Congreso de Nicaragua aprueba reforma que prohíbe participación de opositores en elecciones

La reforma establece impedimentos para participar en procesos electorales a personas señaladas de incurrir en acciones que las autoridades nicaragüenses califiquen como “actos golpistas” o “traición a la patria”, así como a quienes soliciten una intervención militar extranjera. Las disposiciones incorporan esas restricciones al marco constitucional del país.

La aprobación fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien informó que el articulado recibió respaldo unánime.

El Parlamento se encuentra bajo control del oficialismo sandinista, por lo que la iniciativa no enfrentó una oposición parlamentaria capaz de impedir su aprobación.

Más años para los cargos públicos

Entre las modificaciones centrales figura el aumento de seis a siete años de los períodos correspondientes a los cargos de elección popular. El cambio amplía nuevamente la duración de los mandatos después de que una reforma constitucional anterior, impulsada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya había modificado el período presidencial.

El nuevo texto forma parte de la transformación institucional emprendida por el régimen nicaragüense en los últimos años. La reforma constitucional de 2025 había establecido, entre otros cambios, la figura de la "copresidencia" y extendido de cinco a seis años el período presidencial.

Con esta nueva modificación constitucional se profundiza el control del oficialismo sobre el sistema político nicaragüense y afecta las condiciones para una eventual competencia electoral.

Restricciones que alcanzan a opositores

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es la incorporación de criterios políticos para determinar quién puede presentarse a una elección. Las categorías de “traición a la patria” y “actos golpistas” ya han sido utilizadas por el régimen sandinista de Ortega para perseguir y procesar a dirigentes opositores.

La reforma se produce, además, después de que Ortega declarara recientemente que en Nicaragua no volvería a haber elecciones, una afirmación que generó cuestionamientos dentro y fuera del país. Posteriormente, dirigentes del oficialismo aseguraron que los procesos electorales continuarían, aunque bajo las nuevas reglas planteadas por el régimen.

Todavía no es una reforma definitiva

La aprobación corresponde a la primera legislatura, por lo que la modificación constitucional aún debe superar un segundo trámite parlamentario antes de quedar formalmente incorporada a la Carta Magna.

La segunda discusión está prevista para comenzar el 18 de enero de 2027, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento legislativo. Por ello, aunque el oficialismo ya aprobó el contenido de la reforma, sus disposiciones todavía no tienen vigencia constitucional definitiva.

El avance legislativo ocurre mientras la situación política de Nicaragua continúa bajo escrutinio internacional. La Organización de los Estados Americanos tiene previsto abordar la situación del país en septiembre, en un contexto marcado por las denuncias sobre el deterioro de las libertades políticas y las garantías democráticas.

Con esta nueva modificación, el régimen de Ortega avanza en la consolidación de un modelo institucional que no solo prolonga los períodos de los cargos públicos, sino que también establece nuevas barreras constitucionales para la participación de sectores que puedan ser considerados adversarios del oficialismo.

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FUENTE: Con información de: AFP/Infobae, Divergentes y El País