Denuncian que juicio contra Ernesto Ruffo es un caso político orquestado por Sheinbaum

Será su hija Verónica Ruffo la que divulgará el mensaje y estará acompañada por el expresidente Vicente Fox Quesada; el presidente del partido PAN, Jorge Romero; y Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros, miembros del comité que se creó para la defensa de Ruffo Appel.

Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido el 16 de julio de 2026 por la Fiscalía General de México, por presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada.

La oposición considera que Ruffo enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades que lo configuran como un preso político y rechaza las declaraciones de funcionarias federales y estatales, quienes sostienen la existencia de pruebas contundentes en su contra.

El abogado y fundador de la organización Pertenece, dedicada a la defensa de personas injustamente encarceladas, José Mario de la Garza, compartió su análisis en el programa conducido por Sergio Sarmiento.

Las principales irregularidades del proceso:

Uso de la prisión preventiva oficiosa: Se procesa bajo la figura de delincuencia organizada, un delito que obliga al juez a mantener al imputado en prisión durante todo el juicio, a pesar de que la defensa argumenta que este tipo de medidas cautelares resultan excesivas, especialmente considerando la edad del exgobernador.

Manejo mediático y presunción de inocencia: Diversas autoridades han emitido declaraciones públicas afirmando la culpabilidad de los acusados antes de que exista una sentencia firme, lo que vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir en los procesos judiciales.

Restricción a la publicidad de las audiencias: A diferencia de otros casos donde se ha permitido el acceso público y de medios de comunicación, en el proceso de Ruffo Appel se ha prohibido el ingreso bajo el argumento de seguridad nacional, sin que existan datos claros que sustenten dicha restricción.

Cuestionamientos sobre la estructura probatoria: La acusación vincula a Ruffo como accionista minoritario de una empresa investigada por la importación ilegal de hidrocarburos. La defensa y especialistas señalan que ser socio de una empresa no implica participación automática en una red criminal organizada, sobre todo cuando no existía una administración directa por parte del implicado.

También se incumple la ley, porque Ruffo es mayor de 70 años de edad y por tal motivo, no debería estar en prisión.

En este caso, según el abogado se están utilizando tipos penales graves y la selección de jueces de control específicos para acelerar órdenes de captura que reflejan un uso faccioso de la justicia.

Mientras que las autoridades defienden la solidez de las investigaciones sobre redes de contrabando, los críticos advierten que el caso evidencia un retroceso en el Estado de Derecho y la separación de poderes en México.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales