Familia de exalcalde venezolano detenido por ICE en Ohio pide frenar su deportación

La detención generó alarma entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad venezolana en el exilio, ante el riesgo de que sea deportado y entregado al régimen chavista que lo persigue desde 2017 por razones políticas.

García fue detenido el pasado 23 de enero en Cincinnati, Ohio, cuando acudió a una cita rutinaria de control migratorio. Su esposa, Gabi Duarte, aseguró que se trata de un perseguido político del chavismo y advirtió que una eventual deportación a Venezuela pondría en grave riesgo su vida, su libertad y la seguridad de su familia.

“Volver a Venezuela no es seguro. No existen garantías legales ni respeto a los derechos humanos. Una deportación lo dejaría indefenso frente a quienes ya intentaron encarcelarlo”, afirmó Duarte, al solicitar una revisión humanitaria urgente del caso.

La detención del exalcalde de Mérida está generando una alerta debido a su historial de persecución por parte del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, que lo mantiene como objetivo político desde las protestas nacionales de 2017.

Un patrón de persecución política

La periodista venezolana Carla Angola explicó en sus redes sociales que el caso de García forma parte de un patrón sistemático de persecución contra alcaldes opositores durante las manifestaciones masivas de 2017, cuando el régimen utilizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo como instrumento de represión política.

Carlos García, quien fue el alcalde más joven del país, fue destituido en agosto de 2017 por el TSJ del régimen, que además emitió una orden de captura en su contra. Fue acusado de “desacato” junto a otros dirigentes municipales opositores como Ramón Muchacho, Enzo Scarano, Daniel Ceballos, Alfredo Ramos, David Smolansky y Gustavo Marcano.

Las autoridades chavistas alegaban que los alcaldes no acataban órdenes para “regular el libre tránsito” y “recoger la basura” en medio de un país paralizado por protestas nacionales. Aquellos que acudieron a comparecer ante el TSJ terminaron encarcelados. Los demás, incluido García, se vieron forzados a huir.

El régimen lo juzgó y condenó en ausencia a 15 meses de prisión, lo destituyó del cargo, le prohibió salir del país y activó una alerta de captura internacional. De haber sido detenido, habría quedado bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política del chavismo, señalada por operar centros de tortura.

Asilo en trámite y detención inesperada

García huyó inicialmente a Colombia y en febrero de 2022 ingresó a Estados Unidos junto a su esposa, sus dos hijos menores y sus padres. Desde entonces reside en Cincinnati, donde cumplió de forma estricta con todas las exigencias migratorias.

Durante los primeros años, sus controles ante inmigración se realizaron por videollamada. A partir de 2024 comenzaron a ser presenciales. Al acudir a una cita habitual, fue esposado y trasladado a una sede del ICE, y posteriormente derivado a una cárcel en otro condado.

Según su familia, García trabajó en Estados Unidos como repartidor, fue el principal sostén económico del hogar y cuidó a su madre, paciente oncológica. Además, continuó realizando labores sociales en favor de su estado natal, Mérida, incluso desde el exilio.

Amenazas y antecedentes graves

Desde Venezuela, figuras del régimen como el gobernador de Mérida, el alcalde oficialista y el programa televisivo de Diosdado Cabello lanzaron amenazas públicas contra García durante años, recordó Angola.

La familia teme que una eventual deportación reactive la condena política impuesta en 2017 y lo convierta en una nueva víctima del aparato represivo del chavismo, señalado por organismos internacionales por la tortura sistemática de opositores.

El caso evoca el precedente del concejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del SEBIN en 2018 tras regresar a Venezuela desde Nueva York. Aunque el régimen aseguró que se trató de un suicidio, investigaciones internacionales concluyeron que fue víctima de tortura.

Un historial que respalda su solicitud

Carlos García fue militante del partido Primero Justicia y en 2011 participó en el Programa de Líderes Visitantes Internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Varios exalcaldes venezolanos perseguidos bajo el mismo esquema ya recibieron asilo en territorio estadounidense, lo que refuerza la preocupación de su entorno ante la falta de una resolución favorable en su caso.

“Si lo deportan, no será un proceso administrativo más. Será entregarlo a un régimen que ya decidió castigarlo”, advirtió su esposa.

Mientras permanece detenido, su familia insiste en que el caso de Carlos García no es migratorio, sino político, y pide que Estados Unidos no siente un precedente que exponga a otros opositores venezolanos al mismo destino.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales