Centenares de nicaragüenses se encuentran en el borde fronterizo en espera que el régimen de Daniel Ortega les permita el ingreso al país.
Foto Colectivo de Derechus Hunamos Nunca + Centenares de nicaragüenses se encuentran en el borde fronterizo en espera que el régimen de Daniel Ortega les permita el ingreso al país.
Foto cortesía OACNUDH Nicaragüenses salen de Panamá con destino a Nicaragua.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) vía redes sociales.MIAMI.- Más de 500 nicaragüenses se encuentran varados en la frontera con Costa Rica; su propósito es retornar a su país debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, pero el régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo se los impide, alegan que para entrar deben presentar la prueba del COVID-19 negativa.
Lo anterior ha generado una seria crisis humanitaria. Desde hace dos semanas mujeres, niños y adolescentes se encuentran en la frontera enfrentando las inclemencias del tiempo.
La respuesta de la dictadura ha sido militarizar la zona con el propósito de evitar el ingreso por puntos ciegos de la frontera.
La abogada Yonarqui Martínez denunció la situación en su cuenta en Twitter.
“Han ingresado ciudadanos a quienes el ejército les disparó y les dio persecución 3 días, están deshidratados y con llagas en sus pies. Les roban todo y les persiguen. Una clara violación a sus derechos humanos como nacionales”, preciso la abogada.
“Tenemos información de primera mano que no solo se ha reforzado militarmente la frontera por el lado de Nicaragua”, dijo Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), con sede en San José, Costa Rica.
“Tenemos información de que han sido trasladados grupos paramilitares, civiles armados, acompañado a las fuerzas en función de crear el caos, incertidumbre y más miedo. Esa es la imagen que está vendiendo el régimen de Daniel Ortega frente a sus ciudadanos y a la comunidad internacional que en Nicaragua no existe una voluntad de mejorar la radiografía de los derechos humanos”, indicó el activista.
Los grupos paramilitares es un cuerpo organizado por el régimen Ortega-Murillo que reprimió a la población en coordinación con la Policía durante el estallido social de 2018, asesinando a más de 325 personas con de armas de alto calibre.
Mientras, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, viajó a la frontera para evaluar la situación y asistirles con ayuda a quienes están varados allí. El organismo informó que existe un promedio de 560 nicaragüenses en el área fronteriza de Peñas Blancas.
“Entre los centenares de nicaragüenses que no han podido entrar, hay personas que estaban trabajando en Costa Rica y Panamá, que, debido a la pandemia, perdieron su empleo y decidieron regresar”, reveló el organismo a través de su portavoz Braulio Abarca.
El organismo está documentando la crisis con fotografías y videos.
Incertidumbre y cansancio es lo que se observa en los rostros de los nicaragüenses varados en la frontera. Las maletas en las que llevan sus pertenencias les sirven de asiento y de almohada para medio descansar a la espera de una respuesta, mientras el régimen permanece indiferente.
En el borde fronterizo del lado nicaragüense donde se encuentran en Peñas Blancas, no existen las condiciones básicas de higiene, solo hay un baño sanitario en esa zona.
Ortega y Murillo bloquean el ingreso a los connacionales, mientras sostienen un discurso de “fronteras abiertas”, a pesar de la pandemia. Nicaragua es el único país que no ha impuesto las medidas de protección contra el COVID-19 y mantiene un subregistro de los casos.
Costa Rica responde
La dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó que existen 500 personas en la frontera norte.
Ante el drama el gobierno costarricense ofreció alojamiento para los nicaragüenses. “Ofrecemos una solución de reingreso al territorio nacional para que puedan anular su sello de salida y volver a hacerse el examen de COVID-19”.
La entidad de Gobierno aclaró en un comunicado que no están recibiendo nicaragüenses ni de otra nacionalidad por las fronteras terrestres, se trata de un caso excepcional. Costa Rica cerró sus fronteras desde el pasado 19 de marzo y se espera que la medida pudiera cambiar el 1ro de agosto, lo que dependerá de las nuevas recomendaciones que realicen las autoridades de salud.
La Constitución de Nicaragua, en su artículo 31, establece el derecho de los connacionales al ingreso y salida del territorio nacional, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también contempla ese derecho.
“Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. Si los gobiernos no lo hacen, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19. En términos generales, son los migrantes más pobres que tratan de volver a casa a través de las fronteras terrestres, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al instar en abril pasado a los países de América Latina para abrir sus fronteras a sus ciudadanos.
Ambiente propicio para el virus
La aglomeración de personas podría contribuir a la propagación del virus, y aunque los videos y las fotografías en las redes sociales y del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, se observa que muchos usan las mascarillas, en esas circunstancias de hacinamiento no hay posibilidades de que se cumpla el distanciamiento social .
“Condenamos el enseñamiento contra la población nicaragüense varada en Peñas Blancas, exigimos que los dejen entrar a Nicaragua”, dijo el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
Mientras, Leiva de la ANPDH, hizo un llamado a Daniel Ortega y Rosario Murillo “a que tomen conciencia porque las personas que están en la frontera son civiles, expuestos a las inclemencias del medio ambiente, con hambre, con sed. Les instó a que se pongan la mano en la conciencia para permitir el ingreso de estos nicaragüenses y que si están condicionándolo una evaluación médica del COVID-19, definitivamente eso es una responsabilidad del estado, de hacerle la prueba sin ninguna restricción”.
Organismos de derechos humanos de Costa Rica y Nicaragua están apoyando con suministro de víveres a los nicaragüenses varados en la frontera.
@FloresJudith7
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