La economía ilícita en Venezuela incluye actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas y otros crímenes fuera del alcance de cualquier supervisión
Carlos Blanco, de 84 años, supervisor de ambulancias retirado, sostiene un cartel que anuncia el pago mensual de su pensión de $1.50 dólares durante una protesta en que demandaban un incremento en los pagos en medio de una inflación récord en Caracas, Venezuela.
AP/Ariana Cubillos, Archivo Peso de la economía ilícita respecto al PIB, en Venezuela.
Ecoanalítica/Vía Eugenio G. Martínez
Rentas anuales de actividades ilícitas.
Ecoanalítica/Vía Eugenio G. Martínez Economías ilegales en Venezuela y su dimensionamiento.
Ecoanalítica/Vía Eugenio G. MartínezCARACAS. - La economía ilícita sigue creciendo en Venezuela. Según un estudio realizado entre la organización Transparencia Venezuela y la consultora Ecoanalítica el crecimiento de las actividades económicas ilegales es tan significativo, que, si fuese un sector de la economía, sería el segundo más grande del país y el primero de la economía no petrolera, al punto que puede representar hasta 15,67% del PIB.
Aunque los investigadores reconocen que “los elevados niveles de opacidad que hay en Venezuela, la ausencia de rendición de cuentas sobre las gestiones oficiales para luchar contra las economías ilícitas y la falta de respuestas a las solicitudes de información enviadas por la sociedad civil, se suman a las dificultades para medir el volumen e impacto de estas actividades”, concluyen que en 2022 los ilícitos generaron USD 9.402 millones, lo que equivale a 15,67% del total de la economía del país, si se toma como referencia que el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en USD 60.000 millones el año pasado.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que “la economía ilícita Incluye todas las actividades económicas que son ilegales, como el tráfico de drogas, la trata de personas y otros crímenes económicos. Estas actividades están fuera del alcance de la supervisión gubernamental y no se registran en las estadísticas oficiales del PIB., generan ingresos significativos, pero tienen un impacto negativo en la economía y la sociedad, alimentando la corrupción y la violencia”.
Además, precisa que es necesario diferenciar las actividades ilícitas, de las informales. Según Oliveros “estas últimas son “actividades económicas que no son ilegales per se, pero operan fuera de la estructura regulada y formal de la economía. Entre los ejemplos comunes se incluyen vendedores ambulantes, buhoneros, y otros trabajos no registrados oficialmente. Aunque estos trabajadores contribuyen a la economía, a menudo no tienen acceso a protecciones laborales básicas o beneficios sociales”.
El estudio destaca que, aunque el monto de las economías ilícitas en 2022 fue similar al del año previo (de USD 9.444 millones en 2021 a USD 9.402 millones en 2022), su peso sobre el PIB bajó (de 21,74% en 2021 a 15,67% en 2022) por el incremento en la estimación del PIB nominal en dólares que pasó de USD 43.440 millones a USD 60.000 millones.
La investigación desarrollada por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica permite precisar que en 2022 la producción de oro en Venezuela “aumentó en 20% para situarse en un rango de entre 37,5 y 45 toneladas al año, lo que representa entre USD 2.250 y 2.700 millones (…) De ese monto, un 30% se quedó con actores meramente ilícitos, como las redes criminales que se encargan de participar de la explotación y la comercialización ilegal del oro”.
La profundización de la investigación sobre la explotación del oro en Venezuela permitió concluir a Transparencia Venezuela y Ecoanalítica que a finales de 2022 y el primer semestre de 2023 se vivieron importantes modificaciones en el sector. “El gobierno incrementó el control en el Arco Minero del Orinoco a través de la Corporación Venezolana de Minería, que ha creado más alianzas estratégicas; la Operación Escudo Bolivariano, liderada por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB); el nuevo Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), integrado por todos los componentes de la FANB, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en un intento de captar más rentas. Todas estas acciones llevan a prever que al cierre de 2023 la producción de oro puede estar aumentando entre 20% y 30%, para reportar como mínimo USD 2.835 millones o un máximo de alrededor de USD 3.686, que se estarían repartiendo entre actores legales, pero irregulares y agentes meramente ilegales”.
Además del análisis del negocio del oro, en el informe se incluye información sobre coltán y el rodio. “A pesar de la limitada información disponible, explorando diversas fuentes, se desprende que el contrabando de coltán podría generar al menos USD 750.000 anuales y el contrabando de rodio alrededor de USD 350 millones (teniendo en cuenta la volatilidad de su precio) a las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades.
En relación con el contrabando de drogas, en el informe se indica que, durante 2022, las incautaciones reportadas de cocaína y marihuana en Venezuela aumentaron un 2,76% y 89,16%, respectivamente.
“Utilizando nuevas aproximaciones estadísticas, se calcula que a los carteles, grupos guerrilleros y otras organizaciones criminales que operan en el narcotráfico en Venezuela les ingresaron USD 5.115 millones durante 2022”. Por otra parte, aunque el contrabando de combustible desde Venezuela ha disminuido en relación con años previos, esta actividad sigue generando recursos a las redes ilícitas involucradas, que son resilientes y se han adaptado para continuar su negocio ante las adversidades.
En la investigación se explica que cuando hay escasez de gasolina en Venezuela, “ingresa al país combustible desde Colombia u otros destinos y viceversa. De acuerdo con los cálculos, en 2022 este tráfico pudo generar una renta de USD 2,09 millones diarios o alrededor de USD 760 millones de dólares anuales, un monto menor que en 2021 que puede obedecer a la reducción progresiva de la cantidad de gasolina subsidiada que se vende en Venezuela, que pasó de 42% en 2021 a 25% al cierre de 2022 y que en 2023 continúa cayendo”.
El análisis sobre la renta generada a partir de la extorsión en los puertos venezolanos también presenta variaciones. “Aunque en 2022 disminuyó el número de envíos puerta a puerta -se explica en el informe- a los que algunas autoridades portuarias les cobran para poder legalizarlos, la tarifa de la extorsión subió permitiendo un aumento neto de los ingresos en un 16%. De acuerdo con los cálculos, esta actividad ilegal reportó USD 1.394 millones. Se prevé que después de julio de 2023, a propósito de la decisión de las autoridades venezolanas de empezar a retomar el cobro de impuestos por importaciones, los montos de la extorsión vuelvan a variar”.
Especial
@Puzkas
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