crear ese mecanismo de seguimiento.

Por otro lado, la CIDH lamentó la "campaña de desprestigio" llevada a cabo por autoridades mexicanas contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); contra su secretario general, Emilio Álvarez Icaza; y contra el grupo de expertos de Ayotzinapa.

La semana pasada, durante las audiencias de la CIDH, el Gobierno mexicano negó estar detrás de esta campaña de desprestigio.

México inició en marzo una averiguación previa (primera etapa del proceso penal mexicano) contra Álvarez Icaza a raíz de la denuncia presentada contra él por un particular por supuesto delito de fraude en relación con el trabajo del grupo de expertos de Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República (PGR) archivó la semana pasada la denuncia al considerar que no cumple los requisitos de procedibilidad.

El grupo de expertos independientes fue establecido en noviembre de 2014 para ofrecer asistencia técnica en la investigación de la desaparición de 43 jóvenes mexicanos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, después de que policías municipales se los llevaron y los entregaron a un grupo criminal, que supuestamente los asesinó e incineró. Su mandato expira oficialmente el 30 de abril.

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