CARACAS.- Miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamaron durante la sesión de este martes las "descalificaciones" que recibieron de parte de la delegación del régimen de Nicolás Maduro y tras leer en voz alta algunas de las acusaciones que hicieron los funcionarios venezolanos pidieron respeto.
Comité de DDHH de la ONU denuncia ofensas de Maduro
Un experto del Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que "jamás" había visto "a un Fiscal General defender de tal forma al Gobierno de su país"
"Nunca se habían proferido tantas descalificaciones. Pido a la presidenta que nos ampare”, dijo en su intervención el experto independiente del Comité, Carlos Gómez Martínez.
Posteriormente, Martínez leyó en voz alta algunas de las acusaciones que les hicieran los delegados del régimen: “Parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo, irresponsables", se encuentran entre las expresiones que usaron el canciller de Maduro, Yván Gil y el fiscal general, Tarek William Saab.
"Nunca se habían proferido tantas descalificaciones contra miembros del Comité”, dijo Martínez. "No vamos a caer en el campo de las descalificaciones, pero pedimos que nos respeten", enfatizó.
Régimen niega violaciones de derechos humanos
Este martes se llevó a cabo el diálogo entre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el régimen venezolano, en el que Gil y Saab debieron responder a las interrogantes sobre temas de derechos humanos que les hicieron los miembros del Comité. Ambos funcionarios dedicaron sus respuestas a negar violaciones de DDHH en Venezuela y a justificar la crisis del país sudamericano con la excusa de las sanciones económicas impuestas por EEUU y la Unión Europea.
Saab acusó al Comité de hacer preguntas sin tener a la mano datos oficiales y afirmó que los derechos humanos son "politizados".
Uno de los expertos se mostró sorprendido por la postura de Saab, quien defendió a Maduro, cuando su función es ser imparcial, reseñó elnacional.com.
"Jamás he visto a un Fiscal General defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia", dijo el experto en DDHH.
Por su parte, el canciller Gil dijo que "Venezuela es un país donde se respetan los derechos humanos, incluyendo la labor de las personas defensoras, cuya labor es respetada. Entre 2014 y 2021 se registraron más de 800 organizaciones sindicales".
Gil se refirió a las supuestas amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que la supuesta "extrema derecha" venezolana ha incentivado protestas civiles violentas. Además, Gil aseveró que el dictador Maduro ha implementado políticas para fomentar la igualdad y que ha hecho cientos de llamados al diálogo.
Respuesta del Comité
La presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Tania Abdo Rocholl, reclamó a la delegación venezolana por haber usado la mayor parte del tiempo de su intervención a descalificar a los expertos. "Esto no puede ser un diálogo bilateral denunciando a un experto sobre lo que hace tal país, porque así no se trabaja (…) Durante una hora hemos escuchado este tipo de calificaciones y no las vamos a permitir en el siguiente bloque".
Abdo Rocholl consideró que Venezuela desperdició una "oportunidad magnífica" para aclarar cada uno de los puntos consultados.
"Los solapamientos no son casuales, porque el tema particular requiere atención del Comité. Nosotros requerimos información (…) Lo que queremos es que el mayor cumplimiento del estándar se aplique y que las recomendaciones que se trabajen sean adecuadas", dijo.
La última comparecencia del Estado venezolano ante el Comité de DDHH de la ONU fue en 2015, y en esa sesión el país fue calificado con el estatus de no cooperación con el Comité, pues no cumplió con las recomendaciones vinculadas a asuntos como la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y dirigentes de oposición ante actos de intimidación y persecución.
El Estado venezolano tampoco garantizó la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia basada en género. De igual manera, no hubo mejora en la vida de las personas privadas de libertad, en la libertad de expresión y de reunión pacifica y de asociación. Tampoco están garantizadas la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y el sistema de justicia.
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FUENTE: Con información de El Nacional
