El misterio envuelve aún la muerte de preso político, pese a datos de la fiscalía, dicen ONG

“Estamos ante un intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor”, señaló la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, al reaccionar junto a otras organizaciones civiles ante el comunicado oficial del fiscal general Larry Lavoe, al cual consideró “alarmante” e inaceptable.

“Lejos de esclarecer la muerte de Quero, el pronunciamiento oficial genera más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal”, afirmó la organización en un mensaje contundente por la red X.

Sobre muerte de preso político

Este 2 de junio, el Ministerio Público informó en un escueto comunicado que los exámenes practicados a los restos de Quero “permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar” y “no se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”.

El texto oficial hace referencia a los estudios realizados al cuerpo de Quero, cuya data de muerte estableció como “aproximada de 10 meses a un año”, e incluso incluye la “filiación biológica” con su madre “con una probabilidad estadística aproximada de 99,496%” para determinar que los restos pertenecen a su hijo Víctor.

Sin embargo, no hay mención de las irregularidades durante la detención arbitraria de Quero en enero de 2025, de las circunstancias de su desaparición forzada ni de muerte siete meses después, según la data oficial, ni tampoco de la determinación de responsabilidades. Esto, aunque el texto indica que se realizaron inspecciones y entrevistas en el marco de la investigación penal.

Exigen investigación amplia

La ONG exigió en un mensaje por X una investigación “exhaustiva que permita la rendición de cuentas” sobre la desaparición forzada y la muerte de Quero, y que se indague sobre “toda la cadena de mando” para llevar a los implicados ante la justicia.

La ONG Provea, por su parte, también instó a investigar con más profundidad la muerte del preso político, tras reafirmar que todos los fallecimientos ocurridos bajo la custodia del Estado, es decir, en las cárceles, “son exclusiva responsabilidad del Estado“.

“Los funcionarios responsables de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, tienen que responder civil, administrativa y penalmente por las acciones u omisiones que conduzcan al fallecimiento de los custodiados”, aseveró en un comunicado en la red X.

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FUENTE: Con información de ONG JEP, Provea, red X