El pueblo los elije y Ortega quita a su antojo a diputados del parlamento

Políticamente en Nicaragua Daniel Ortega es solo él. El primero y el último. El supremo de todo. El que hace y ejecuta las leyes a como quiere. El que pone e impone. El imperio del mal. Aquel que no se alinea a sus designios es pasado literalmente por la guillotina.

Esto último pudo haber ocurrido con Brooklyn Rivera, otrora aliado sandinista a quien diputados leales a Ortega lo desaforaron, acusándolo de vender tierras ilegalmente en el Caribe Norte de Nicaragua, donde desde hace 15 días los indígenas mantienen enfrentamientos con los colonos que invaden sus territorios comunales.

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El presidente de la bancada sandinista, Edwin Castro, asegura que Rivera estuvo involucrado en más de 15 casos de ventas ilegales de tierras, equivalentes a 1, 556 kilómetros cuadrados y acusó a su otrora aliado de incitar la violencia en el Caribe, donde se registran 15 indígenas muertos en lo que va del año 2015 por los conflictos de propiedades.

“Es una pasada de cuentas”, reaccionó Rivera, quien fuera el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del parlamento.

Para legisladores opositores, este conflicto en la costa Caribe nicaragüense es un problema de derechos humanos y corrupción propiciado por el gobierno de Ortega. “Esperamos que no sea una cortina de humo para esconder los problemas de tierra”, remarcó Carlos Langrand, diputado del Partido Liberal Independiente (PLI).

Rivera era aliado de la bancada oficialista, pero rompió con esas filas en 2012, después que en las elecciones regionales denunciara fraude en favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En dos horas Brooklyn Rivera Bryan fue acusado de venta ilegal de tierras indígenas, despojado de su inmunidad y retirada su condición de diputado, una acción violatoria al artículo 154 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, la cual establece claramente la creación de una Comisión Especial ante la queja presentada contra el diputado; según el jurista nicaragüense Gabriel Álvarez.

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El jurista explica que la acción para desaforar a Rivera “fue violatorio al principio del debido proceso y también le violentaron el derecho a la defensa”, algo común en Nicaragua, donde lo que dice Ortega, su esposa Rosario Murillo y allegados, se convierten en ley aunque se vulnere el derecho legal y de las personas.

Rivera no es el único ex aliado sandinista a quien el gobierno, a través de su maquinaria institucional que controla incluso el resto de podere estatales, le “pasa la cuenta” por desobedecer a sus órdenes.

Los diputados que se iniciaron en esta legislatura en la bancada del FSLN , Agustín Jarquín Anaya y Olga Xochilt Ocampo, fueron destituidos de sus cargos por orden expresa del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el año 2013.

El CSE se arrogó funciones, según en Nicaragua, fuera de su competencia y actuó contra ley expresa y la junta directiva acató las órdenes del poder electoral. A Ocampo el gobierno le habría pasado factura al no votar a favor de la ley 840 en el año 2013, la misma que entregó la concesión a un empresario chino para construir el canal interoceánico, proyecto faraónico que aún no arranca.

Claro está, este argumento no fue señalado por el poder electoral al momento de hacer la destitución. A Jarquín, la razón fue que el CSE lo vio “traicionar” a sus electores sandinistas al pasarse de ser “independiente” (después de haberse salido de la bancada del FSLN), a la Bancada Democrática en el parlamento.

Así pues, funciona la política en Nicaragua desde que Ortega volvió a ser presidente desde el año 2007. El expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002) comparó esta situación con su propio desafuero en el año 2002 para enviarlo a los tribunales penales y condenarlo por corrupción durante su mandato.

Comentó que "cuando hay división en el Frente Sandinista se prestan a hacer todo lo que sea necesario" para someter a sus aliados o inconformes.

Citó los casos de Anaya, Ocampo y Rivera, víctimas de procesos similares e ilegales. Alemán dijo que al diputado Rivera "no le pasó encima una aplanadora sino que un tanque Sherman", en alusión al extremo poder usado por el FSLN en la sesión plenaria para desaforarlo y destituirlo haciendo omisión a las leyes.

"Esto demuestra que el que no está alineado lo alinean" o lo castigan con el peso de las instituciones, dijo.

El diputado Wilber López, jefe de la bancada del PLI, dijo que "una vez más pudimos ver en la Asamblea Nacional un acto de ilegalidad en que se han violado todos los procedimientos de la ley", comentando el desafuero del también líder de la agrupación política indígena Yatama, Rivera.

"Más que un problema de corrupción, en el tema de su aliado o rehén, porque aquí el aliado del FSLN no se sabe si lo es o si es un rehén", agregó López.

"Ha sido constante la violación a la Constitución que ellos mismos reformaron" el año pasado, sostuvo.

Denuncia en Estados Unidos

Dirigentes Miskitos nicaragüenses responsabilizan al gobierno de Ortega, al Frente Sandinista y grupos de choque de ese partido por los crímenes contra líderes indígenas a causa de la usurpación y despojo de sus recursos por traficantes de tierras que se autodenominan “colonos”, un conflicto de vieja data del que el gobierno hace caso omiso y un silencio cómplice para los indígenas; según informó desde Miami el diario La Prensa.

Elacio Holmes Benneth, líder de las comunidades Miskitas que se encuentra en Estados Unidos para denunciar al gobierno, dijo que el conflicto que involucra a traficantes de tierra se trata de intereses creados cuya finalidad es apropiarse de zonas ricas en recursos naturales y yacimientos como maderas preciosas, y oro para industrializar.

Holmes, según la información firmada por la corresponsal de La Prensa en Miami, Judith Flores, sostiene que los colonos han tomado entre 50 a 100 hectáreas de tierras cada uno.

Es un problema que se inició hace tres años y el gobierno hace caso omiso al conflicto, “los líderes indígenas demandamos al gobierno que si realmente estas personas son campesinas que los reubique, de lo contrario que entre a un diálogo con las comunidades porque la Ley 445 es clara, la tierra le pertenece a las comunidades indígenas. Estamos defendiendo lo nuestro”.

Ortega, su familia y empresarios amigos, ingresaron al negocio de la madera en el caribe de Nicaragua. Una área más en la que Alba de Nicaragua S.A.; la empresa mixta proveniente de la ayuda petrolera venezolana, domina en la economía nicaragüense.

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