Juez federal dio curso a la designación de defensores del Estado para los acusados venezolanos, con lo que garantiza derechos ante retiro de abogados privados
Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
EFE/Jane RosenbergNUEVA YORK.- A un mes de la segunda audiencia en el proceso judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en EEUU, la Corte del Distrito Sur de Nueva York dio curso al nombramiento de defensa pública para los dos exjefes del régimen de Venezuela, luego de que los abogados privados resolvieron retirar su representación al no lograr recibir sus honorarios de las arcas venezolanas.
La decisión del juez federal Alvin Hellerstein se conoció el miércoles 22 de abril al vencerse el plazo legal para garantizar el derecho a la defensa de Maduro y Flores, un aspecto que fue controvertido durante el proceso que lleva adelante la justicia de EEUU.
Con ello se da fin a la diatriba judicial entre los fiscales y el equipo defensor privado acerca de la posibilidad de pagar la defensa con dinero proveniente del tesoro venezolano, sobre el cual pesan sanciones de la OFAC.
Así, el proceso penal contra Maduro y Flores continúa su curso a la espera de que el juez fije la fecha para la tercera audiencia.
El pago de honorarios de los equipos de defensa liderados por el abogado de Maduro, Barry Pollack, y de Flores, Mark E. Donnelly, fue la causa de numerosas mociones y escritos presentados ante el tribunal de Hellerstein en el proceso iniciado en enero de este 2026.
Maduro y Flores fueron apresados bajo cargos de conspiración para el narcotráfico en perjuicio de EEUU y tráfico de armas, entre otros delitos.
Los abogados designados por la pareja venezolana alegaron que la sanción de la OFAC, que mantiene bloqueados recursos de PDVSA y de otros activos, impedía el derecho de la defensa en oposición a la Sexta Enmienda de EEUU, en una estrategia jurídica para lograr la anulación de los cargos. En tanto, Maduro se declaraba sin dinero para costear su defensa.
Los fiscales del caso se opusieron al argumento privado y validaron la actuación de la OFAC que mantuvo firme la orden de no permitir el acceso a activos para financiar la defensa privada de Maduro y Flores.
El juez decidió activar la defensa pública de oficio al vencerse el plazo, se informó.
FUENTE: Con información cnn y red x
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