Embajada de Venezuela denuncia arremetida del régimen contra DDHH

En varios tuits publicados en su cuenta de Twitter, la Embajada de Venezuela recordó que la semana pasada fueron allanadas las oficinas de la asociación civil Azul Positivo, que tiene su sede en el estado Zulia (occidente de Venezuela). El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGCIM) del régimen.

Destacó que Azul Positivo trabaja en esa zona de Venezuela desde hace 17 años, brinda atención a pacientes con VIH y fomenta la prevenvión de enfermedades de transmisión sexual.

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Recordó la Embajada que durante el pasado año 2020 varias organizaciones humanitarias en Venezuela "fueron perseguidas y amenazadas por el régimen de facto, así como privados de libertad varios defensores de derechos humanos".

Detalló que las ONG Provea, Prepara Familia, Acción Solidaria fueron algunas de las que recibieron amenazas y ataques de parte de la dictadura de Nicolás Maduro.

En el caso específico de Provea, la pasada semana el número dos del chavismo Diosdado Cabello amenazó a su director Rafael Uzcátegui con ordenar abrirle una investigación penal luego que éste publicara en su cuenta de Twitter el texto de un correo electrónico que evidencia que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del cuál Cabello es dirigente, recibe financiamiento de un ente estatal de Reino Unido.

Asimismo, la Embajada de Venezuela destacó los procedimientos administrativos realizados en varios medios de comunicación, entre ellos, VPITV, una televisora digital con sede central en EEUU que tiene una oficina en Caracas. Durante el procedimiento, fueron confiscados equipos y ordenado su cierre.

Además de VPITV, la semana pasada los medios Panorama, Tal Cual, Efecto Cocuyo, El Pitazo, Caraota Digital y Radio Fe y Alegría también fueron objeto de visitas por parte de personal del Seniat (ente recaudador de Venezuela) y Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

Otra de las amenazas a las que recurrió el régimen de Maduro al iniciar 2021 estuvo a cargo de la recién asumida diputada Iris Valera, quien afirmó en la Asamblea Nacional chavista que procederán a confiscar las propiedades de venezolanos que ya no se encuentren en su país para convertir "mansiones en clínicas populares".

Igualmente, en la Asamblea Nacional chavista, su presidente Jorge Rodríguez, informó que se conformará una "comisión especial" para investigar a los diputados de la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015.

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"En lo que va del año 2021 en #Venezuela, la dictadura de Maduro ha arremetido contra las libertades y #DDHH de los venezolanos, contra la prensa libre que resiste y ONG's que tienden una mano a miles de hermanos que sufren la crisis humanitaria compleja generada por el régimen", escribió el Embajador Carlos Vecchio en Twitter.

La Embajada consideró que "la dictadura general la 5ta. peor hambruna del mundo y ataca a quienes tratan de aliviar el sufrimiento".

"Toda esta lamentable situación solo acabará con el fin de la dictadura de Maduro en #Venezuela. La Comunidad Internacional debe actuar bajo la responsabilidad compartida de proteger, conjuntamente con el legítimo Gobierno Interino del Presidente @jguaido y la Asamblea Nacional legítima", agregó.

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