MADRID.- Los esfuerzos del Gobierno español en relación con Venezuela pasan por "impulsar una hoja de ruta para que se celebren elecciones", tanto parlamentarias como presidenciales, "con plenas garantías", para así "restablecer el orden democrático", según dice en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Marta Martín.

La Asamblea Nacional es el único órgano constitucional que aún está en manos de la oposición a Nicolás Maduro -de hecho, el régimen impulsó una Asamblea Nacional Constituyente para quitarle pode- y ese espacio de representación está en juego en las próximas elecciones, previstas para el 6 de diciembre.

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La oposición a Maduro, por boca del comisionado presidencial Julio Borges, avisó que celebrar únicamente elecciones parlamentarias -como querría el régimen- "no es la solución", una postura que obtuvo el apoyo del Grupo de Lima.

Por el momento, el Gobierno quiere, a través de la UE, reactivar el grupo internacional de contacto para buscar una solución. España insiste en que la solución sea "negociada y liderada por los propios venezolanos", según explicó el Gobierno en la respuesta parlamentaria.

Las preguntas de la diputada versaban principalmente sobre los encuentros del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Turismo, Félix Plasencia, pero en ese punto el Gobierno responde que ya dio "cumplida información" en el Pleno del Congreso, donde Ábalos fue interpelado por el PP.

Sanciones "de forma plena"

Además, el Gobierno español afirmó que seguirá "aplicando de forma plena, tal y como ha hecho hasta ahora, el conjunto de sanciones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en 2017 y renovadas sucesivamente, con actual vigencia hasta noviembre de 2021".

Eso, recalca el Ejecutivo, "es su obligación en tanto miembro de la Unión Europea y por su compromiso de contribuir hacia una solución de la actual crisis social, política, económica y humanitaria que atraviesa el país".

La diputada pedía también una relación de altos cargos o ex altos cargos venezolanos que residan en España o tengan propiedades en territorio español, pero el Gobierno responde que, sobre personas que no estén incluidas en esa lista no puede dar información "por razones de protección de privacidad".

FUENTE: Con información de Europa Press

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